El Gobierno Foral apuesta por el acceso universal a la sanidad frente al “parche electoralista” del Estado
El Gobierno de Navarra ha dicho No a la propuesta del Gobierno central para acordar la atención a personas en situación administrativa irregular. El Ejecutivo foral, que en su acuerdo programático defiende la sanidad universal, ya había adelantado que su apuesta es por facilitar este acceso, mientras que el Ministerio de Salud ha respondido, por ejemplo, proponiendo a las autonomías que las personas inmigrantes lleven seis meses empadronadas para acceder a la sanidad pública o que se encuentren en situación de vulnerabilidad o inclusión. Y, en cualquier caso, para acceder a un documento específico, pero no directamente a la tarjeta sanitaria.
Desde el Gobierno de Uxue Barkos, sin embargo, han respondido pidiendo la derogación del real decreto-ley 16/2012, que promovió la exclusión sanitaria (en Navarra, tras un litigio con el Estado, por ahora sí hay acceso a la sanidad pública), al considarar que este paso supuso un “retroceso histórico”. Y, ahora, ante la búsqueda de un acuerdo por parte del Ejecutivo central en el que se ponen condicionantes a esa atención sanitaria, el Ejecutivo navarro se encuentra entre las autonomías críticas con estas pretensiones.
La cita se presentaba clave para aclarar si en España se podía recuperar la sanidad universal tal y como se conocía antes del mencionado decreto-ley; sin embargo, la posición del Gobierno central, primero alertando de posibles sanciones de la Unión Europea a aquellas comunidades que garantizaran esta atención sanitaria y, después, buscando un acuerdo proponiendo medidas como una tarjeta B para inmigrantes, había generado suspicacias entre los colectivos sociales. Médicos del Mundo Navarra y SOS Racismo, por ejemplo, pidieron al Gobierno Foral que se mantuviera firme y, como se recoge en su acuerdo programático, diera pasos para asegurar la sanidad universal.
A la cita (la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación, que se ha celebrado durante la mañana del miércoles) finalmente ha acudido en representación de la Comunidad Foral el director general de Salud, Luis Gabilondo. Y el balance, en opinión del representante del Ejecutivo navarro, no es positivo. El Ejecutivo ha apuntado que el Gobierno central pretende impulsar un sistema más social que sanitario, que limita las prestaciones y excluye “el derecho de acceso a la cartera de servicios complementarios y suplementarios”.
En concreto, en su ambición de lograr una atención homogénea en todo el país, el Ministerio ha puesto sobre la mesa la condición de un empadronamiento de seis meses y ha pedido que las personas inmigrantes figuren en el registro del SNS. Así accederían a un documento específico, para ser atendidos en Primaria y Especializada. La propuesta, en cualquier caso, no es definitiva: se ha dado un plazo de 15 días a las autonomías para que aporten mejoras a este borrador.
El Gobierno Foral, en cualquier caso, ha defendido la actual normativa navarra, recurrida por el Estado pero en vigor hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional, porque es más “garantista” y ha asegurado que la propuesta estatal es un “parche electoralista”.
