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El Doctor Almunia y Mr. Joaquín

Quien previsiblemente estampará el 17 de julio días su firma en el documento del Colegio de Comisarios de la Unión Europea por el que se exigirá la devolución de 2.800 millones de euros de desgravaciones fiscales aplicadas mediante el tax lease entre 2005 y 2011 no será el Joaquín Almunia socialista vasco, responsable de economía de UGT y candidato en su día a liderar el PSOE, sino el Joaquín Almunia comisario europeo de la Competencia. Si esto queda claro, no hay problema. Porque una cosa es el proyecto histórico, la ideología o incluso la preferencia personal del Dr. Almunia, y otra distinta –en ocasiones tan distinta que se convierte en antagónica- la actuación a la que obliga, en el ejercicio de la responsabilidad institucional, el cargo que ocupa Mr. Joaquín.

Es verdad que en 2009 la por entonces comisaria de la Competencia, Neelie Kroes, remitió al Gobierno noruego una carta en la que explicaba que la Comisión no había encontrado “evidencias de un trato discriminatorio por parte de las autoridades españolas”, por lo que descartaba “adoptar nuevas medidas”. Por cierto, la tal Kroes es holandesa, lo que resulta particularmente interesante si tenemos en cuenta que en junio de 2011 la Comisión comenzó a investigar el tax lease español a raíz de una denuncia liderada por la Asociación de Astilleros Holandeses. El caso es que Mr. Joaquín, en las labores propias de su cargo, no considera que esta carta tenga ningún valor ya que “no es un acto formal de la Comisión ni se refiere al tema en cuestión”.

Un tema que, ciertamente, no deja de tener su aquel. Resulta que durante años, movidos por el gancho de las deducciones en el Impuesto de Sociedades reconocido por las autoridades fiscales españolas, diversas entidades totalmente ajenas a la actividad naviera, desde cajas como Caixanova o bancos como Santander y Popular, hasta empresas textiles como Inditex o grupos como El Corte Inglés, invirtieron dinero para constituir unas denominadas Agrupaciones de Interés Económico dedicadas a promover operaciones de construcción de barcos en astilleros privados gallegos, asturianos o vascos. Una ingeniería financiera realmente singular, aunque impulsada en su origen por la propia Unión Europea y aprobada, operación por operación, por la Dirección General de Tributos

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Pasar de moda

Ha publicado Gregorio Morán un puñado de artículos ineludibles para entender la deriva en que ha entrado su país de elección. Lo titula “La decadencia de Cataluña contada por un charnego”, y son una selección de sus “sabatinas” aparecidas en ese periódico tan excelente como palaciego que es La Vanguardia: creo que no tardará en apellidarse “catalana”, como antaño lo fue “española”. (Morán tiene otras páginas ineludibles para entender derivas anteriores de mi país, el vasco, que igual cuando pase la crisis (si pasa) reverdecen: “Los españoles que dejaron de serlo”. Su prólogo a la reedición de 2003 vuelve a ser ineludible para entender lo que pasó entonces).

Entre las muchas cosas básicas que recuerda en esa selección de textos, Morán refiere el secreto del político y de la política: la seducción; también su colapso. “El principio básico de todo seductor se reduce a una inconmensurable capacidad para ser creíble. Sin una credibilidad a prueba de desengaños no hay seducción posible”. Recuerdo esto porque el rey de los belgas -que así se llama en el Estado federal, descentralizado y descojonado que es Bélgica- acaba de anunciar su próxima abdicación. Su vecina Beatriz, en Holanda, hizo lo mismo que ahora Alberto. Este último parece que se ve urgido por un currículum de camas y de fiscalidad un tanto tortuoso. Pero lo cierto es que amenaza ya los ochenta, cercanía vital que recomienda en el Benelux el pase a la reserva. Recordaremos también que hace nada hizo lo propio el mismísimo santo-padre-que-vive-en-Roma.

Esta vez no he notado codazos periodísticos referidos a la pareja situación de nuestra corona y, siendo que coinciden edades, manchas curriculares y evidentes urgencias para el tránsito, me permito hacerlo en nombre de todos esos olvidadizos. La inconmensurable capacidad demostrada por Juan Carlos I para ser creíble ha entrado en barrena y tiene hasta a los “juancarlistas” desengañados. La seducción ha dejado de ser posible, como indica encuesta tras encuesta, y el cálculo de tiempos en el proceso de degeneración amenaza la misma posibilidad de futuro de su heredero. Los expertos de La Zarzuela manejan el mismo cuadro que los especuladores bursátiles y apuran hasta avisar unos minutos antes de que la curva de lo irrecuperable se cruce en su bajada con la de la curiosidad benéfica que adjudican a la novedad del príncipe Felipe.

