Laura Pérez defendió una prórroga que hubiera evitado su expulsión de las listas de contratación temporal de profesores
El 20 de junio de 2017, a través de la resolución 1772, Laura Pérez quedó definitivamente excluida de las listas de aspirantes a contratación temporal de profesores con las que Educación cubre los puestos interinos. Cuatro días antes, la propia parlamentaria de Podemos defendía en la comisión de Educación una prórroga de dos años para que los integrantes de dichas listas que aún no hubieran acreditado estar en posesión de la Formación Pedagógica y Didáctica requerida por la normativa tuvieran tiempo de cursar los correspondientes estudios. La moción resultó aprobada, pero fue desoída por el Gobierno. De haberse hecho realidad, Pérez hubiera tenido dos años para obtener la titulación requerida, y a cuyo estudio había declarado dedicarse en aquel momento.
La acusación de haber llevado a cabo actuaciones “susceptibles de infringir gravemente el código ético” por las que Laura Pérez ha sido suspendida cautelarmente de militancia en Podemos se concretan, básicamente, en la defensa que Pérez hizo de la citada moción. El código ético de Podemos compromete a sus cargos electos a “inhibirse en la toma de decisiones y de abstenerse de optar a cargos electos con el objetivo de representar intereses personales, económicos o políticos ajenos a los que correspondan en cada caso al cargo electo en cuestión”. Según la interpretación oficial de los reglamentos internos de Podemos, si la moción para pedir una prórroga de dos años beneficiaba personalmente a Pérez, ésta debería haberse apartado del debate. Sin embargo, sin ser siquiera la portavoz de Podemos en la comisión de Educación, pidió defender personalmente la moción y requirió el voto a favor de todos los grupos hacia la iniciativa.
La moción fue presentada originalmente por UPN y pedía una prórroga de un año. Pérez tramitó una enmienda de sustitución, aceptada, que elevó el plazo a dos años. La iniciativa se aprobó con los votos favorables de todos los grupos, excepto de Geroa Bai, que se abstuvo, y de Izquierda Unida, que votó en contra.
Para la dirección de Podemos, este comportamiento de Pérez se puede interpretar como que actuó desde su cargo electo en beneficio propio. La Comisión de Garantías Democráticas, órgano que ha resuelto la suspensión cautelar de Pérez, deberá establecer ahora si la defensa por parte de la parlamentaria de esta moción infringe o no el código ético de la formación morada. Además, deberá resolver si constituyen faltas graves o irregularidades el resto de las acusaciones que recoge el informe de la dirección, como su ausencia sin justificar en varias comisiones y plenos o la “falta de respeto” presuntamente mostrada por Pérez hacia compañeros del grupo parlamentario.
El acta y la división del grupo
El código ético de Podemos señala que “los cargos electos de Podemos que se encuentren inmersos en un proceso de revocación interna… deberán aceptar la voluntad de las personas inscritas en la organización, incluida la renuncia al acta en el caso de los cargos públicos”. La dirección de la formación morada ha sido muy taxativa en sus exigencias al respecto: “Pérez debería asumir las responsabilidades y consecuencias de sus actuaciones y entregar el acta de parlamentaria para dejar paso a otras personas”, en el caso de que la suspensión de militancia pase de cautelar a definitiva.
En el grupo parlamentario de Podemos, no obstante, no lo tienen tan claro. La división en dos de la formación morada que se reveló el pasado año en mayo, cuando Eduardo Santos ganó las primarias a Laura Pérez por 28 votos, se proyecta en una proporción diferente entre los 7 integrantes del grupo parlamentario de Podemos: la mayoría de los parlamentarios (4, la propia Pérez, Carlos Couso, Fanny Carrillo y Rubén Velasco) son partidarios de Pérez, mientras que Santos cuenta con el respaldo de dos parlamentarios (la propia presidenta del Legislativo, Ainhoa Aznárez, y el portavoz Mikel Buill). En terreno de nadie queda la parlamentaria Tere Sáez, que se ha mostrado muy crítica con “las formas” en que la dirección del partido ha arremetido contra Pérez, pero que también es partidaria de dejar que la comisión de garantías se pronuncie sobre las presuntas irregularidades por las que se ha abierto expediente a la ex líder de Podemos.
Una fractura del grupo parlamentario de la formación morada podría poner en peligro la mayoría con la que cuenta el cuatripartito actualmente en el Legislativo. Gracias al reglamento que rige la configuración de los grupos parlamentarios en la Cámara, Pérez podría plantar cara a la actual dirección de Podemos y, en lugar de renunciar a su acta de parlamentaria, promover la salida del grupo parlamentario de Podemos de los integrantes afines a la dirección del partido. Necesitaría para ello contar con el apoyo de 4 de sus compañeros de bancada. Los dos parlamentarios de Podemos afines a la dirección pasarían a figurar como parlamentarios no adscritos, con la circunstancia añadida de que la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, perdería automáticamente esa condición y la Cámara tendría que volver a elegir a quien presida su órgano rector. Voces del propio grupo parlamentario y del partido, consideran, sin embargo, que el enfrentamiento entre la dirección y la ex líder de Podemos no llegará tan lejos. El compromiso con el Gobierno del cuatripartito, señalan, está por encima de las rencillas personales.
