Los socialistas se “implicarán” para lograr las competencias de Prisiones y Seguridad Social
Uno de los objetivos manifiestos del Gobierno de Iñigo Urkullu para su segunda legislatura es completar el Estatuto de 1979. Si así fuera, la gestión de las dos grandes competencias pendientes de asumir por parte de Euskadi, Seguridad Social y Prisiones, dos reclamaciones históricas del PNV, quedaría en manos de una consejera del PSE-EE, María Jesús San José, titular de Trabajo y Justicia. “Vamos a implicarnos, decididamente, en su consecución. Puedo asegurarles, señorías, que en el Departamento de Trabajo y Justicia estamos totalmente preparados para la asunción de las competencias contenidas en estas transferencias pendientes”, ha enfatizado San José en su debut en el Parlamento, donde ha comparecido –ha sido la última consejera en hacerlo- para presentar las líneas generales de la legislatura.
No será San José sino el equipo de Josu Erkoreka, consejero de Autogobierno, el que asuma el liderazgo de unas negociaciones con el Estado que no serán sencillas como no lo han sido desde hace casi cuatro décadas. Con todo, el PSE-EE está decidido a colaborar. La propia consejera mencionó el tema en su reunión de la pasada semana con la ministra Fátima Báñez, según ha indicado ella misma a la Cámara.
En España, sólo Cataluña tiene competencias de gestión penitenciaria y la Seguridad Social nunca ha sido cedida a las comunidades autónomas bajo la premisa de que se trata de un sistema nacional de ‘caja única’. Sobre Prisiones, aunque la oposición y especialmente EH Bildu han querido saber por qué modelo de política penitenciaria apuesta el Gobierno de PNV y PSE-EE, San José ha pasado de puntillas más allá de apostar por un modelo que apueste por la “reinserción”.
En cuanto la Seguridad Social, la consejera socialista sí ha matizado que el País Vasco aspira a la “gestión económica”, es decir, a ejercer de pagador de las pensiones. Ha citado expresamente un punto del acuerdo de coalición entre nacionalistas y socialistas que marca que el sistema ha de preservar “su carácter unitario”, respetando “el principio de solidaridad” interterritorial.
San José también se ha zafado de las críticas que cuestionan la separación en dos áreas de Gobierno diferenciadas de las políticas de Empleo (en manos de Beatriz Artolazabal, del PNV) y de Trabajo, gestionadas por el PSE-EE. “No resta, suma”, ha dejado claro la consejera preguntada por la oposición, que la pasada semana sacó adelante una resolución en el Parlamento en la que instaba al lehendakari a reordenar las políticas laborales en un solo Departamento.
En este sentido, ha destacado la importante labor de su oficina en materia de diálogo y concertación social –ha reclamado a ELA y LAB que abandonen posiciones maximalistas y se sienten a negociar- y en materia de Inspección de Trabajo. Uno de los retos de la legislatura es la “lucha contra el fraude laboral”. Se creará un “buzón” para recibir “denuncias anónimas” de trabajadores que quieran revelar “situaciones ilícitas” –Elkarrekin Podemos ha citado las horas extraordinarias ilegales- y el cuerpo de inspectores crecerá de 38 a 44 funcionarios en los próximos meses. Según San José, la transferencia de la Seguridad Social permitiría también unificar la Inspección de Trabajo con la Inspección de Seguridad Social y reforzar así la eficacia del servicio.
La consejera ha remarcado que “se fortalecerá la labor de Osalan” en un contexto de incremento de la siniestralidad laboral (4% más de accidentes con baja y 22% más de fallecimientos). También ha manifestado que retomará en 2018 la Ley de Cooperativas que se presentó con retraso la pasada legislatura y que decayó por falta de tiempo para su aprobación con la disolución del Parlamento, como le ha recordado el PP.
En cuanto al área de Justicia, la informatización del servicio sigue siendo la gran tarea pendiente y la que supondrá más dolores de cabeza. En la agenda de San José también se hallan los planes de euskaldunización de los funcionarios y la apuesta por la mediación como vía alternativa a los procedimientos penales. Asimismo, ha citado la atención a las víctimas y sobre todo a las mujeres que sufren violencia de género como un punto de “especial atención”. “Dotaremos a los edificios judiciales de dependencias que eviten el contacto entre víctimas y victimarios”, ha prometido la consejera.