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Laissez-passer

La referencia del título no tiene que ver con el mal momento que vive la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, para enfrentar el cual está pidiendo firmas con la campaña “CEAR es más necesaria que nunca” a través de change.org El asunto remite a algo más banal, pero no menos importante ni tampoco alejado de los problemas que también padecen los refugiados. Me refiero al repertorio de recursos de las administraciones para sacarle los cuartos al ciudadano y cuadrar a martillazos sus presupuestos.

Hace unos días saltaba a los medios la noticia de que la Diputación guipuzcoana se cargaba la declaración conjunta de las parejas con el argumento de la emancipación femenina y la lucha contra la dependencia de la mujer del salario del varón. Un colega de esta misma página acertó a escribir que la decisión se apoyaba en un “informe de género (tonto)”. La misma institución maneja la posibilidad de cobrar a los usuarios de la N-I a Francia (ahora a Lapurdi) y de la A-15 a Navarra (un epílogo adecuado a la chapuza histórica que dio lugar a esa autovía de Leizarán).

La idea no es novedosa: el país está trufado de portazgos, pontazgos y montazgos, al mejor estilo medieval. La diferencia es que hoy se llaman peajes de autopista, pero siguen beneficiando a los mismos señores feudales gestores del cobro asignado por la hacienda correspondiente. Hay regiones y provincias imposibles de transitar si no es apoquinando, salvo que se elija un camino alternativo nuevamente medieval.

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Crisis e inmigración

El Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, acaba de hacer público su Barómetro 2012 sobre percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera. Los datos que han centrado la atención de los medios de comunicación han sido aquellos que abonan una idea que, en principio, puede parecer autoevidente: que la mayor o menor tolerancia social hacia la inmigración depende grandemente de la coyuntura económica, de manera que resulta “lógico” que en la actual coyuntura de crisis prolongada la sociedad vasca exprese opiniones sobre la inmigración cada vez más críticas. Así, entre 2011 y 2012 el porcentaje de vascos y vascas que defienden la expulsión de los inmigrantes que carezcan de permiso de residencia ha crecido desde el 8,8 hasta el 21,3%, al tiempo que ha disminuido sensiblemente el porcentaje de quienes creen que todos los inmigrantes, al margen de su situación legal, deberían tener derecho a la asistencia sanitaria (del 72,9 al 57,5%) o a la educación (del 71,1 al 52,8%). También ha disminuido el índice de tolerancia, del 57,17 al 53,62. Por decirlo a las claras: si hace un tiempo  parecíamos ser una sociedad más tolerante era solo porque la crisis no había dejado sentir plenamente sus efectos en Euskadi.

Es esta una perspectiva que permite alimentar un discurso despreocupadamente optimista: si la asociación entre crisis y actitudes hacia la inmigración es tan evidente, cabe esperar que cuando pase la crisis se reducirán también las expresiones más evidentes de rechazo, intolerancia o incomprensión, volviendo la sociedad a posiciones anteriores a la crisis. Pero los riesgos que se derivan de un planteamiento así no pueden ignorarse. Evidentemente las crisis económicas ocurren, son cosas que nos pasan, situaciones que sufren las sociedades y que muchas veces resultan impredecibles, pero las sociedades afrontan y experimentan las situaciones de crisis de distinta manera en función de  cómo se han ido construyendo antes y al margen de la crisis.

Merece la pena recordar aquello que escribe Marx al comienzo de El 18 Brumario de Luis Bonaparte: "Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo circunstancias directamente dadas y heredadas del pasado". No podemos elegir hacer nuestra historia en condiciones de crisis o de estabilidad económica, pero sí podemos actuar sobre las capacidades y los recursos que nos van a permitir afrontar las situaciones de crisis en las mejores condiciones posibles. Las personas que viven en el mundo rural suelen decir que los incendios del verano se apagan en invierno, aprovechando esta estación para limpiar adecuadamente los bosques; del mismo modo cabe decir que la intolerancia y el rechazo a las personas inmigrantes que las crisis económicas alientan se combaten durante los periodos de estabilidad.

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Brocha gorda

El Centro de Historia Contemporánea de Cataluña ha convocado un congreso bajo el título “Espanya contra Catalunya: una mirada histórica (1714-2014)”. El Centro es un apéndice del Museo de Historia, aquél del que escribió Anasagasti que “si entras indiferente sales convertido en un abertzale catalán”. Vamos, un museo público destinado a fabricar nacionalistas, no a hacer ciudadanos nacionales. El sitio es muy bonito, enclavado en el puerto de Barcelona y bien resuelto museográficamente. Sobre el relato, es como ver la historia de Cataluña solo con un ojo, el ojo nacionalista que todos tenemos.

