La avalancha de pacientes que llega de la privada se adelanta a mayo
Los médicos de familia y pediatras del Servicio Navarro de Salud tendrán que valorar, en menos de un mes, cómo continuarán con la asistencia sanitaria de las 7.128 personas que pasarán a estar atendidos en la red pública y que, hasta el pasado diciembre, eran atendidos en la entidad privada, propiedad del Opus, Clínica Universidad de Navarra (CUN).
Concretamente, los médicos de la red pública tendrán que decidir cuál es la atención más adecuada para los pacientes crónicos que procedan de la CUN, es decir, si se integran en la atención especializada de la sanidad pública de forma inmediata, o continúan su tratamiento en la clínica privada como hasta el momento.
El convenio que mantenía el anterior Gobierno de UPN con la Universidad de Navarra para que la asistencia sanitaria de su personal se desarrollara en la CUN concluyó el pasado 31 de diciembre. El Gobierno de Barkos no renovará dicho convenio, que suponía un desembolso anual de 5,1 millones de dinero público, porque calcula que el traspaso del personal de la CUN a la red pública supondrá un ahorro de 2 millones al año.
El Departamento de Salud ha adelantado al 1 de mayo el traspaso del personal de la CUN a la red pública. El proceso consistirá en informar a estas 7.128 personas del médico de Atención Primaria que se les ha asignado en función de su lugar de residencia. A continuación, los médicos y pediatras que asumirán la atención sanitaria de dichas personas tendrán que valorar qué pacientes recibían tratamiento continuado en la CUN y cómo continuará ese servicio a partir de ahora.
Y, aunque el Gobierno ha dejado en manos de los sanitarios esta decisión, también ha marcado algunas pautas. Por el momento, los pacientes que están sometidos a hemodiálisis o que han sido trasplantados, seguirán siendo atendidos en la CUN “con carácter indefinido”, indica Salud. De manera excepcional, contempla seis supuestos en los que los pacientes continuarán recibiendo atención privada: pacientes oncológicos hasta la conclusión de su tratamiento, pacientes pendientes de cirugía que no puede ser aplazada, mujeres embarazadas cuyo seguimiento sea previo al 1 de mayo, pacientes pendientes de resultados o revisiones, pacientes con necesidad de farmacología hospitalaria y pacientes que necesiten rehabilitación. Para poder seguir recibiendo este servicio en la CUN, dichos pacientes tendrán que ser valorados y autorizados por el servicio de Gestión de Prestaciones y Conciertos del SNS.
Guerra de cifras
Según los cálculos del departamento, asumir en la red pública la atención del personal de la UN atendido hasta ahora por la CUN supondrá casi 56.000 consultas más en Atención Primaria, en torno a 10.500 consultas más en atención especializada y en torno a 419 intervenciones quirúrgicas más de las previstas. Además, se esperan 2.600 más visitas a los servicios de urgencia y más de 5.000 atenciones en las urgencias extra hospitalarias.
La decisión del Gobierno de Barkos de no renovar el convenio que mantenía con la Universidad de Navarra para financiar a su personal la atención sanitaria en la CUN ha desatado una guerra de cifras entre el Departamento de Salud y la propia UN. El Gobierno mantiene que traspasar a la red sanitaria pública a las 7.128 personas que hasta ahora se atendían en la CUN tendrá un coste de 3,2 millones de euros, frente a los 5,1 millones que se pagaban por convenio a la UN. La Clínica, por su parte, elaboró una auditoría según la cual el coste de asumir a sus pacientes supondrá a las arcas públicas un desembolso de 8,9 millones.
