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Ollo dice que el Gobierno trabaja ya en medidas de desarrollo económico tras la sentencia sobre Zilbeti
Ana Ollo ha recordado, en respuesta a una pregunta de UPN en el pleno del Parlamento, que en la misma sesión de Gobierno en la que se decidió no recurrir la sentencia del TSJN, el Ejecutivo acordó comenzar a trabajar en otras medidas para el desarrollo económico de la zona, compatibilizándolo con el desarrollo del medio ambiente.
Ollo ha ejemplificado así que la semana pasada el vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno, Manu Ayerdi, mantuvo una reunión con representantes de la zona.
La consejera ha manifestado que la sentencia fue “un varapalo a un proyecto que aprobó el Gobierno en 2010 y con el que el TSJN fue muy crítico, con errores graves en un expediente tramitado deprisa”. “Las prisas no son buenas consejeras, le dijo al anterior Gobierno el tribunal”, ha dicho Ollo.
Además, la portavoz del Ejecutivo ha incidido en que “la creación de empleo de calidad es un objetivo prioritario que debe ser compatible con el respeto medioambiental”.
El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha preguntado por qué, “a pesar del enorme perjuicio que supone para la zona la inviabilidad de este proyecto, la portavoz del Gobierno se apresuró a decir, sin ningún informe jurídico, que el Gobierno no iba a recurrir la sentencia”.
Sánchez de Muniáin ha señalado además que “una miembro del Gobierno había sido letrado de la parte demandante en este asunto” y por tanto tenía “un interés económico directo en este pleito”, en referencia a la consejera María José Beaumont.
Ana Ollo ha respondido al parlamentario regionalista que “si tienen pruebas sobre las insinuaciones acerca de miembros del Gobierno vayan a los tribunales, que es donde tiene que resolverse”.
Además, la consejera ha afirmado que lo que ha dicho el parlamentario de UPN “no es cierto” puesto que ella no anunció que no iba a haber recurso contra la sentencia del TSJN sin consultar a los servicios jurídicos“. En concreto, ha señalado que explicó en rueda de prensa que ”los servicios jurídicos estaban analizando la sentencia y que por el momento el Gobierno no veía motivos para ese recurso“.
Posteriormente, el Gobierno acordó “no recurrir la sentencia por los informes emitidos por los servicios jurídicos del departamento de Desarrollo Rural”.