Ningún poder se priva de hacer discurso, pero los poderes públicos no deberían hacer relatos tuertos, dirigidos a formar partidarios y no ciudadanos críticos. Por desgracia, no es así. Cuando las cosas están más o menos normales, influyen de tapadillo; cuando están en crisis, apartan el embozo y se ponen a lo bestia, a la brocha gorda, aprovechando el incremento del número de sus hooligans.

El estudio de la historia tiene funciones diversas y en la práctica contradictorias. Trata de proporcionar conocimiento veraz sobre lo ocurrido para que el ciudadano construya sus referentes, pero, a la vez, suele facilitar visiones simplistas, en la mejor tradición de la manipulación ideológica. No es fácil hacer bien el trabajo de historiador, pero sí lo es detectar cuándo se hace mal. Si el trabajo se hace bien, la historia ilustra acerca de la complejidad de lo ocurrido, de las múltiples causas que influyen en unos hechos, y jerarquiza su importancia. Si el trabajo se hace horrorosamente, se monta un cuento de unos contra otros a lo largo de los tiempos, se simplifican argumentos, y se hace una historia de buenos y malos, de nuestros y ajenos, en razón de un único y poderoso factor.

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Plazara (A la plaza)

La Kasba en Túnez, Tahrir en El Cairo, Sol en Madrid, Syntagma en Atenas, Zuccotti Park en Nueva York… Ahora es la plaza Taksim en Estambul la que toma el testigo de la revuelta cívica que, desde hace más de dos años, no deja de impugnar la falacia de “la única política posible” proclamada por todos los poderes institucionalizados, la del “se hace lo único que se puede y se debe” enarbolada por los tecnócratas cortesanos al servicio del capital. Más allá de sus diversos detonantes, en todos los casos la razón de fondo de las protestas es la misma: la lucha por la dignidad, la defensa de relaciones sociales alternativas frente al fundamentalismo que pretende reducir la complejidad de la vida social a una sola norma. Si en Turquía el simplificador y recortador de alternativas es el fundamentalismo religioso, en Europa quien cumple esa función es el fundamentalismo de mercado.

En su último libro, Agrietar el capitalismo, John Holloway sostiene que el capitalismo está lleno de grietas, ya sean pequeñas (como las prácticas individuales de austeridad o de consumo justo) o grandes (como la revuelta zapatista en la selva Lacandona o la acampada de Sol). La teoría clásica leninista, aún muy presente en las izquierdas, sólo es capaz de imaginar estas potenciales grietas como hechos o prácticas que ocurren en el espacio del Estado y del poder político o económico, y sólo las valora en la medida en que permitan la conquista del poder estatal. Sin embargo, Holloway considera que lo que realmente permite la formación de una grieta es la decisión, en última instancia personal, de negarse a obedecer, a colaborar, a vivir según las normas del sistema. En el mejor de los casos, estas negaciones son al mismo tiempo creaciones, espacios o momentos que van en contra y más allá del capitalismo.

Las plazas están jugando el papel que antaño jugaron las calles en la historia de la movilización social. Ya no se trata de desfilar sino de encontrarse, no se trata de marchar sino de permanecer. La cuestión no es ser (muchas y muchos) durante un momento (breve), sino de estar, de permanecer.


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Mito y rito de la huelga general

Desde los orígenes del movimiento obrero y de la reivindicación popular la huelga general se conformó como el instrumento supremo y definitivo del combate social. Para expresar la protesta ante situaciones inaceptables o la oposición a iniciativas agresoras desde los poderes, para conquistar derechos o para demoler progresiva o violentamente el statu quo y dar inicio a la transformación revolucionaria de lo existente, la huelga general se apreció como el no va más del combate social. Su enunciación era tan mágica como respetada: puesta en marcha no había retorno, por lo que era de rigor acudir a ella en la ocasión extrema y tras una adecuada reflexión y preparación. La historia de cada país está jalonada de fechas en rojo que remiten a jornadas gloriosas como, en nuestro caso, la huelga de agosto de 1917, las huelgas vascas de 1947 y 1951, las mineras y luego fabriles de 1962, las muchas journées del final del franquismo y del inicio de la transición, o la mítica del 14-D, la madre de todas las huelgas.

Aunque no se ha estudiado la cuestión con rigor empírico, se supone que, salvo en el caso de la huelga revolucionaria, cada huelga general tenía al día siguiente una gestión formal o informal de sus resultados. La huelga, general o no, es una demostración de fuerza por parte de quien la lleva a cabo, que necesita de su rentabilización inmediata o mediata por la vía de la negociación o de la presión. Esta segunda fase depende de si están o no establecidos mecanismos de relación entre las partes. Si lo están, los portavoces de los huelguistas negocian y perfilan más o menos la iniciativa que suscitó la protesta; si no lo están, se acumulan las demostraciones hasta doblar la resistencia del contrario. Nuestra historia reciente -la vivida por la gente que ahora tiene cincuenta años- es aleccionadora a este respecto: estamos convencidos de que la transición se produjo como se produjo, en buena parte, porque existió la presión de la calle, que no tenía traslación directa en la negociación, pero que sí incidía en la voluntad de aquellos gobernantes; en otro sentido, las huelgas generales del periodo democrático actual limitaron al día siguiente algunos de los efectos más negativos de aquellas propuestas gubernamentales objetadas.

