El precio de alquiler de una vivienda protegida en Navarra será entre un 8 y un 14% más barato que en 2015

El vicepresidente Laparra ha destacado el acuerdo alcanzado con los principales agentes de este sector para favorecer proyectos de vivienda social e impulsar nuevas promociones que atiendan a la “importante demanda social que existe de vivienda protegida de alquiler”. Los representantes de la Asociación de Constructores y Promotores y de la patronal también han coincidido en subrayar dicho consenso, que posibilitará nuevos proyectos en un futuro, ha informado el Gobierno foral en una nota.

El convenio, suscrito en el Palacio de Navarra, establece un nuevo sistema de precios de arrendamiento con una fórmula de actualización basada en la variación nacional del IPC anual y dos zonas de precio distintas, en función de la demanda de vivienda en alquiler.

Así, el precio inicial máximo de renta aplicable a los nuevos contratos de arrendamiento de viviendas protegidas será en la Comarca de Pamplona de 5,40 euros el m2 útil de vivienda, de 60 euros para la totalidad de la superficie de garaje y de 2 euros el m2 útil de trastero y resto de anejos. En el resto de localidades navarras, el precio máximo de alquiler será de 5,10 el m2 útil de vivienda, y se mantienen las mismas cantidades para el garaje y trasteros.

A este descenso en los precios, cifrado entre el 8,05 y el 14,67% mencionado, se suma otra disminución del 3% como consecuencia de que ya no se puede repercutir el IBI (impuesto sobre los bienes inmuebles) a las personas inquilinas, según la legislación vigente.

El convenio ha sido suscrito por la Asociación de Constructores y Promotores de Navarra, representada por Juan Las Navas; Vitello Norte S.L., Adania Patrimonio S.L., y Adania Residencia S.L., por Mª Josefa Lizarraga; Inmobiliaria Osane S.L. y Errotabidea S.L., por Javier Marín; Apartamentos Tutelados Leyre S.L. y Gestión Asistencial S.A., por José Luis Osaba; y Building Center S.A.U., por Jaume Torrents.

Cabe destacar que, tal y como han acordado, las actuaciones previstas en el convenio se verán reflejadas en un texto legal que se propondrá para su aprobación como ley foral por el Parlamento de Navarra, sin perjuicio de que se sugieran nuevas iniciativas.

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN Y FACILITAR EL ALQUILER

La duración del régimen de protección de las viviendas de alquiler será de 15 años en el caso de las de precio tasado (VPT), de 10 años las de precio pactado (VPP), y de 8 años las de precio pactado en alquiler con opción a compra. En el caso de las viviendas de protección oficial (VPO) de alquiler, la duración será de 15, 20 o 30 años.

Asimismo, para ampliar el parque existente de viviendas de VPO en arrendamiento, se establecerán subvenciones a la promoción de estos inmuebles, que podrán ser mayores cuanto más duradera sea la vinculación temporal de las viviendas al régimen de protección.

También se quiere mejorar el acceso al alquiler de estas viviendas con diversas actuaciones como dotar de una reserva de viviendas de alquiler de integración social en las promociones donde no se hubiera previsto inicialmente, crear una reserva del 6% de las viviendas en alquiler para las personas que se inscriban solas en el censo de solicitantes, eliminar la puntuación por empadronamiento para la adjudicación de estas viviendas y dar preferencia a personas desahuciadas, modificar los tramos de renta para el mencionado procedimiento, y posibilitar que en las nuevas promociones en arrendamiento puedan coexistir en el mismo edificio programas de alquiler joven, apartamentos en alquiler para personas mayores de 60 o con discapacidad, así como inmuebles destinados al arrendamiento ordinario.

EVITAR DESAHUCIOS Y OTRAS MEDIDAS

El convenio firmado prevé otras actuaciones para evitar desahucios de viviendas protegidas en alquiler, mejorar la información que reciban las personas arrendatarias sobre los gastos y funcionamiento de su edificio; favorecer el ejercicio de la opción de compra de una vivienda alquilada; y alargar la vinculación al régimen de protección oficial de las viviendas cuyo plazo de protección finalice.

Por último, se creará el Consejo de la Vivienda de Navarra, órgano consultivo y asesor, donde el Ejecutivo foral invitará a las principales empresas y asociaciones del sector para participar en el diseño y revisión de las políticas públicas en esta materia.