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Más permisos y medidas de conciliación laboral y familiar para los funcionarios forales

Solana dice que no hay fecha fijada para responder al Ministerio sobre el TAV y quieren "margen" para analizarlo

N. Elia

El retorno del Gobierno a su actividad habitual tras el paréntesis de las vacaciones ha traído una buena noticia para los funcionarios forales: a partir de mediados de septiembre, podrán disfrutar de más y mejores medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. El Ejecutivo ha aprobado en sendos decretos forales las medidas que acordó la consejera de Función Pública, María José Beaumont, con los sindicatos LAB, ELA, CCOO, AFAPNA y UGT en la Mesa General de negociación de la Función Pública. Así, los trabajadores públicos podrán ampliar las opciones para reducir su jornada por cuidado de los hijos, y disfrutarán también de una serie de nuevos permisos con y sin retribución.

En concreto, los funcionarios públicos que así lo soliciten podrán reducir su jornada laboral para el cuidado de los hijos entre las siguientes opciones: un octavo, un cuarto, dos quintos y dos tercios de su jornada, además de las reducciones de un sexto, un tercio o la mitad de la jornada, únicas posibilidades de reducción que tienen vigentes los funcionarios hasta el momento.

El paquete de medidas aprobado incluye la creación de nuevas licencias y permisos retribuidos por embarazo a partir de la semana 37 de gestación. También por el nacimiento de hijos prematuros que deban permanecer hospitalizados o para el cuidado del cónyuge, pareja estable o familiares de primer grado en casos de enfermedad muy grave.

Además, el Gobierno ha aprobado nuevos permisos retribuidos para facilitar la reincorporación a su puesto de trabajo después de haber recibido tratamientos por radioterapia o quimioterapia; para acompañar al cónyuge, pareja estable o familiar en primer grado a la realización de pruebas diagnósticas o quirúrgicas que requieran de dicho acompañamiento; y para donar sangre o componentes sanguíneos.

Policía Foral y terrorismo

Tras varias semanas sin comparecer ante los medios, la portavoz del Gobierno, María Solana, ha tenido que poner al día la postura del Ejecutivo en varios asuntos de actualidad. El primero, a iniciativa propia, ha sido anunciar la presencia de la presidenta Barkos en la manifestación que tendrá lugar en Barcelona para condenar el último atentado terrorista. Pero a raíz de esta cuestión, Solana ha sido preguntada sobre el nivel de respuesta que la Policía Foral está preparada para ofrecer en el caso de que un atentado como el de Barcelona se produjera en Navarra. “Policía Foral ha estado, y está a día de hoy, en sintonía, en absoluta coordinación y en relación directa con el resto de policías y fuerzas de seguridad”, ha señalado con rotundidad la portavoz del Ejecutivo. En su opinión, además, “podría resultar interesante poder participar, cosa que ahora no se hace, en la mesa de análisis que mide la amenaza terrorista”. De esta forma, ha añadido, Policía Foral “tendría información de primera mano y estaría mejor ubicada en cuanto a poder tener un tiempo de reacción y funcionamiento más óptimo”.

Fiscalidad y TAV

Al margen de la cuestión terrorista, Solana ha tenido que pronunciarse sobre si el Ejecutivo prepara una nueva reforma fiscal para el próximo curso político. “Más que trabajando en una nueva reforma fiscal, el Gobierno lo que está haciendo es una valoración de cómo ha funcionado la última”, ha respondido la portavoz. Sin negar de forma rotunda que el departamento de Hacienda esté preparando un nuevo paquete de medidas que modifique de nuevo el IRPF o el Impuesto de Sociedades, Solana sí ha admitido que el Gobierno “va a escuchar todas las propuestas que se han puesto sobre la mesa a lo largo de estos meses” por parte de los socios del cuatripartito.

También ha tenido que responder la portavoz a preguntas sobre un tema que incomoda al Gobierno, por las diferencias que provoca entre sus socios parlamentarios: la negociación con el Estado para la construcción del corredor ferroviario de alta velocidad. Lo que ha dejado claro Solana es que “no hay fecha fijada” para dar una respuesta a la propuesta del Estado. Lo que no ha querido aclarar tanto ha sido si el Gobierno está dispuesto a abrir un “debate participativo” sobre el modelo de tren, como exigen el resto de sus socios del cuatripartito. “Queremos poder tener la opción de compartir la información con la opinión pública, por un lado, y con las fuerzas políticas, por otro. El debate ya está abierto, pero hay que trabajarlo”, ha señalado.

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