Financiación europea para el plan de vivienda de alquiler social de Navarra
“Navarra va a seguir siendo una Comunidad puntera en dos frentes que constituyen hoy la punta de lanza de las políticas de innovación social en materia de vivienda, la apuesta por la política de alquiler y por la eficiencia energética”. Las grandilocuentes palabras de la presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, procuraban estar a la altura del importante momento que protagonizaba: La firma con el vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Román Escolano, de un convenio que procurará financiación europea al llamado Plan de Vivienda de Alquiler/Navarra Social Housing aprobado este año por el Gobierno, y que prevé la construcción de 524 VPO en régimen de alquiler para los próximos tres años.
El plan supone una inversión de 80 millones de euros, y Barkos firmó con el BEI un acuerdo para que la entidad europea financie la mitad de este importe, hasta 40 millones, a largo plazo (25 años).
Se trata de una “innovadora” operación de promoción de alquiler público que tiene escasos precedentes en Europa -concretamente, en ciudades como Barcelona, Amsterdam, Dublín o Lisboa- y que cuenta con el apoyo del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) del plan Juncker. Todos los inmuebles que se construyan bajo el paraguas de este plan se adecuarán al exigente estándar Passivhaus de Edificios de Consumo Energético Casi Nulo (EECN, por sus siglas en inglés). En Navarra existe actualmente una única promoción de viviendas, privada, que cumple con estos estándares.
Ante lo ambicioso del plan, la presidenta Barkos presumió de que su Gobierno “ha optado por transformar la realidad, por que las políticas de alquiler social respondan a una demanda social creciente y dejen atrás una inflada cultura de compra-venta de vivienda”. “Es un orgullo para este Gobierno haber podido activar herramientas legales, innovadoras o financieras como la que hemos firmado para poner la política de vivienda al servicio del derecho a la vivienda”, resumió.
Pero al mismo tiempo que la presidenta firmaba con el BEI para conseguir la mitad de la financiación del plan en unas condiciones financieras muy cómodas para las arcas públicas, en Pamplona se llevaba a cabo otro acto administrativo relacionado con la política de vivienda que supone un revés para las previsiones de financiación del plan de vivienda del Gobierno. La subasta de las parcelas de Salesianos se saldó con unos ingresos de 25,5 millones de euros. Aunque esta semana volverá a subastarse el lote que quedó desierto, las ofertas que las empresas hicieron por él sólo conseguirían incrementar esa cantidad hasta 31 millones de euros. Muy lejos de las previsiones oficiales, que habían situado el precio de salida de todas las parcelas en 53 millones de euros.
La subasta de Salesianos, que el alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, de Bildu, pidió paralizar a la presidenta Barkos por considerar que se trata de un nuevo “pelotazo urbanístico” gestado durante los gobiernos de UPN, es un proceso dirigido por la sociedad pública Nasuvinsa y que el propio vicepresidente Laparra tuvo que defender ante los requerimientos de paralización de Bildu. Los compromisos ya estaban firmados y todo el procedimiento había seguido los cauces legales, explicó Laparra, y su paralización podría suponer un coste de 11 millones en sanciones para las arcas públicas, advirtió.
Laparra añadió un nuevo ingrediente de interés político a la receta para hacer de Salesianos un plato más atractivo para sus socios de Bildu: la plusvalía que obtuviese el Gobierno de la venta de estas parcelas iría íntegramente destinada a financiar el plan de vivienda de alquiler. Según el convenio firmado entre Nasuvinsa y Salesianos (la congregación religiosa propietaria de los terrenos, que quiere trasladar sus instalaciones desde el II Ensanche de Pamplona hasta Sarriguren), de la venta de las parcelas, con un precio de salida de 53 millones, se entregarían a Salesianos los 37 millones estimados para el coste de su traslado a Sarriguren.
El resto del dinero obtenido se repartiría entre el Ayuntamiento de Pamplona, destinatario de 3 millones para construir un Civivox, y el Gobierno foral, con el compromiso de destinar esta plusvalía a financiar las viviendas de alquiler social. Tras la subasta, el Gobierno va a tener que encontrar otra fuente de ingresos para poder disponer de los 20 millones que se ha comprometido a incluir en los Presupuestos de 2018 para el plan de vivienda social.
