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La Plataforma de Entidades Sociales critica el presupuesto por los recortes sociales

Representantes de la Plataforma de Entidades Sociales de Navarra.

Celia Bustamante

Siguen llegando críticas al anteproyecto de presupuestos para 2015 presentado por el Gobierno de Navarra que, aunque no se aprobado, constituye una declaración de intenciones sobre las prioridades del ejecutivo para los meses que quedan de legislatura. La crítica, esta vez, llega desde la Plataforma de Entidades Sociales que asegura que desde 2010 ha disminuido el gasto en políticas sociales un 34,6%, lo que supone 136,5 millones de euros. Según la Plataforma, “la brecha o la fractura social se hace día a día más numerosa, afecta a más familias y se manifiesta con mayor crudeza o intensidad” y creen que los presupuestos son “una magnífica oportunidad donde reclamar una necesaria reorientación del presupuesto público a favor de las políticas sociales y de ayuda al desarrollo”.

Consideran que el Gobierno de Navarra es el que tiene la “obligación y responsabilidad” de atender las demandas sociales mediante su presupuesto, y sin embargo aseguran que en los últimos años muchas de las iniciativas de las Entidades que conforman la plataforma se han visto muy afectadas por los recortes.

Según los cálculos de las Entidades Sociales, el presupuesto de política social ha disminuido desde 2010 un 34,6%. En estos 4 años el presupuesto destinado a fines sociales ha caído 136,5 millones de euros. Y ahora, dicen, “nos encontramos con un anteproyecto de presupuestos que continúa cargando los recortes en la política social”. Por ejemplo, citan la reducción del gasto en la partida destinada a la Renta de Inclusión Social, el único mecanismo de financiación para familias navarras en riesgo de exclusión social. Si este año el ejecutivo asegura que va a destinar 50 millones de euros a estas ayudas, el presupuesto previsto para el año que viene es de 37 millones. Otro de los ejemplos que aportan es la desaparición en 2014 y 2015 de las ayudas para financiar entidades que se dedican a la atención de inmigrantes o la reducción presupuestaria en materia de atención a la mujer.

Las entidades sociales mantienen que cada presupuesto es una oportunidad para avanzar en la protección social de aquellas personas que están en una peor situación económica y social y, sin embargo, se dejan pasar estas oportunidades mintiendo o recortando el gasto social.

Conscientes de las dificultades económicas de la situación actual, también para el Gobierno, plantean que la política fiscal sirva como vía de financiación para la “implementación de nuevos recursos dirigidos a aquellos que más lo necesitan” y piden al gobierno que se den pasos más decididos para controlar el fraude fiscal de los grandes contribuyentes y mejorar el control de la economía sumergida.

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