El caso CAN se reabre: la Fiscalía pone el foco en si hubo beneficio económico para sus gestores
El caso CAN sigue sin escribir su último capítulo en la Audiencia Nacional. La Fiscalía ha insistido ahora en la necesidad de reabrir la causa y el juez Eloy Velasco ha atendido esta petición. La clave está en un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía sobre el quebranto económico de Caja Navarra, que aclare si la caída de la entidad “generó beneficios económicos” en sus responsables o no, y en la posibilidad de hacer nuevas preguntas a los peritos del Banco de España. Desde la Fiscalía se defendió que era “prematuro” cerrar la investigación hasta contar con ese informe de la UDEF, así como sin aclarar lo que considera puntos pendientes del informe realizado por los peritos del Banco de España, que finalmente desestimaron irregularidades, motivos que propiciaron el sobreseimiento provisional y archivo del caso el 5 de agosto de 2015.
Cabe recordar que la asociación de consumidores Kontuz!, clave en esta denuncia al formar parte de la acusación (junto al partido UPyD), ya anunció que desestimaba presentar un recurso contra el nuevo archivo del caso, por lo que, de no haber un recurso de otras partes o de la propia Fiscalía, parecía que el caso iba a quedar cerrado definitivamente en la Audiencia Nacional. La siguiente vía era que las instituciones, a las que apeló Kontuz!, investigaran el caso en Navarra, pero el trámite judicial vuelve a prolongarse. ¿Por qué? Estas son las principales razones que esgrime el juez en su auto.
El texto, con fecha del pasado 18 de septiembre, atiende el recurso presentado por el Ministerio Fiscal, que centra su mirada sobre todo en la solvencia de la caja, y pide que se presente el informe de la UDEF que aclare si ese quebranto económico de la entidad “generó beneficios económicos en los denunciados y en detrimento de las entidades”, algo que no mencionaron los peritos. La Fiscalía considera que la cuestión ahora es esclarecer “si la gestión de los denunciados que motivó la asistencia a fondos de terceros [en el propio auto recuerda el rescate a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria] para rescatar la solvencia de la entidad se efectuó en beneficio de la entidad o de sus patrimonios personales y corporativos”. Y, en concreto, insiste en la necesidad de distinguir entre hacer “una gestión adecuada de la situación económica del momento” y “una gestión fraudulenta a favor de intereses económicos propios”.
El exdirector de la caja Enrique Goñi, como recoge Diario de Noticias, lamentó en un recurso que la Fiscalía siguiera defendiendo que se abriera una causa “que no está sustentada en indicios”; sin embargo, ahora el juez Velasco pide a la UDEF que presente su informe sobre el quebranto económico de Caja Navarra. En esta causa, según ha precisado Europa Press, se investiga al expresidente del Consejo de Administración de Banca Cívica Antonio Pulido, así como a antiguos consejeros (Lázaro Cepas, Marcos Contreras, Álvaro Arvelo, Amancio López, Rafael Cortés, José María Achirica, Pedro Pérez, Jose María Leal), entre los que se menciona al propio Goñi, el expresidente de Navarra Miguel Sanz y el expresidente de la caja José Antonio Asiáin.
Más preguntas a los peritos
Además, el Ministerio Fiscal también pide que pueda reformular preguntas a los peritos del Banco de España, cuyo informe del pasado mes de junio (ya hubo un primero, en el que se descartaron incumplimientos en la fusión y salida a Bolsa de Banca Cívica, y el segundo se realizó tras una reapertura del caso) fue clave para el sobreseimiento del caso. Ahora se espera que se reafirmen en ese informe (ahora mismo están citados para el próximo 8 de octubre), y la Fiscalía solicita que se aclaren más cuestiones como el nivel de solvencia de Caja Navarra, las prejubilaciones de la entidad, la extensa ampliación de oficinas que se tramitó y realizó entre 2002 y 2009 (se abrieron 146 oficinas), el polémico pago de dietas por la asistencia a la Junta de Entidades Fundadoras, y diversas inversiones realizadas (menciona a Auna, Anca Corporate, Marco Polo Investments, Ikusi Iglesias, Carneus..). Y, por último, también se pide que se tenga en cuenta la nueva información surgida, y menciona “las tarjetas corporativas que tenían los querellados”.
