Centro de educación especial El Molino: ¿es una auditoría externa la solución a los malos tratos?

Son 36 alumnos adultos y con discapacidades, algunas muy severas. Acuden a diario a un centro ocupacional con el objetivo de “poder afrontar una vida adulta satisfactoria, responsable y autónoma hasta donde sea posible”. Pero, en determinadas ocasiones, tres de los monitores que les atienden les someten a prácticas como colocarles una caja en la cabeza y dejarlos en un rincón del aula, o les mantienen durante horas y horas inactivos en el mismo sitio, o les obligan a salir de clase y correr en pleno invierno sin dejarles ponerse ropa de abrigo. O, directamente, les insultan, les gritan y les zarandean.

Las consecuencias de estos malos tratos en la vida diaria de estas personas con discapacidad son, por ejemplo, irritabilidad, nuevos miedos, desconsuelo y, en definitiva, una evolución a peor en su lucha por la autonomía. No son capaces de explicar qué les pasa y por qué les pasa. Y a sus familiares les corresponde la dolorosa función de averiguarlo.

Este es, resumido, el fondo de la cuestión que ha llevado a la sección de Inspección de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra a elaborar un duro informe en el que concluye que se han detectado posibles malos tratos por parte de tres monitores del centro ocupacional para personas con discapacidad El Molino hacia sus alumnos.

El Gobierno foral ha actuado por dos vías: ha remitido al juzgado su informe, por si pudiera haber hechos constitutivos de delito, y ha exigido a la Fundación Ciganda Ferrer, propietaria del centro El Molino, “medidas acordes con la gravedad” de los hechos, como el despido de uno de los monitores o el nombramiento de un directivo técnico.

La Fundación ha anunciado que, previamente al conocimiento de este informe del Gobierno, ya había contratado con una empresa externa, Areté Activa, una auditoría para “identificar áreas de mejora que permitan dar respuesta a las exigencias que una organización de este tipo conlleva actualmente. El periodo de auditoría se realizará periódicamente a partir de ahora”, señala la Fundación en un comunicado. Además, hace apenas dos días, el patronato que dirige la entidad difundió un comunicado en el que asegura que ha despedido a uno de los monitores “por constatar un grave déficit de atención con un usuario”, y ha apartado a otro monitor de la atención directa a los alumnos.

Mientras tanto, las familias de los alumnos se agrupan para denunciar públicamente que han sido ignorados en sus quejas por la Fundación y por la gerencia del centro. Piden, a través de una carta, “transparencia y comunicación” a los propietarios del centro y que se contrate “una dirección educativa para terminar con las malas praxis demostradas”. Además, reclaman una “supervisión y evaluación continua del centro por parte de Bienestar Social”.

¿Cómo se ha llegado a esta situación?

La Fundación Ciganda Ferrer se constituyó en el año 1976 con el fin de dar asistencia a personas con discapacidad intelectual, especialmente en el ámbito de la terapia ocupacional, para propiciar el aprendizaje de una profesión en los oportunos talleres. El Centro Ocupacional El Molino se puso en marcha con este fin en 2002 y sus actividades se englobaron en dos áreas: terapia ocupacional (manipulados industriales, jardinería y horticultura, tareas de fabricación propia, etc) y la de crecimiento social y personal de los alumnos.

Para contribuir a su puesta en marcha, el Gobierno foral firmó con la Fundación Ciganda Ferrer su primer convenio de financiación ese mismo año. El centro atendía a 21 alumnos que conseguían la idoneidad por parte del organismo que ahora se conoce como Agencia Navarra de la Dependencia. La Fundación, por su parte, se reservó desde el inicio el derecho a contratar o despedir a los empleados del centro. Con los años, El Molino fue ampliando su número de plazas hasta los 36 actuales y, paralelamente, fue creciendo la subvención que recibía del Gobierno de Navarra hasta llegar a los 224.000 euros del año pasado. La cuantía que pueda conseguir el centro este año está aún por definir.

Lo que desde fuera puede apreciarse como una trayectoria ejemplar, desde el propio centro no lo era tanto, sobre todo en los últimos años. Familias de los alumnos no veían con buenos ojos el “baile” de monitores despedidos (siete en menos de dos años) y contratados en función de si se enfrentaban o no a las directrices de la gerencia. Y la comunicación con el patronato de la Fundación estaba viciada, ya que pasaba siempre por el filtro de dicha gerencia.

El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ha reconocido que se produjo una denuncia en 2012, pero que el Gobierno de Navarra no intervino: “Parece que hay algún indicio de que en la etapa anterior podía haber habido elementos suficientes como para haber intervenido”, señala Laparra. ¿Por qué no se actuó entonces? Es una duda para la que los familiares de los alumnos del centro continúan sin encontrar respuesta.

