“No sería necesaria una ley de víctimas de extrema derecha si los jueces hubieran hecho su trabajo”

Familiares de víctimas de “abusos policiales” han considerado “un atentado a la soberanía de nuestro Parlamento y por ende de todos los navarros” la anulación, por parte del Tribunal Constitucional (TC), de la mayoría del articulado de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, norma aprobada por el Parlamento de Navarra en 2015.

Así se han pronunciado este miércoles en una rueda de prensa en la que Fermín Rodríguez, hermano de Germán Rodríguez, fallecido por disparos de la Policía en Sanfermines de 1978; e Idoia Zabalza, hermana de Mikel Zabalza, encontrado muerto en 1985 después de haber sido detenido por la Guardia Civil; han leído un comunicado en castellano y euskera en el que piden “todos los derechos para todas las víctimas” sin “clasificarnos en víctimas de primera o de segunda”.

Han explicado que el motivo esgrimido por el TC en su sentencia es que la ley “pretendía de alguna forma sustituir la acción de los tribunales” permitiendo que la investigación “de delitos provocados por los funcionarios públicos y otros grupos parapoliciales se realizase al margen de la judicatura” a través de una Comisión de Reconocimiento y Reparación.

Ante la posibilidad de que se modifique la ley eliminando esta comisión de investigación, Fermín Rodríguez ha indicado que “una ley que no deje puertas abiertas a la investigación no sería bien recibida”.

“Nunca hubiera hecho falta una ley con estos contenidos si alguna vez la judicatura hubiera hecho el trabajo que tiene encomendado, es decir, buscar a los culpables de hechos delictivos, juzgarlos y, por supuesto con justicia, condenarlos a una pena justa a su delito probado”, ha subrayado Rodríguez. “Sin embargo, nos tiene acostumbrados al sobreseimiento de causas en las que estén implicados cualquier miembro de las fuerzas de seguridad; y, en el mejor de los casos, a condenas y penas ridículas e insultantes, si no es que finalmente resultan indultados”, ha lamentado.

Para los familiares de las víctimas, que han recibido el apoyo de varios colectivos, la sentencia del TC “era previsible” y han puesto como ejemplos casos recientes en diferentes estamentos judiciales como la sentencia del 'caso Alsasua' que “convierte una simple pelea de bar en altas peticiones de cárcel” o la de 'La Manada' “en la que una violación grupal resulta en un simple abuso sexual”.

De la misma manera, han reprochado que las diversas fiscalías del Estado “nos tienen acostumbrados a actuar de oficio sólo contra expresiones que incluyan la monarquía, el Gobierno o supuesta exaltaciones del terrorismo, y se olvidan de actuar contra grupos y asociaciones de carácter fascista y de extrema derecha”.

Han reconocido que el cambio de gobierno en el Ejecutivo foral supuso “el fin institucional de muchos años de silencio y olvido”. Si bien han considerado que sus actuaciones “son mejorables” han indicado que mantienen con el Gobierno de Navarra “una línea de comunicación estable y que era totalmente impensable hace pocos años”.

Una actitud que no ven en el Ejecutivo central que, al margen de quién gobierne, “siempre nos encontramos con una oposición total a nuestras reivindicaciones, con un muro de impunidad formado por el PSOE y el PP”. “No importa lo que votan en el Parlamento de Navarra, sus direcciones y las de sus aliados en Madrid siempre dan una respuesta contraria y obstruccionista”, han reprochado.

Para las familias de las víctimas, la ley anulada por el TC “no era una ley perfecta, por supuesto mejorable, pero era nuestra ley, la que aprobaron nuestros representantes” y que, “además del reconocimiento y la reparación, dejaba puertas abiertas a la creación de comisiones que investigasen casos que la justicia ordinaria ha dejado en el olvido”.

“En ningún caso es nuestra pretensión convertirnos en legisladores, y mucho menos en jueces, o influir en decisiones de una futura ley de víctimas de violencia policial, aunque sí ser escuchadas”, han continuado. “Las víctimas no debemos tomar parte en decisiones que atañen exclusivamente al poder legislativo” porque “nuestras trágicas experiencias nos impedirían seguramente ser justos e imparciales”, han añadido.

Desconocimiento de la historia

Finalmente, han reivindicado “la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de la violación sufrida de los derechos humanos” y han afirmado que si el reconocimiento y la reparación “no van acompañados del derecho a una justicia que conduzca hacia la verdad de los hechos, las heridas se cerrarían en falso”.

Preguntado por los periodistas sobre las declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, en las que afirmaba que “en España no ha habido abusos policiales”, Fermín Rodríguez ha contestado que “la historia deja claro que el señor Casado estaba mintiendo o desconoce totalmente la historia de este país”.

“Hasta el Tribunal Constitucional reconoce que aquí ha habido casos de violencia policial”, ha agregado