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Una jueza revoca la decisión del Valle de Salazar de declarar la Selva de Irati zona desmilitarizada

Europa Press

Pamplona —

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pamplona ha revocado el acuerdo de la Junta General del Valle de Salazar que declaró la Selva de Irati zona desmilitarizada y libre de todo tipo de prácticas.

La juez considera que la Junta “se extralimitó de sus competencias”, ya que las cuestiones sobre la defensa y las fuerzas armadas corresponden en exclusiva al Estado. La sentencia es firme, ya que la entidad local no la recurrió.

Según recoge la sentencia, el acuerdo recurrido tiene su origen en las quejas formuladas por varios turistas por la presencia de militares en Irati, lo que motivó que la Junta aprobara un texto, propuesto por varios vocales, y que manifestaba su “más enérgica protesta” por la presencia militar.

Entendía que tales maniobras se realizaron sin permiso ni autorización de los propietarios y exponían que la Selva de Irati era una Zona de Especial Conservación y diversas ordenanzas regulaban su uso. Según añadía, tales maniobras eran incompatibles con el uso recreativo y turístico de la zona y que los gastos generados en este tipo de actividades militares debían destinarse a otras partidas como sanidad y educación.

Tras mostrar su “malestar y rechazo”, la Junta declaró “todas sus propiedades desmilitarizadas y libres de todo ese tipo de prácticas por ser incompatibles con los usos de las mismas junto con otras consideraciones”.

El abogado del Estado, recoge el texto judicial, señala que invade competencias exclusivas del Estado, mientras que la Junta General del Valle defiende que se trata de un mero manifiesto, sin eficacia alguna, que debe encuadrarse dentro de la libertad ideológica.

La juez estima que la Junta se “extralimitó” de sus competencias ya que “no sólo manifestó su oposición y rechazo a las maniobras militares desarrolladas sino que, yendo un paso más, declaró sus propiedades desmilitarizadas y libres de todo este tipo de prácticas”. “Esta última cuestión afecta a la defensa y fuerzas armadas cuya competencia exclusiva corresponde al Estado”, añade.

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