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La Hacienda foral recuperó el año pasado a través de la lucha contra el fraude 139,1 millones, un 21,5% más

La Hacienda foral recuperó el año pasado a través de la lucha contra el fraude 139,1 millones, un 21,5% más

EUROPA PRESS

PAMPLONA —

Cabe destacar que esta cifra es un 21,5% superior a lo recuperado en 2016 (año en el que la lucha contra el fraude fiscal obtuvo 114.506.786 euros) y también representa un porcentaje mayor sobre el total de la recaudación líquida de 2016, que fue de un 4,68%.

En concreto, los resultados directos de las actuaciones de control recogen los arrojados de las actas de Inspección, las liquidaciones de Gestión, los recargos de apremio e intereses de aplazamientos de Recaudación y las declaraciones presentadas tras haber sido requeridas por la Administración. El importe de estos resultados ascendió en el año 2017 a 107,4 millones de euros, lo que supuso, respecto a los resultados directos de las actuaciones del 2016, un incremento absoluto de 12,6 millones de euros y un incremento del 13,32%.

En cuanto a los resultados inducidos de las actuaciones de control, corresponden a las declaraciones presentadas fuera de plazo, por actuaciones de Hacienda Tributaria de Navarra, no formalizadas en un requerimiento, sino que pueden derivarse de comprobaciones realizadas en otros periodos del mismo contribuyente o en otros contribuyentes de características similares.

El importe de estos resultados ascendió en el año 2017 a 31,7 millones de euros, lo que supuso, respecto a los resultados inducidos de las actuaciones del 2016, un incremento absoluto de 12 millones de euros y un aumento del 60,99%.

TRES ÁREAS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE TRIBUTARIO

A su vez, las cifras mencionadas pueden distribuirse a través de las tres áreas diferenciadas en que HTN ejerce la lucha contra el fraude tributario: gestión, inspección y recaudación.

El área de gestión, encargada de la revisión ordinaria de las declaraciones de los diferentes impuestos, fue la que logró una mayor recuperación, concretamente, 94.408.045 euros con la revisión de 44.051 liquidaciones. Si a ello se restan los ingresos inducidos (30,9 millones a través de 5.791 liquidaciones), el total asciende a 63,5 millones.

La mayor parte de este importe se ha recuperado a través de la revisión de las declaraciones de IVA (18,6 millones de euros), aunque también destaca el Impuesto sobre el Valor de la Energía Eléctrica (14,0 millones), las sanciones (7,4 millones), los requerimientos (5,7 millones) e IRPF (5,6 millones). El resto del importe recuperado se ha obtenido a través de recargos de las declaraciones extemporáneas (1,8 millones), Impuesto sobre Sociedades (1,3 millones) y otros impuestos (9,3 millones).

El área de inspección, dedicada a la investigación de los posibles fraudes, ha realizado un total de 944 actuaciones mediante las que se han recuperado 33.585.712 euros. Hay que destacar que se han realizado otras actuaciones importantes para la mejora del control tributario, como el control presencial de emisión de tiques y facturas, que aunque no generan cuota directamente, sí contribuyen a prevenir actuaciones irregulares.

También se han realizado actuaciones de verificación en sectores concretos, como los arrendamientos de inmuebles, incluidos los turísticos, en los que se han emprendido actuaciones tanto individuales con contribuyentes concretos como con operadores de ese sector.

Por último, a través del área de recaudación, dedicada al cobro en apremio de las deudas con Hacienda, se han enviado 59.330 notificaciones que suman un total de 11.145.000 euros de devengo entre recargos de apremio e intereses de aplazamientos. En esta área cabe destacar que, por primera vez, se han realizado actuaciones de embargos presenciales en negocios que presentaban resistencia al pago de sus deudas. En concreto, se han realizado 11 actuaciones de las que se ha derivado un cobro inmediato de más de 70.000 euros. En este caso, se han sentado las bases de una nueva manera de encauzar el pago de deudas enquistadas y que de otra manera no hubieran progresado.

Además, se ha insistido en aspectos como derivaciones de responsabilidad, es decir, el traslado de la obligación de pago de las deudas tributarias a las personas físicas responsables de las mismas (directores, consejeros, etc.) una vez que la entidad se ha declarado insolvente. Se ha pasado de 114 casos en 2016 a 128 casos en 2017.

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