Servicios Sociales inspeccionará sin previo aviso los centros subvencionados
El avisar se va a acabar. El Gobierno de Barkos, a instancias de su vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ya ha dado el último aviso. El Plan de Inspección de Servicios Sociales aprobado para este año termina con la costumbre de advertir, con 20 días de antelación, a los centros que van a ser objeto de inspección. A partir de ahora, las inspecciones “no se comunicarán previamente y podrán llevarse a cabo en días laborables y festivos, tanto en horario diurno como nocturno”.
El Plan de Inspección de Servicios Sociales afecta a los centros residenciales y de día de las áreas de Atención a personas mayores, Dependencia, Discapacidad, Enfermedad mental, Exclusión social y Atención al menor que funcionan en Navarra, ya sean entidades públicas o privadas.
Desde 2006, la Comunidad foral garantiza por ley el derecho universal de acceso a los servicios sociales, por lo que la misma ley establece qué recursos forman parte de la cartera de servicios sociales (todos los centros deben estar inscritos en el Registro de Servicios Sociales), cómo se financian (se subvencionan a través de convenios) y cómo se controlan. El control recae desde 2008 en el plan anual de inspección de servicios sociales, la herramienta de supervisión que acaba de aprobar y endurecer el vicepresidente Laparra.
El objetivo de este endurecimiento del servicio de inspección es básico: constatar que los servicios que prestan los centros de servicios sociales financiados por el Gobierno de Navarra “se realizan en las condiciones establecidas por la Administración contratante y con el nivel de calidad exigido por la misma”.
Si, como señala el Gobierno, el plan de inspección de Laparra “contiene importantes diferencias respecto al anterior” plan, suscrito por el último Gobierno de UPN, cabe preguntarse si es que las inspecciones llevadas a cabo durante los gobiernos regionalistas no han constatado que los servicios sociales se estén prestando en Navarra de acuerdo con las condiciones y calidad exigidas por el Gobierno.
Legalizar todos los centros
Legalizar todos los centrosEn este sentido, si la segunda línea básica del plan de Laparra incluye un programa titulado “Legalización de todos los Centros y Servicios en funcionamiento”, cabría preguntarse cuántos no están en situación de legalidad, cuáles son y en qué consisten sus deficiencias. De hecho, el objetivo de dicho programa es “regularizar la situación administrativa de todos los centros y servicios que, estando en funcionamiento, no tienen las pertinentes autorizaciones”.
¿Desconocía la inspección de los gobiernos de UPN que existan centros en funcionamiento sin la preceptiva autorización administrativa? Lo único que se señala al respecto en el plan de inspección de 2015 es el programa 4.1, que habla de “subsanación de posibles discrepancias entre las condiciones en las que se concedió la autorización y los datos obrantes en el Registro”. El plan de UPN pretendía “subsanar” esta situación “mediante requerimiento de documentación administrativa o mediante visitas de la inspección”.
El plan de Laparra apuesta por otra vía. Anuncia, para empezar, un nuevo Registro de Servicios Sociales y Autorizaciones Específicas, es decir, el registro en el que desde 2008 deben constar estas entidades y asociaciones para recibir autorización administrativa dejará de tener validez; además, a continuación, señala que “se realizarán las actuaciones inspectoras necesarias para el procedimiento de concesión de autorizaciones de funcionamiento, cambio de titularidad, modificación sustancial de instalaciones, modificación de funciones y objetivos, autorizaciones provisionales para supuestos excepcionales y cese de actividad”.
En otras palabras, las autorizaciones administrativas para prestar servicios sociales financiados con dinero público estarán, a partir de ahora, sujetas a las nuevas y endurecidas normas de inspección. Además, las entidades tendrán que inscribirse en el nuevo registro y cumplir determinadas condiciones para renovar u obtener su autorización administrativa para el ejercicio de su actividad.
En el programa 3 del plan de inspección de Laparra se detallan muchas de esas condiciones. Entre las novedades, la de vigilar el cumplimiento de las ratios entre personal y usuarios que establezcan los convenios suscritos, o la de comprobar la cualificación profesional del personal directivo, del personal técnico y del personal de atención directa de cada centro.
Si estas condiciones son novedosas, ¿significa que la anterior inspección no las tenía en cuenta? Lo cierto es que en el último plan de inspección del Gobierno de UPN, vigente el año pasado, sí se recoge “la comprobación del cumplimiento de las ratios establecidas reglamentariamente o contractualmente de todo el personal del centro”; pero no se comprueba la cualificación técnica de dicho personal.
Aunque los objetos de inspección del plan de Laparra son más amplios que los que recogía el anterior plan de UPN, las cuestiones básicas que se inspeccionan (cumplimiento de la normativa, cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en cada convenio, etc) son muy similares. ¿Dónde radica entonces la principal diferencia entre el plan actual y el anterior? En el factor sorpresa: la metodología.
En los planes de inspección de los sucesivos gobiernos de UPN se establecía un inspector de referencia para cada centro. Además, “con carácter general”, se establecía “la figura de la autodeclaración a cumplimentar previamente por las personas responsables de los centros, con preaviso de la realización de las visitas de inspección ordinaria”. Es decir, la inspección remitía al centro inspeccionado unos formularios que éste debía rellenar y devolver a la inspección en un plazo máximo de 10 días antes de la visita del inspector. Además, le informaba de qué documentación debería tener disponible para el inspector el día de la visita. Todas estas facilidades, señalaba el plan, se planteaban para “dotar de una mayor transparencia y agilidad en las actuaciones inspectoras”. Sin perjuicio, claro está, de que la inspección se reservaba el derecho de realizar visitas sin previo aviso.
A partir de ahora, según el plan de Laparra, “las visitas ordinarias y las visitas resultado de una denuncia no se comunicarán previamente y se iniciarán con la identificación de los inspectores acreditados” y podrán llevarse a cabo en días laborables y festivos, de día o de noche, “sea cual sea el motivo que las cause”. Se acabó la figura del inspector de referencia, se acabó el preaviso, se acabó el formulario que hay que rellenar y se acabó con la lista de documentos que el inspector va a pedir. “La inspección podrá acceder a todas las instalaciones y locales de los centros y servicios”, añade el plan de Laparra. Y los centros deberán proporcionar a la inspección “todos aquellos documentos, datos o información que resulte necesaria”.
