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“La izquierda abertzale tiene tarea pendiente en la mirada crítica hacia la violencia de ETA”

Álvaro Baraibar Etxeberria, director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos de Navarra.

N. Elia

Álvaro Baraibar Etxeberria (Pamplona, 1970) es el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno foral. Historiador e investigador en la Universidad de Navarra, emplea como director general un discurso repleto de conceptos abstractos con el que, conscientemente, procura no herir ninguna sensibilidad política en un asunto tan delicado como el de las víctimas de la violencia. La suya es una dirección general de nueva creación.

¿Cómo influye su trabajo en la vida diaria de los navarros? ¿Qué aporta esta dirección en la realidad de Navarra?

Pues aporta de dos maneras. La primera en todo lo que tiene que ver con la importancia que la memoria de lo que ha ocurrido en esta tierra con el recurso a la violencia como instrumento o herramienta política. Contribuimos a aprender que es importante tener muy presente lo que ha ocurrido en esos momentos para que no vuelva a ocurrir, establecer esas garantías de no repetición. Eso por un lado, y por otro todo lo que tiene que ver con mejorar la convivencia entre diferentes. La sociedad supone conflicto, pero hay que resolverlo de forma pacífica.

¿Milita en alguna de las cuatro formaciones políticas que lo firmaron?

Sí, soy militante de Geroa Bai, pero mi trabajo en el Gobierno no es un trabajo de partido ni de militancia, sino que es un trabajo de Gobierno y con una voz diferenciada.

¿Qué instrucciones políticas recibió al estrenar el cargo?

No recibí ninguna, para nada, al revés. Se trata de diferenciar la voz del Gobierno del discurso que cada partido político que apoya el Gobierno pueda tener.

En la CAV existe desde hace años una entidad homóloga a esta y su Gobierno la crea ahora en Navarra. ¿Qué déficit tenía la Comunidad foral que viene a cubrir ahora su Dirección General?

Varios aspectos. En primer lugar, es importante fijar una política pública que tiene que ver con el tratamiento de las víctimas.

¿No existía dicha política pública?

Es sorprendente, pero como tal política pública no. La cuestión de las víctimas, cuando uno se acerca a ellas, se encuentra sorpresas en el sentido de que ha habido víctimas que han recibido muchísima atención y otras que no han tenido ninguna. Por eso es importante avanzar en programas individualizados de atención a las víctimas. Por ejemplo, en el programa de atención y escucha a las víctimas de ETA que estamos desarrollando estamos conociendo cuál es la realidad que viven esas familias por la tragedia que vivieron. Otro aspecto muy necesario es todo lo que tiene que ver con la Memoria Histórica y que no estaba siendo un elemento prioritario de gobiernos anteriores. Pero era importante porque el cumplimiento de la ley de Memoria Histórica no se estaba produciendo y ahora sí, por ejemplo, con la regularización de las exhumaciones, también para dar respuesta, precisamente, a víctimas que llevaban 80 años a tener una respuesta. La Dirección General era necesaria para articular conjunta y organizadamente todas estas cuestiones.

Las posiciones de los cuatro partidos que sustentan el Gobierno no siempre son idénticas en materia de violencia. ¿Cómo interfiere esta circunstancia en su trabajo?

El trabajo con personas que piensan diferente es más complicado, pero al mismo tiempo es más rico. Nos obliga a ser más creativos y audaces, en algunos casos. No lo veo desde la dificultad, sino desde el reto de poder en común a cuatro formaciones políticas distintas, cada una con su propio discurso.

Bildu, Podemos e Izquierda Unida no han querido condenar los insultos que ha sufrido el rector de la UPNA la semana pasada. ¿Cuál es su valoración?

No sé exactamente qué es lo que llevó a estas tres formaciones a no aceptar ese texto, no sería probablemente la cuestión de los insultos al rector, que es un elemento que yo creo que ninguno deberíamos tolerar. Nosotros estamos trabajando en promover una cultura de paz y respeto, los conflictos son propios de la sociedad pero siempre deben resolverse desde las vías pacíficas.

El Gobierno central ha recurrido la ley foral de reconocimiento de víctimas de la violencia policial. ¿Qué va a hacer desde su Dirección General para avanzar en este terreno?

Hubiéramos deseado una actitud distinta por parte del Estado, porque la ley venía a avanzar en el reconocimiento y la reparación de víctimas, víctimas de una vulneración de derechos humanos por parte de un cuerpo policial o de cuerpos de extrema derecha.

Pero no lo ha sido.

Evidentemente, y eso nos genera bastante dificultad en el reconocimiento oficial de estas víctimas. Ahí tenemos el caso de Mikel Zabalza, que es un caso paradigmático, o Berrueta y otras personas. Lo que hemos hecho es poner en marcha un programa de atención individualizada a estas personas, que nos piden una reunión y nos quieren trasladar sus vivencias. Además, nos trasladan los datos y la información que tienen sobre lo que les sucedió. No nos corresponde a nosotros el reconocimiento de su condición de víctimas, puesto que la ley preveía la creación de una comisión que analizase la documentación para terminar dictaminando la condición de víctimas o no, pero no vamos a quedarnos sin hacer nada, tenemos que escuchar a estas personas que han sido víctimas, no de una violencia de carácter terrorista, como las víctimas de ETA, pero sí que son víctimas y tenemos que avanzar en el reconocimiento de esa condición para ellos.