En septiembre del año pasado, la familia de una alumna con una discapacidad del 75% acudió a los juzgados para interponer una denuncia contra un monitor del centro por abusos sexuales, lesiones y amenazas contra su hija. Inicialmente, la magistrada decretó el sobreseimiento provisional del caso, si bien luego lo reabrió tras recurrir los familiares. En el auto de sobreseimiento provisional, la juez advirtió de que la investigación había detectado “conductas disciplinarias inapropiadas” en el centro, concretamente por parte del monitor denunciado por abusos (que actualmente se encuentra de baja). La juez remitió su escrito al departamento de Derechos Sociales por si éste consideraba oportuno iniciar una inspección.

Dejando la denuncia por abusos sexuales en la vía judicial reabierta, el Gobierno convocó entrevistas y reuniones con hasta 45 personas (responsables del centro y familiares) y encontró en ellos dos posturas radicalmente enfrentadas. Los trabajadores y el gerente del centro, Javier Aramendía, que sostienen que el origen de las quejas de los familiares radica en una serie de demandas que no fueron atendidas por el centro; y los ex trabajadores del centro y los familiares de alumnos con niveles más altos de discapacidad y mayores problemas de conducta y comunicación.

La versión de este último grupo es desoladora: todos relatan que el monitor acusado de abusos sexuales incurría normalmente en gritos, insultos y zarandeos al tratar con los alumnos. Denuncian que incurría en un lenguaje inadecuado, llegando a ser obsceno, y que mantenía conductas inadecuadas con las alumnas. Hablan de castigos totalmente perjudiciales para este tipo de alumnos, como amenazas con encerrarlos en el cuarto oscuro o dejarlos durante horas con una caja en la cabeza.

Relatan que el centro no ha abierto nuevas líneas de trabajo para la inserción laboral de los alumnos, y que se observa un claro retroceso en el nivel de autonomía que conseguían los alumnos hace años y el que se obtiene en la actualidad. Todo ello, aclaran, por la falta de formación de los monitores y su importante desconocimiento técnico sobre cómo tratar a personas con discapacidad.

Señalan, por último, que el gerente del centro es conocedor de esta situación, pero se ha negado reiteradamente a aceptarla o a actuar en consecuencia. Y que, posiblemente, el patronato de la Fundación no esté muy enterado de qué ocurre en el centro, puesto que es el propio gerente el encargado de comunicarse, en exclusiva, con el patronato.

Despido del monitor

Ante este panorama, la inspección de Derechos Sociales del Gobierno foral elaboró el citado informe en el que se denuncian los posibles malos tratos y lo ha remitido al juzgado de instrucción número 5 de Pamplona por si algún hecho pudiera ser constitutivo de delito. Además, el propio vicepresidente Laparra se dirigió al patronato de la Fundación Ciganda Ferrer para exigirle el despido del monitor acusado de malos tratos, la adopción de medidas acordes con la gravedad de los hechos denunciados y la contratación de una dirección técnica para el centro de forma que la gerencia viera limitado su ámbito de actuación a cuestiones meramente administrativas.

Pero la Fundación no ha dado una respuesta directa al Gobierno, sino que ha optado por intentar conocer la realidad del centro a través de sus propios medios: con una auditoría externa. Esta auditoría, que se llevará a cabo durante este mes y el siguiente, utilizará la fórmula de encuestas anónimas para que las personas implicadas puedan expresarse sin miedo a posibles represalias. Y, cuando tengan el resultado de la auditoría, darán a conocer “las fortalezas y debilidades” del centro y qué medidas adoptan para paliar dichas debilidades.

Además, hace apenas dos días y a través de un comunicado hecho público, la Fundación anuncia que ha despedido a un monitor y ha apartado a otro (el que está acusado de abusos sexuales) de la atención directa con los alumnos. También asegura que ha procedido a la contratación de una dirección técnica para el centro.

Las familias de los alumnos, por su parte, aclaran que “nunca hemos ido en contra de la Fundación, nuestros hijos llevan muchos años en El Molino y el resultado ha sido muy bueno para todos hasta hace un par de años”, señalan. Por ello, piden a la Fundación que atienda los requerimientos del Gobierno y que propicie una mayor comunicación y transparencia en el funcionamiento del centro.

Habrá que esperar a las conclusiones de la auditoría para conocer qué medidas adopta la Fundación y si éstas son suficientes para el Gobierno foral, que tiene en sus manos la potestad de subvencionar o no al centro en función de si se cumplen los términos del convenio firmado.