Sin embargo, de poco tiempo para acá las cosas han cambiado por completo. Lo profundo y estructural de la crisis que vivimos genera dos efectos combinados. De una parte, nadie sabe de verdad cómo salir de ésta, por lo que no hay negociador del éxito de una huelga general que sea capaz de presentar un programa alternativo a la agresividad de los poderes, más allá de una suma de noes. De otra, nadie espera ni demanda esa rentabilización del posible éxito de una huelga general por la vía de la negociación, por lo que ésta se inscribe claramente en las del tipo de demostraciones de protesta sin más. De alguna manera, desprovistos de programa político alternativo y conscientes de que enfrente tampoco tienen a negociadores dispuestos o capaces, los sindicatos acuden a la huelga general como rito colectivo de oposición, de manifestación del descontento social, de encauzamiento organizativo de una protesta que de todos modos se va a producir, y que entienden que fortalece precisamente y da sentido a los sindicatos el que se promueva a partir y en el marco de éstos.

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Distorsiones de la democracia

El pasado 22 de mayo, en el marco de la Asamblea General de la Confederación empresarial de Bizkaia, Cebek, se celebró en Bilbao un encuentro empresarial con el título “¿Es posible reindustrializar Euskadi? ¿Cómo lo hacemos?”, en el que participaron como ponentes Juan José Toribio, presidente de la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra (IESE) y Josu Jon Imaz, presidente de Petronor. He leído con atención e interés todas las noticias sobre este acto, pero no he logrado enterarme de si los participantes en dicho encuentro, un auditorio formado por destacados empresarios, prácticamente todos varones, dieron respuesta a la pregunta que los reunía. Lo que sí ha quedado de esa jornada es una afirmación de Toribio: “Lo que los sociólogos llaman conquistas sociales y lo que los juristas llaman derechos laborales, nosotros lo llamamos distorsiones del mercado de trabajo. Eso es lo que son en lenguaje económico”. ¿Suscribe el empresariado bizkaíno esta idea? Aunque en economía teoría y práctica caminan de la mano, no me refiero tanto a la perspectiva teórica de los market failures, característica del pensamiento económico dominante al igual que la teoría de las expectativas racionales, el enfoque de los mercados eficientes o la idea de las externalidades, cuanto a la convicción práctica de que, realmente, los derechos sociolaborales no son más que obstáculos para el funcionamiento del mercado.

El desarrollo del Estado de Bienestar ha supuesto una desmercantilizaciónde los intereses de los trabajadores, al reemplazar los “derechos de propiedad” por los “derechos de ciudadanía”, de manera que las prestaciones sociales a las que el individuo tiene derecho no derivan de su posición en las relaciones de mercado, sino que responden a una concepción social y política en virtud de la cual se asume que los individuos o las familias pueden mantener un nivel de vida socialmente aceptable independientemente de su participación en el mercado. Las bases morales del welfare han supuesto, por encima de todo y más allá de sus concreciones en cada lugar y en cada tiempo, la afirmación de la universalidad(son derechos de todos y cada uno de los seres humanos, al menos de los ciudadanos y hasta de los habitantes en un país determinado) e indisponibilidad (están sustraídos tanto a las decisiones de la política como del mercado). Desde esta perspectiva cobra pleno sentido la idea de que el estado social ha sido la última encarnación de la idea de comunidad: las instituciones del bienestar han sido, por encima de todo, un proyecto de vida en común. “El estado de bienestar –señala Bauman- era un modo de evitar la tendencia a desintegrar las redes formadas por los vínculos humanos y a socavar los fundamentos sociales de la solidaridad humana”. Un Leviatán moral, pacífico, que nos permitió soñar durante el “breve siglo socialdemócrata” en la posibilidad de superar definitivamente los principales riesgos de retroceso al estado de naturaleza. Pero la caída del Muro de Berlín puso fin a este proyecto de comunidad y hoy asistimos a una remercantilización de importantes ámbitos antes reservados a la previsión pública, como la salud, la educación, la seguridad, las pensiones, que dejan de ser universales y pasan a depender de las decisiones políticas o de los avatares del mercado.

Hoy asistimos a una remercantilización de importantes ámbitos antes reservados a la previsión pública, como la salud, la educación, la seguridad, las pensiones, que dejan de ser universales y pasan a depender de las decisiones políticas o de los avatares del mercado.

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