La Delegación dice que el Ejecutivo foral “pone fin” al convenio para eliminar pintadas de exaltación del terrorismo

La Delegación del Gobierno ha señalado en una nota que así se lo ha comunicado el propio Ejecutivo foral a la Delegación del Gobierno en Navarra, que “lamenta” el fin de la colaboración entre ambas administraciones en esta materia.

El acuerdo se puso en marcha en noviembre de 2012, cuando la Delegación del Gobierno y la consejería de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra firmaron un convenio de colaboración para eliminar las pintadas, carteles o pancartas que existían en algunos municipios de la Comunidad Foral y que incurren en una exaltación o enaltecimiento del terrorismo.

El acuerdo, que “reforzaba la colaboración entre ambas instituciones y ponía fin a la duplicidad de funciones”, según ha indicado la Delegación, “se tomaba tras comprobar la dejación por parte de algunos ayuntamientos de sus funciones, tolerando que pintadas y carteles con alusiones al terrorismo o a terroristas permanecieran en las calles de sus municipios”.

La Delegación ha añadido que los consistorios son, según la normativa actual - Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, y Ley Foral 6/1990, de Administración Local de Navarra- las instituciones competentes en la prestación del servicio público de limpieza, en la que se incluye la limpieza de pintadas.

La institución que dirige Carmen Alba ha insistido en que el protocolo se firmó “por el interés mutuo de que no existieran en las calles y fachadas de los pueblos de la Comunidad foral pintadas y carteles a favor de terroristas, de organizaciones terroristas o de ensalzamiento del terrorismo debido al carácter de menosprecio y humillación que suponen estos hechos para las víctimas”.

Desde la firma de este protocolo, la Delegación del Gobierno ha enviado 118 requerimientos a 26 municipios para el borrado de 204 pintadas en las que se exaltaba o enaltecía el terrorismo.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

En virtud del protocolo firmado en su día, ante el conocimiento de alguna pintada o pancarta con alusiones terroristas, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Foral eran las fuerzas de seguridad encargadas de elaborar un informe, que entregaban a la administración pública de la que dependían. El Gobierno de Navarra y la Delegación del Gobierno ponían en común dicho escrito, para así establecer una comunicación fluida y evitar duplicidades.

Con el informe realizado y, en función del cuerpo policial que lo hubiera elaborado, una u otra entidad se encargaba de notificar al ayuntamiento correspondiente la situación, recordándole su obligación legal de limpiar las pintadas, y dándole un mes de plazo para su eliminación.

Una vez transcurrido el plazo, se comprobaba que el requerimiento del Gobierno de Navarra o de la Delegación del Gobierno se hubiera hecho efectivo. Si no era así, el Ejecutivo foral actuaba procediendo a la limpieza y eliminación de las pintadas “con coste económico a cargo del ayuntamiento incumplidor”. “Esta actuación se llevaba a cabo sin perjuicio de la remisión de los hechos a los órganos judiciales o fiscales competentes, a efectos de depurar responsabilidades penales”, ha apuntado la Delegación.