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Navarra es la segunda comunidad en tasa de cobertura de Renta Garantizada, con un 66,1% frente a la media española del 8%

El 44% de las unidades familiares que reciben la Renta Garantizada son unipersonales

Solo el País Vasco presenta mejores datos que la Comunidad foral en atención a la pobreza

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Almacén de un banco de alimentos. EFE

En 2018 han sido beneficiarias de Renta Garantizada o Renta de Inclusión Social un total de 36.303 personas en Navarra, lo que supone un 2,22% más que en 2017. De ellas, el 52,87% fueron mujeres y el 47,13% hombres. Frente a una tasa media de cobertura en España del 8%, Navarra es, tras el País Vasco, la segunda comunidad en el ranking, y alcanzó en 2017 la cifra del 66,1%.

En 2018 el Gobierno destinó un total de 103.520.674 euros a la Renta Garantizada, que suponen un incremento del 5,5% respecto a 2017, pero un descenso de 12,8 puntos respecto a la variación interanual de 2017. La media mensual de la prestación en el momento de la concesión ha sido de 686,14 € al mes por unidad familiar, lo que supone un incremento medio del 3,3% respecto a 2017.

Las 36.303 personas beneficiarias de la Renta Garantizada en la Comunidad foral se agrupan en un total de 16.053 familias, de las cuales, el 21,77% cuentan con un solo progenitor, en su gran mayoría encabezadas por mujeres (3.262 familias).  El 79% de las unidades familiares perceptoras tienen entre 1 y 3 miembros, y resulta relevante que el 44% de todas las unidades familiares que reciben la Renta Garantizada es de carácter unipersonal.

Según el informe periódico y anual sobre Renta Garantizada (RG) en Navarra, que realiza el Departamento de Derechos Sociales, 2018 concluyó con un total de 12.562 unidades familiares con derecho a percibir esta prestación. Los datos revelan una estabilidad en el número de perceptores, pues respecto al pasado mes de diciembre de 2017 hay 22 unidades familiares más. Tras alcanzarse el máximo en marzo de 2018 con 12.780 unidades familiares, en los últimos nueve meses se ha producido una disminución progresiva de los que reciben mensualmente Renta Garantizada: un 1,7% entre marzo y diciembre. Un dato que parece consolidarse en el inicio de 2019, donde las nuevas solicitudes han bajado un 4,2% en enero y febrero, respecto a los mismos meses del año anterior.

Los datos han sido presentados hoy por el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra; el director general del Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales, Patxi Tuñón, y la directora general de Inclusión y Protección Social, Gema Mañú.

Mayoría de nacionalidad española

Las personas solicitantes con nacionalidad española siguen siendo mayoritarias (el 65,4% del total de solicitantes), si bien se aprecia un ligero descenso respecto al año anterior (casi 2 puntos menos), pero por encima de los porcentajes de los años anteriores a 2015. Se aprecia, asimismo, un mayor porcentaje de mujeres que solicitan la prestación en nombre de la unidad familiar (el 54,9%), el porcentaje más alto desde el año 2008.

En Pamplona se concentra la mayor parte de las unidades familiares cubiertas (el 40,9%). Le siguen la Comarca de Pamplona con el 22,1%, el área de Tudela con el 15,8%, Estella-Lizarra (9,8%), Tafalla (6,1%), la zona noroeste con el 3,8% y la noreste con el 1,6%. Los datos porcentuales son prácticamente idénticos a 2017.

Un total de 6.997 personas en edad laboral que han percibido la prestación han sido contratadas a lo largo de 2018, con un total de 21.064 contratos (es decir, una media de 3,01 contratos por persona). Si se compara con el año 2016, el crecimiento en el número de personas contratadas ha sido del 24,5%. El número de unidades familiares que ha contado con algún ingreso por trabajo ha sido, en 2018, 4.114, lo que supone un crecimiento del 90% respecto a 2016.

Cabe remarcar el incremento del control ordinario sobre las prestaciones entre 2015 y 2018, que ha alcanzado el 72% de los expedientes, frente al 21,37% de 2015. Se aprecia que hay un 4,41% del total de expedientes en los que se ha dado algún tipo de incumplimiento de la normativa, lo que supone un crecimiento de 1,28 puntos porcentuales en 2018, fruto, precisamente, del incremento de los mecanismos de control y seguimiento, apuntan desde el Gobierno de Navarra.

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