La democracia representativa basada en la idea de votar cada cuatro años cuando somos convocados a las urnas se percibe insuficiente para hacer frente a los problemas más importantes de nuestra sociedad. Por eso, cada vez con más fuerza, se plantea la necesidad de un rol más activo de la ciudadanía en las decisiones públicas, complementando así la democracia representativa con la participativa y mejorando la calidad democrática de nuestras instituciones.
Pero junto a las actuales reivindicaciones sociales y necesidades institucionales, no hay que olvidar que la participación pública constituye un derecho constitucional, una exigencia y un objetivo derivado de nuestra normativa, que todos los niveles de nuestra Administración deben desarrollar y aplicar, cambiando el talante y la actitud para poner en el centro de las políticas públicas y del procedimiento administrativo a la ciudadanía.
La participación ciudadana aporta valor institucional y social. Para las Administraciones, integrar la participación de la sociedad en la construcción y gestión de políticas públicas supone practicar una nueva gobernanza de calidad frente al concepto tradicional de gobierno, así como promover otras formas de relación social mediante un gobierno abierto y deliberativo. Implica, también, una disposición abierta para promover procesos de gestión más horizontales; trabajar en equipo interna y externamente e incorporar a la ciudadanía y a los actores sociales en el proceso de adopción de las decisiones públicas; aspirar a alcanzar consensos, gestionar los disensos y los conflictos y utilizar la mediación como fórmula de gestión de los mismos.
Pero, además, la participación legitima las decisiones públicas, las enriquece y mejora su eficacia, aunque puede generar costes económicos y de tiempo adicionales durante el inicio del proceso, pero éstos se recuperan en la medida en que la participación sirve para reducir resistencias y conseguir colaboraciones en la aplicación posterior de las decisiones públicas. También favorece la innovación frente a la complejidad e incertidumbre de los problemas actuales y constituye una ayuda importante para el cambio organizacional de nuestras administraciones.
Hoy día, sin participación, difícilmente se puede gobernar. Las Administraciones no pueden desarrollar sus políticas públicas y tienen más problemas para acertar en sus decisiones complejas si no incorporan a otros actores institucionales y sociales implicados en las mismas.
Así pues, avanzar en la implicación de la ciudadanía en las decisiones administrativas y gubernamentales no es un capricho ni una moda. Se trata de una necesidad, de una exigencia a la que las administraciones deben dar respuesta no sólo para satisfacer voluntades participativas, sino para poder responder mejor a las necesidades sociales.
Para las empresas, las organizaciones sociales y la ciudadanía más activa, la participación constituye igualmente una oportunidad para implicarse y colaborar en la defensa y desarrollo del bien común, así como para tener información; contrastar sus puntos de vista sobre los temas más problemáticos con otros actores institucionales y sociales y elevar sus propuestas a la Administración.
No partimos de cero en esta materia, aunque, por lo general, nuestras Administraciones han practicado más la participación orgánica que la ciudadana a través de los conocidos órganos colegiados, de carácter representativo, con funciones consultivas, conocidos bajo diferentes denominaciones (Consejos Consultivos; Comisiones Asesoras etc.) que se fueron creando en la década de los años ochenta del siglo pasado. En estos órganos participan organizaciones y/o personas representativas de diversos intereses sociales y económicos y la valoración que se tiene de los mismos es muy baja.
En cambio, la participación ciudadana está menos desarrollada, a pesar de que, en estos últimos años, las administraciones han realizado experiencias interesantes y satisfactorias, vinculadas al desarrollo de diferentes Planes y Programas sensibles para la sociedad relacionados con el medio ambiente, el urbanismo, la ordenación territorial; los servicios sociales, etc.
El hecho de que nuestras instituciones cuenten con cierta experiencia de participación no quiere decir que ésta se haya integrado en el corazón de las políticas públicas, en su desarrollo normativo y en sus servicios.
En la actualidad nuestras Administraciones necesitan dar un salto cualitativo integrando la participación ciudadana en la gestión de las políticas y de los servicios públicos, superando la retórica participativa y mostrando los resultados concretos de su práctica, que no puede limitarse a la mera información, ni tan siquiera a la consulta o a la realización de los procesos deliberativos. De este modo la participación se convertirá en un pilar clave para promover la transformación de nuestras administraciones.
Con el fin de obtener resultados útiles, para todos, es necesario que la participación se organice cuando todavía no se hayan adoptado las decisiones y se garantice su gestión independiente y transparente. Las reglas de juego y los compromisos entre las partes interesadas deben diseñarse y acordarse previamente. También se precisa que los procesos sean inclusivos, garantizando la presencia de todos los discursos e intereses; que contemplen enfoques metodológicos basados en la deliberación, el diálogo y la voluntad de alcanzar consensos, y que se gestionen asegurando el retorno de los compromisos asumidos por la Administración respecto a las propuestas ciudadanas surgidas en los mismos.
Dar importancia a la participación no quiere decir que no existan dificultades para su aplicación real y efectiva. No se debe improvisar ni utilizar porque se trata de algo delicado donde los fracasos se pagan muy caros, en forma de desengaño y frustración que es preciso evitar. No podemos jugar con la falsa democracia porque nuestra convivencia depende de ella.
*Este es el tercero de una serie de cuatro artículos del autor. El primero fue La innovación pública: una condición necesaria para abordar los cambios pendientes y el segundo Políticas públicas y ciudadanía.
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