¿Considera a Arnaldo Otegi como un hombre de paz?

Es un tema que ha sido muy polémico y que lleva a interpretaciones muy diferentes. La posición que yo defiendo con respecto a la cuestión de la violencia tiene que ver más con un posicionamiento ético de rechazo y deslegitimación de la violencia. En este sentido, creo que se ha dado un paso muy importante, y también es importante valorar todo lo que, desde la izquierda abertzale, se ha hecho en los últimos años también en el avance hacia la deslegitimación de la violencia y la búsqueda de soluciones de carácter pacífico. Pero creo que todavía ahí hay tarea pendiente por hacer.

¿Cuál es esa tarea pendiente?

Yo no soy quién para decirle a una fuerza política qué pasos tiene que dar. Pero sí que hay pasos importantes a dar en lo que es una mirada crítica hacia el pasado reciente de violencia de ETA.

Familiares de víctimas de ETA han reprochado públicamente al Gobierno la creación de esta Dirección General de atención a las víctimas cuando está gobernando con el apoyo de Bildu. ¿Qué responde a estos reproches?

Hay personas que nos han trasladado esas dudas que tienen, hasta qué punto queremos trabajar en el ámbito de las víctimas cuando estáis apoyados por Bildu. Les hemos trasladado que nuestro mensaje es sincero, que queremos escuchar su situación, sus demandas y sus necesidades para articular respuesta a dichas carencias. El programa está siendo muy positivo, porque de las dudas iniciales hemos pasado a un mensaje agradecido por nuestra escucha. Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo nos dijeron que están en una posición política diferente a la nuestra, pero que siempre que podamos trabajar a favor de las víctimas del terrorismo vamos a encontrar su colaboración.

Recientemente hemos asistido a detenciones policiales de personas que condenaban la tortura. ¿Cree que se tortura en España?

Datos para decir que en España se tortura hoy, no los tengo. Pero para poder afirmar que la tortura se ha practicado en España incluso en los años de la democracia, evidentemente, sí. Hay muchos datos. Este elemento lo abordaremos en su momento, nos propusimos un calendario que comienza con el trabajo de las víctimas mortales primero y posteriormente ir avanzando en cuanto a la tortura que refiere. Hay evidencias más que sobradas para afirmar que en España se ha practicado la tortura. No podemos mirar para otro lado, tenemos que trabajar en ello.

¿Qué líneas de actuación tiene previstas al respecto?

Todavía no tenemos desarrollado el programa, pero la idea es avanzar con médicos forenses para ver qué información está disponible para documentar los casos de tortura y avanzar en ese reconocimiento.

¿Qué opina de la trayectoria que ha seguido Jonan Fernández en el País Vasco?

Jonan es un todo un referente en la cuestión de los derechos humanos, la convivencia y la paz. Desde el trabajo que ha hecho en Elkarri, en Baketik y en la Secretaría General de Paz y Convivencia. Es un referente, sin duda, por supuesto.

¿Tienen previsto colaborar con él, compartir líneas estratégicas o elaborar planes conjuntos?

La realidad social y política de Navarra y la CAV son diferentes, pero aún así hay muchos puntos en los que podremos tener una colaboración fluida, porque en todo lo que tiene que ver con la paz y la convivencia sería extraño que no coincidiéramos. Entiendo que tenemos que tener puntos de colaboración, de encuentro y trabajo en común en estos temas.

¿Qué contactos han mantenido?

Hasta el momento hemos tenido conversaciones para ver un poco cómo trabajan allí y cómo nos estábamos organizando aquí. Pero no hemos tenido un encuentro oficial sobre la forma en que podamos colaborar.

¿Son todas las víctimas iguales?

Ninguna violencia está legitimada. No hay buenos violentos o malas víctimas. La parábola del buen violento traslada la idea de que, dependiendo del signo político del agresor, la violencia está o no justificada. Ese es un error tremendo. Desde una posición ética ninguna violencia está legitimada. No importa el signo político de quien ejerce la violencia, la violencia siempre es negativa. Todas las víctimas son iguales en cuanto que son víctimas, han sufrido una vulneración de derechos humanos absolutamente injusta. Pero, al mismo tiempo, todas las víctimas son diferentes en cuanto a la necesidad que cada una de estas víctimas tiene para la superación del dolor y la injusticia que se ha cometido con ellas. Hay un segundo elemento que las diferencia, que es el contexto victimológico. No hay equidistancia entre las víctimas ni dilución de responsabilidades por atender a unas víctimas y también a otras, no hay ningún tipo de interés por parte de esta Dirección General en cuanto a diluir la realidad de unas víctimas y otras. El contexto victimológico de las víctimas de la violencia de ETA requiere un método de trabajo y de abordaje concreto. Las víctimas de abusos policiales, que no son víctimas del terrorismo, tienen un tratamiento diferente, incluso a nivel normativo.

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