Navarra duplicará las plazas de atención residencial a menores en conflicto social, con un 70% más de presupuesto

El Gobierno de Navarra va a incrementar en 29, de 25 a 54, las plazas de atención residencial a menores en conflicto social severo para poder atender la creciente demanda de este recurso, destinado a niños y adolescentes de 12 a 18 años que no pueden convivir con sus familias.

A tal fin, se prevé destinar durante cuatro años un total de 18 millones de euros, IVA excluido, lo que, en términos anuales, supondrá un incremento respecto al desembolso actual del 70 por ciento: de los 2,4 millones de euros gastados en 2015 a los 4,1 previstos para 2017.

Con esta premisa y una vez autorizado por el Gobierno en su sesión de este miércoles, la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas va a licitar en breve el contrato de asistencia para la gestión de los recursos, que van a ser, asimismo, reorganizados para “poner fin a problemas como la sobreocupación del centro de acogimiento de urgencia o la mejorable atención a los y las menores, conforme a sus necesidades psicosociales”.

El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno foral, Miguel Laparra, ha explicado, en la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, que se trata de “una medida importante” e “incide en uno de los puntos donde más presión estábamos detectando en el sistema de atención a la infancia, que va dirigido a las situaciones de conflicto social de adolescentes que, por diversos motivos, no pueden convivir con sus familias”.

Según ha dicho, el “positivo” este aumento porque “responde a una necesidad insistentemente puesta de manifiesto por los profesionales del sector”, pero “en el fondo es una mala noticia que sea necesaria esta ampliación de plazas, que no es otra cosa que el resultado de años de descuido en los programas básicos de atención a las familias”. “Es otro síntoma más de la fuerte fractura social que se había ido generando”, ha añadido.

En concreto, el Centro de Observación y Acogida (COA), servicio de urgencia al que llegan menores con diferentes necesidades de atención, cuenta en la actualidad con 15 plazas, de ellas 5 en Zolina y otras 10 en Beloso, si bien en ocasiones en este centro la ocupación alcanza las 20.

Para descongestionar el COA, se modificará el sistema de ingreso y se incrementarán las plazas en residencias, dado que su escasez obliga a que las y los menores permanezcan en el Centro más tiempo de los 60 días máximos establecidos. En cuanto al ingreso, se crearán tres módulos, atendiendo a las características psicosociales, trayectoria vital, tipología conductual y detonante de intervención.

Actualmente, para acogimiento residencial, en régimen de internado, el Gobierno dispone de 10 plazas. La reorganización contempla dividir el recurso en dos tipologías: básica (ARB) y especializada (ARE), esta última establecida por la reciente reforma de la ley del menor.

En concreto, con 18 plazas, 8 de nueva creación, el ARB atenderá a menores que no presentan problemas de convivencia. Y el ARB, con 8 nuevas plazas, estará dirigido a menores con rasgos gravemente disociales o disruptivos, con una necesidad de atención intensa y muy individualizada. Para el acogimiento en este módulo se necesitará autorización judicial, ha detallado el Ejecutivo.

NUEVO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO

Finalmente, se crea, con 10 plazas, un nuevo servicio de acompañamiento social a menores de más de 16 años que se están preparando para la vida autónoma, dado que no pueden reincorporarse al domicilio familiar.

Este programa se llevará a cabo mediante ayudas económicas, como la prestación garantizada de la Cartera de Servicios Sociales para este colectivo (necesidades básicas de alimentación, vivienda, ropa, etc), que, tras la mayoría de edad, sería sustituida por una renta garantizada y recursos de acompañamiento en el contexto comunitario de cada menor, en medio abierto. El Departamento plantea también incorporar en este ámbito el voluntariado, previa declaración de idoneidad, como recurso social prolongado en el tiempo.

EL NUEVO CONTRATO

Actualmente gestiona este servicio de protección a menores en conflicto la Fundación Ilundáin Harritz Berri. El Gobierno espera que el nuevo contrato entre en vigor en el último trimestre del año, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017, prorrogable hasta alcanzar una duración máxima de cuatro años. El Ejecutivo ha autorizado para el ejercicio de 2016 y 2017 un gasto máximo de 5,48 millones de euros (1,37 en 2016 y 4,12 en 2016). Conforme a esta previsión, el valor estimado del contrato es de 17.981.480 euros (IVA excluido).