El alcalde del Valle de Egüés critica que “no ha habido una adjudicación sin irregularidad”
“No ha habido una adjudicación sin irregularidad”. Con esta frase denuncia el actual alcalde del Valle de Egüés, Alfonso Etxeberria (Geroa Bai), la gestión de UPN al frente del consistorio. El actual equipo de gobierno considera que el informe de Comptos, el órgano que fiscaliza al sector público en Navarra, se ha apoyado en lo descubierto hasta ahora por la comisión de investigación del municipio, pero la cosa no acaba aquí. “Nos gustaría que este asunto se resolviera lo antes posible, pero la Justicia es lenta y en Aoiz (donde se denunciaron las presuntas irregularidades), más”, apunta el primer edil. No obstante, también augura que esta lista de aparentes irregularidades seguirá creciendo.
Comptos presentó este jueves un informe en el que confirma las presuntas irregularidades en la gestión de las sociedades públicas entre los años 2004 y 2012, una época en la que el Ayuntamiento estuvo gobernado por UPN y en la que Pamplona vivió la expansión urbanística de Sarriguren. La Cámara considera que hubo incumplimientos “relevantes” de la normativa y que estos podrían conllevar responsabilidades “económicas y jurídicas”.
Geroa Bai, que gobierna ahora en la localidad junto a Izquierda-Ezkerra, ya valoró esa misma tarde como “un espaldarazo” al proceso estas conclusiones, que según insiste Etxeberria, vienen a confirmar lo denunciado por la coalición: “Comptos ha hecho suyas nuestras conclusiones”. Y estas son que “no ha habido adjudicación sin irregularidad”, en los, según el alcalde, más de 62 millones de gasto que se adjudicaron a través de las sociedades mixtas y públicas y que vinieron a beneficiar a un socio privado, Nasipa.
Este caso es un intrincando cruce de nombres y actuaciones ahora puestas en duda: la sociedad Andacelay recibió la cesión de diversas parcelas municipales y creó dos empresas mixtas en las que figura la mencionada Nasipa. Las adjudicaciones realizadas entre unos nombres y otros son las que desde Geroa Bai y Comptos ponen en duda. Para el alcalde, ha quedado demostrado que, básicamente, “durante los años de mayoría absoluta de UPN, hicieron lo que quisieron. Es un 'yo me lo guiso, yo me lo como' en el que, al final, siempre se lo llevaba todo el socio privado. Esto ha sido un despropósito”.
El equipo de gobierno considera que, ahora, se pueden exigir responsabilidad contable a los consejeros que tomaron aquellas decisiones por valor de 4,2 millones. Serían 1,7 por presuntas facturas falsas, 1,2 por gastos financieros, 945.000 euros en avales, 154.000 en anticipo a proveedores, 17.000 en publicidad, 4.300 en adelanto de financiación, 20.100 euros que cobró (y no debería haber sido así) la ex-edil de Egüés Carolina Potau, 67.000 euros en preferentes y, finalmente, otros 86.000 en la comisión de gestión. Una suma considerable, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el presupuesto anual del Ayuntamiento ronda los nueve millones de euros.
Por estas decisiones, desde Geroa Bai consideran que hay concejales de UPN que deberían presentar su dimisión. En concreto, hablan de Estefanía Clavero, Jesús Alberto Idoate y Ángel Javier Jiménez. El alcalde confía además en que, a la vista de las conclusiones del informe de Comptos, el grupo municipal regionalista cambie de actitud y “se posicione por fin en contra de esta nefasta gestión”.
