Enrique Goñi abrirá el 13 de abril la fase de comparecencias de la comisión de investigación sobre Caja Navarra

La comisión de investigación constituida en el Parlamento foral en torno a la desaparición de Caja Navarra ha resuelto este martes que sea Enrique Goñi, exdirector general de la entidad financiera, el encargado de abrir la fase de comparecencias el próximo día 13 de abril.

Así lo ha acordado la comisión con el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, mientras que el PSN se ha abstenido y UPN y PPN han votado en contra.

La comisión ha estimado oportuno adelantar el testimonio de Goñi, previsto inicialmente para el 25 de mayo, en la séptima de las nueve sesiones programadas, escudándose en su reciente intervención (27 de febrero) en la comisión de investigación sobre la crisis financiera de España y el Programa de Asistencia Financiera que desde mayo de 2017 se desarrolla en el Congreso de los Diputados.

El resto del calendario de comparecencias, aprobado el 7 de febrero por unanimidad, se mantiene inalterado, si bien se retrasa una semana la fecha de cada una de las sesiones, todas en viernes hasta concluir, de no mediar más cambios, el 15 de junio.

Las sesiones, abiertas a los medios de comunicación, comenzarán el próximo 13 de abril. En función del calendario aprobado y a expensas de posibles solicitudes adicionales, se prevén otras ocho sesiones. La primera sesión tendrá como único compareciente a Enrique Goñi, exdirector general de la CAN, quien a finales de octubre comunicó a la comisión de investigación su “voluntad de comparecer, para poder contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados”.

La segunda sesión (20 de abril) tendrá como comparecientes a Lorenzo Riezu, exdirector general de Caja Navarra, y Manuel López Merino, exdirector general de Caja Municipal de Pamplona.

La tercera (27 de abril) contará con José Antonio Sarria, expresidente de la Comisión de Control de CAN, y José Antonio Asiáin, expresidente del Consejo de Administración de CAN.

En la cuarta (4 de mayo) testificarán José Carlos Hernández Barrasus, firmante de informes de 2010 y 2011 realizados por la firma Ernst Young, especializada en servicios profesionales de auditoría, impuestos, finanzas, contabilidad, servicios de cálculos y estudios actuariales y asesoramiento en la gestión de la empresa, y Francisco García Valdecasas, firmante del informe Noel elaborado por Deloitte, empresa orientada a la prestación de servicios de Auditoría, Consultoría, Riesgos, Asesoramiento Fiscal y Legal y Asesoramiento Financiero.

En la quinta (11 de mayo), comparecerán Alberto Pascual, exsecretario general de CAN, y Amaya Rández, exsecretaria del Consejo de Administración de CAN. En la sexta sesión (18 de mayo) de comparecencias están citados Juan Odériz, exdirectivo de Caja Navarra y Banca Cívica, y Roberto Ducay, exresponsable de estrategia de CAN.

La siguiente sesión (25 de mayo) será con Javier Martínez Escudero (en relación con Viálogos Capital Humano SL), Enrique de Mulder Duclos, Carlos Ayesa Villar, Carmen Pérez Miguel y César Esparza Larramendi.

La penúltima sesión (8 de junio) contará con los testimonios de Yolanda Barcina, expresidenta del Gobierno de Navarra (2011-2015), y Álvaro Miranda, exconsejero de Economía y Hacienda (2007-2012) del Gobierno de Navarra.

Cerrará la fase de comparecencias (15 de junio) Miguel Sanz, expresidente del Gobierno de Navarra (1996-2011).

Por grupos, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E han formulado conjuntamente el requerimiento de comparecencia de Miguel Sanz, Yolanda Barcina, José Antonio Sarría, José Antonio Asiáin, Manuel López Merino, Lorenzo Riezu, Álvaro Miranda, Alberto Pascual y Amaya Rández.

Podemos ha cursado por su cuenta la demanda de comparecencia de Javier Martínez Escudero, Juan Odériz, Enrique de Mulder, Carlos Ayesa Villar, Carmén Pérez Miguel y César Esparza Larramendi.

UPN ha tramitado la petición de aceptación de la solicitud de comparecencia registrada por Enrique Goñi y el PSN ha solicitado las comparecencias de José Carlos Hernández, Francisco García Valdecasas, Manuel López Merino, Roberto Ducay y Lorenzo Riezu.

En cuanto al formato de las comparecencias, se ha acordado por asentimiento adoptar la fórmula seguida en la comisión sobre la planta de biometanización de Ultzama, de modo que las preguntas de los parlamentarios (sin límite de tiempo) se efectuarán de mayor a menor representación, pudiendo abrirse segundos y terceros turnos.

Obligaciones de los comparecientes

Por otra parte, la comisión se ha dado por enterada del informe que, a petición de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e I-E, han elaborado los servicios jurídicos de la Cámara sobre las obligaciones que resultan de la aplicación a las personas que son llamadas a comparecer en las comisiones de investigación del Parlamento de Navarra.

El informe concluye que “las comisiones de investigación tienen la facultad de requerir, en forma legal y bajo apercibimiento, la presencia, de cualquier persona para informar y contribuir al esclarecimiento de los hechos que son objeto de investigación por la Comisión, potestad que comporta el deber de comparecer al amparo del art. 502 del Código Penal, puesto que en caso de incomparecencia se puede incurrir en delito de desobediencia”.

Añade el informe jurídico en sus conclusiones que “el Parlamento debe velar para que ante las comisiones de investigación queden salvaguardados el respeto a la intimidad y el honor de las personas, el secreto profesional, la cláusula de conciencia y los demás derechos constitucionales de los comparecientes”.

Finalmente sostiene el informe de los servicios jurídicos del Parlamento que los derechos procesales reconocidos en la Constitución no implican en el seno de una comisión de investigación que el compareciente “tenga derecho a guardar silencio sin justificación, pues su deber es colaborar con la comisión en el esclarecimiento del objeto de la investigación, siempre que su declaración veraz, no afecte a su posición jurídica como ciudadano y que el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable para no perjudicar su derecho de defensa en la medida que el acto parlamentario de comparecencia pueda tener eventualmente relieve procesal ”in peius“ en sus posiciones jurídicas, deberá ser objeto de alegación de manera individualizada y específica ante la pregunta que se le formule”.

La comisión de investigación desarrollará sus funciones hasta la finalización del trabajo encomendado, tarea que, salvo nueva ampliación, deberá estar concluida y plasmada en un informe no más allá del 30 de junio.

Conforme a las normas aprobadas, la comisión de investigación constituida el 27 de abril de 2016 tiene por objeto conocer y determinar si las actuaciones de Caja Navarra, su corporación empresarial y el resto de entes vinculados fueron acordes a los principios fundacionales, además de esclarecer la situación actual del conjunto del patrimonio resultante de la extinción.