Trabajadores de los servicios sociales se concentran para pedir al Gobierno foral que mejore las ratios de personal

El sindicato LAB ha señalado que hace un año, en abril de 2016, el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, “adquirió ante los trabajadores y el propio Parlamento de Navarra compromisos concretos para cambiar el Decreto Foral que establece la cantidad de personal por persona usuaria en los diferentes ámbitos de los servicios sociales”.

Según LAB, los mencionados compromisos fueron elaborar en tres meses un informe de la situación que posteriormente debía ser debatido y trabajado con representantes de los trabajadores así como usuarios y familiares. Tras este proceso de participación, “se cambiaría el actual decreto, que no asegura ni condiciones ni cargas de trabajo aceptables, ni un servicio de calidad a las personas usuarias”.

Sin embargo, el sindicato ha lamentado que, “tras varios meses de espera, no ha habido noticias del informe que iban a hacer, ni han convocado a representantes de trabajadores, usuarios y familiares, aunque fuera para dar explicaciones del retraso”. “Tampoco han cumplido otros compromisos que en teoría mientras no se cambiara el decreto de ratios iban a ir introduciendo en los contratos que hacen con empresas que gestionan centros de personas con discapacidad, para personas mayores, para menores, para mujeres víctimas de la violencia machista, y otros muchos colectivos con necesidades especiales”, ha afirmado.

LAB ha señalado que, “viendo que en este tema el Gobierno, aparte de las formas, poco ha cambiado respecto al Gobierno de UPN”, retomará una campaña de “denuncia y movilización en favor de unas condiciones y cargas de trabajo adecuadas para asegurar un cuidado de calidad en los servicios del ámbito de las políticas sociales”.

Así, ha hecho un llamamiento a la movilización en favor de un nuevo decreto que establezca “unas ratios en consonancia con la realidad de las necesidades de la sociedad Navarra, en el cual se asegure más personal, y a favor de un proceso participativo para debatir esas nuevas ratios en el que tomen parte quienes sufren los problemas habituales en este sector, esto es, usuarios, familiares y plantilla de los mismos, y que tenga como objetivo asegurar unos servicios sociales realmente de calidad”.