Chabolistas, detenciones y ayudas sociales
Son en total 11 personas, once beneficiarios de los 35.000 que se encuentran en la actualidad en el programa de renta garantizada de Navarra. Pero son también 11 presuntos delincuentes, detenidos y enviados a prisión por robos a gran escala, o acusados por supuesta explotación sexual de menores. Además del país de origen, Rumanía, a varios de ellos les une el hecho de haber residido en el asentamiento chabolista del barrio de Santa María la Real, en la trasera del Club de Tenis de Pamplona. Tienen en común, también, que cobraban la renta garantizada. Con estos ingredientes en la coctelera, inmigración, delincuencia, chabolismo y ayudas sociales, la polémica está servida: UPN ha pedido dimisiones en el Ayuntamiento de Pamplona por el “fraude” que entiende que supuso la actuación municipal frente al asentamiento chabolista, y ha reclamado también explicaciones al vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, porque consideran que los sistemas de control de la renta garantizada no funcionaron.
Hace una semana, una operación conjunta entre Policía Foral y Policía Nacional hizo caer en Pamplona una banda organizada que se dedicaba a robar a gran escala maquinaria de diferentes empresas, para venderla después como chatarra. Se les acusaba de 27 asaltos y el importe de las piezas robadas (perfiles galvanizados, motores, bobinas de cobre, máquinas…) superaba los 600.000 euros. Se produjeron 14 detenciones, cinco de los detenidos ingresaron de forma inmediata en prisión, y los cuerpos policiales continuaron investigando a otras 12 personas. Todas ellas, menos una, eran de origen rumano.
Tres días después, en otra operación policial llevada a cabo en este caso por Policía Nacional y Guardia Civil, se detuvo a otras 11 personas (siete en Pamplona y 4 en Segovia) por formar parte, presuntamente, de una organización dedicada a concertar matrimonios forzados y explotar sexualmente a mujeres, incluidas varias menores de edad. La operación supuso que la policía liberase a tres víctimas, de 13, 16 y 17 años. Todos ellos, detenidos y víctimas, eran de nacionalidad rumana.
Además de los detalles sobre el origen de las investigaciones policiales, la información sobre las detenciones arrojó luz sobre una circunstancia que ha adquirido un notable relieve político en Pamplona: varios de los arrestados en ambas operaciones estaban relacionados entre sí y habían residido en el asentamiento chabolista del Tenis. También se habían “alojado” allí algunas de las jóvenes liberadas por la policía.
Campamento chabolista
El campamento chabolista en la trasera del Tenis se instaló en 2012 y en él han residido familias rumanas de forma intermitente, hasta que en 2015 el asentamiento se volvió el lugar de residencia habitual de varias de esas personas. Hace un año, las quejas de los vecinos del barrio de Santa María la Real hicieron que el Ayuntamiento tuviera que ponerse manos a la obra para levantar el asentamiento. También el Club de Tenis, propietario al 90% de la parcela, inició acciones legales para impedir la continuidad de las chabolas en el terreno. Los vecinos se quejaron de robos, suciedad, condiciones de insalubridad y empeoramiento de la seguridad del barrio. El Tenis denunció la acumulación de chatarra, las hogueras y la quema de productos tóxicos que se llevaban a cabo en el campamento.
El Ayuntamiento no respondió con la presteza que esperaban los vecinos y, en lugar de por el desalojo inmediato que reclamaban estos, optó por un proceso de “acercamiento” a los chabolistas para lograr una salida paulatina del campamento realojándolos en viviendas sociales. “Son personas de una etnia incomprendida por nuestra sociedad del bienestar. Tenemos que aprender a trabajar en y por la inclusión, no mirar para otro lado”, argumentaba la concejal Edurne Eguino. El edil de Podemos Armando Cuenca ordenó la instalación de una letrina portátil en el campamento mientras no se produjera el desalojo.
Ahora, los vecinos exigen disculpas públicas al Ayuntamiento. “Se nos tachó de xenófobos, se nos dijo que no éramos subjetivos. Pero nosotros nos quejábamos de unas personas concretas, con independencia de su país de origen, y de que allí se estaban llevando a cabo actividades ilegales. Y los hechos nos han dado la razón”, señalan desde la asociación vecinal que dirigió las protestas contra el asentamiento chabolista.
UPN ha exigido, directamente, la dimisión de la concejal Eguino como edil de Acción Social del Ayuntamiento. Critica su “nefasta gestión y su incapacidad para controlar el fraude continuado que los habitantes del asentamiento chabolista de Santa María la Real han cometido compatibilizando, al parecer, ayudas sociales y diversos delitos”.
A las ayudas municipales de las que disfrutaban los residentes del campamento chabolista se suman además las ayudas de Servicios Sociales del Gobierno de Navarra que recibían los detenidos por robos de maquinaria.
El auto de la juez que enviaba a prisión a 5 de ellos señalaba que “los únicos vínculos que han mostrado tener con este país son la recepción de ayudas”. El Gobierno foral reconoció que, de los 14 arrestados, 11 cobraban la renta garantizada y otros tres vivían en pisos de alquiler social. Al día siguiente de sus detenciones, se suspendieron todas las ayudas. El Gobierno aseguró que el Departamento de Derechos Sociales había colaborado en las investigaciones policiales y que las ayudas no se habían interrumpido antes para no perjudicar el resultado de dichas investigaciones. “En ningún caso se debe poner en cuestión la honorabilidad de la inmensa mayoría de personas y familias que, por haber perdido su empleo y carecer de ingresos, requieren del apoyo público para garantizar una vida digna a sus familias”, advirtió el Gobierno.
