De la agresión a la riña, la clave que pone en cuestión la violencia de género

¿Cuál es la diferencia entre una agresión y una riña? En la primera, hablando de violencia de género, resulta clave el intento del hombre por dominar a la mujer; en la segunda, se trata de un cruce de insultos o, incluso, golpes aceptados por ambas partes. Sin embargo, diversas asociaciones vinculadas a los malos tratos en Navarra advierten de que estas diferencias se están difuminando, al consolidarse una estrategia en los Juzgados para “desactivar la lucha contra la violencia de género”: que el presunto maltratador responda a la denuncia con una segunda denuncia por, según insisten estos colectivos, los golpes que haya podido realizar su pareja o expareja al defenderse. Entidades como la Comisión para la investigación de los malos tratos en Navarra o la asociación Andrea creen que, de esta forma, se equipara la legítima defensa con la violencia ejercida por el supuesto agresor y, por tanto, se puede acabar con una sentencia condenatoria para ambas partes. Por su parte, la titular del juzgado de violencia contra la mujer de Pamplona, Ana Llorca, calcula que en un 10% de los casos se produce esta respuesta a la denuncia con otra denuncia, y no percibe una tendencia al alza.

Sara Vicente Collado, abogada de esta Comisión, insiste en que esta estrategia se empezó a implantar en torno a 2008, tres años después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, que refleja de la “desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres”. Sin embargo, Vicente asegura que se ha asentado una estrategia que “jurídicamente funciona”: asegura que, si hay una agresión del hombre a la mujer, y esta al defenderse causa heridas al supuesto agresor, aunque esta presente una denuncia él puede responder con otra, y por tanto se puede valorar que esa respuesta forma parte de una riña mutuamente aceptada dentro de la pareja. La abogada critica que el problema es que se acepte esa riña aunque una de las dos partes no la reconozca como tal. “El hombre tiene presunción de inocencia, y la mujer de culpabilidad”, denuncia, mientras acusa con dureza a los Juzgados de aceptar esta estrategia y, por tanto, “prevaricar”.

La magistrada Ana Llorca, por su parte, no comparte estas valoraciones, y defiende que entre las denuncias por violencia de genero habrá en torno a un 10% en que se responda con otra denuncia, por lo que se comprueba si hay lesiones u otros vestigios de una pelea, pero insiste en que no ve una tendencia.

La razón que ha motivado estas acusaciones, que desde estos colectivos aseguran que es una práctica asentada, es una reciente sentencia en un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Navarra en la que se ha condenado a un hombre y una mujer por un delito, en ambos casos, de maltrato no habitual. Los hechos, según se recoge en la sentencia, son que, tras el divorcio y durante una discusión por el régimen de visitas y la pensión de alimentación, él reconoció que habían forcejeado y ella le acusó de propinarle puñetazos y otros golpes, por los que presentó una denuncia. Él, por su parte, sufrió diversas erosiones. En los Juzgados, la decisión, contra la que cabe recurso, ha sido condenarlos a ambos.

Para asociaciones como Andrea, este tipo de casos pueden “desvirtuar” la violencia de género, al pasar de ser un caso de violencia a “un conflicto entre dos partes”, según apunta la coordinadora de este colectivo feminista, Tere Sáez. “Si un hombre estampa contra la pared a una mujer, ¿esta no debe defenderse?”, se pregunta.

El debate está sobre la mesa, y es complejo, teniendo en cuenta que también hay casos de hombres maltratados (la asociación pro derechos de la mujer maltratada, Aprodemm, por ejemplo, ya puntualizó que también acoge a chicos, aunque el 97% de sus asociadas son chicas) y de que hay voces que abogan por no hablar únicamente de violencia contra la mujer, sino de violencia en general. “Lo grave de ese debate es que, en lugar de querer contar con medidas específicas para este tipo de casos, se pretenda desactivar el sistema de protección y de actuación judicial contra la violencia de género”, apunta el forense Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género.

Más allá del daño físico

Este experto ha advertido en diversas conferencias de los peligros del llamado posmachismo, y cómo este se está volviendo más sutil pero manteniendo el objetivo de lograr la dominación masculina: “La violencia no es justificable, pero no se puede equiparar una agresión con una violencia defensiva. Cuando hay un ataque y una respuesta, nadie los equipara”. Además, Lorente insiste en que los equipos forenses, además del plano físico, “que es el más fácil de determinar”, también tienen que estudiar las circunstancias y, por ejemplo, “las consecuencias emocionales, y en un estudio psicológico se verá el impacto emocional de una víctima. Porque la violencia no solo es un golpe, sino también las críticas, el rechazo o las amenazas que provocan un estrés crónico en la víctima”.

Desde la clínica del Palacio de Justicia de Navarra, dos de sus representantes ya advirtieron de la dificultad de poner la línea que, en ocasiones, separa una discusión entre una pareja cercana a la ruptura de un caso de violencia psicológica: “Para comprobarlo, ves si es un relato coherente, si no hay exageración ni manipulación, y si su sintomatología es compatible”.

Con todo, ahora colectivos como la Comisión para la investigación de los malos tratos en Navarra se preguntan si el sistema está funcionando. Navarra, por ejemplo tramita unas 1.000 denuncias por violencia de género al año y cuenta también con una alta tasa de renuncias, de en torno al 30%. Un dato preocupante que, no obstante, la jueza Llorca ya matizó en su momento, al defender que se abren diligencias “con un parte médico”, y así se inicia una investigación que finalmente puede no acabar en denuncia y, por tanto, cuenta en las estadísticas como una renuncia. Sin embargo, desde la Comisión se preguntan si no hay víctimas que se sienten desamparadas por el sistema, y más si se asientan estrategias judiciales con las que pueden sentir que “no son escuchadas”.