El Acuerdo de la Enseñanza Pública cada vez más desafinado

Recuerdo una escena cinematográfica en la que Geoffrey Rush (capitán Barbossa), mientras dirige su barco hacia el fin del mundo (Singapur) para reunir a la hermandad pirata y liberar a la diosa Calypso, la única que puede poner orden y dirigir correctamente los océanos, le espeta a Johnny Deep (Jack Sparrow): “Yo no incumplo un trato una vez cerrado. Pero solo acordamos los fines, ¡los medios, los decido yo!”. Si no me falla demasiado la memoria, se trata de una escena de 'Piratas del Caribe. En el fin del mundo', tercera entrega de una de las sagas que más beneficios ha aportado a la cuenta de resultados de la factoría Disney en este siglo XXI.

La película es del año 2007, pero estaría de rabiosa actualidad si la viéramos como metáfora para entender la situación en la que se encuentra el Acuerdo de mejora del Convenio que regula las condiciones laborales del profesorado no universitario de la CAPV. La frase citada podía haber estado perfectamente en el pensamiento de la Viceconsejera de Administración y Servicios, Olatz Garamendi, firmante del Acuerdo, por parte de la Administración educativa: “Conseguido el objetivo con la firma –léase, parar las movilizaciones sindicales de los últimos años- es mi momento: yo decido los medios: manejar los tiempos, priorizar las necesidades de servicio del Departamento, ralentizar aquello que hemos aceptado sin creérnoslo en exceso.”

No es más que una hipótesis, pero no debería andar muy desviada, si observamos el nivel de hartazgo e indignación que se aprecia en las sedes sindicales de los firmantes del Acuerdo. Porque así es como éstos lo entienden, cuando repasan el estado de desarrollo e implantación de los 14 puntos y la disposición final  acordados hace 13 meses. El Acuerdo firmado está siguiendo un proceso de implantación excesivamente abrupto, con urgencias innecesarias en algunos casos y paradas inexplicables en otros. Un Acuerdo que parece funcionar según la música que desde la Consejería se ha decidido, ignorando que buena parte de los intérpretes que deben acompañarla asisten con asombro, cuando no con abierto enfado a una melodía que empieza a desafinar de forma preocupante.

En junio de 2018 se buscaba un avance significativo en la mejora de la práctica laboral para más de 27.000 personas. Se hablaba entonces de la ilusión que suponía la firma, iniciadora de un proceso que podría culminar en un convenio nuevo, diez años después del último firmado por CCOO Irakaskuntza y UGT, en el ya lejano 2010. Un año después la bancada sindical habla abiertamente de decepción, de fastidio -cada vez menos disimulado- ante la Administración educativa vasca, única responsable de esta frustración. Porque es el Departamento de Educación el responsable de la ejecución y puesta en marcha de todos y cada uno de los puntos consensuados. Y aún sigue habiendo agujeros perceptibles, asuntos sin tratar (zonificación de las sustituciones, OPEs próximas, procesos de concursos para servicios de apoyo, puestos singulares,…).

Porque es el Departamento de Educación quien de manera unilateral ha decidido “congelar” temas tan importantes como el estudio de la posible ampliación al colectivo interino de la reducción de un tercio de la jornada lectiva a las personas mayores de 60 años, obviando el punto que obligaba a buscar soluciones en el plazo de seis meses posteriores a la propia firma del documento.

Es el Departamento de Educación quien encuentra obstáculos –que tenía que tener previamente controlados o cuando menos previstos- en la aplicación de servicios administrativos a los centros de Enseñanza Infantil y Primaria, o en la asignación de recursos, según el nuevo Índice de Necesidades Educativas para los centros de Enseñanza Secundaria, -pospuesto un año por la indefinición del servicio a la hora de enviar los recursos-, o el nuevo sistema de asignación de sustituciones por aplicación informática.

Es el Departamento de Educación, en fin, responsable de la convocatoria de la Comisión de Seguimiento que debe velar por la interpretación y desarrollo del Acuerdo y aún no ha establecido una periodicidad de reuniones que obligue a las partes –pero especialmente a la propia Administración- con las sesiones y asuntos a tratar en cada caso. Una frecuencia que, conocida de antemano, no condicione agendas de trabajo personales ni las condicione por incapacidad para adoptar propuestas activas.

La Consejería de Educación no está haciendo debidamente sus deberes por razones que se pueden barruntar: cierta tranquilidad respecto a otros sectores más tensionados -como la Concertada- o una sensación equivocada de que la legislatura en cualquiera de sus dos versiones (de adelanto electoral o de cumplimiento íntegro) no debe dedicar más esfuerzos personales y económicos a la Enseñanza Pública.

Hace ya mucho tiempo que la palabra de los vascos y de las vascas necesitó estar estampada por escrito, para certificar más firmeza y seguridad que el simple apretón de manos, reminiscencia de aquella Arcadia feliz que algunos tanto añoran. Y hace mucho tiempo que los juzgados tienen que intervenir para dirimir responsabilidades por incumplimientos pactados, aunque estos gocen de todas las firmas legales.

Continuando con el simil pirateril, quizás es que ahora, en pleno siglo XXI, se empiezan a mover otras formas de subscribir compromisos. Wikipedia señala que en aquella época tumultuosa y fascinante de corsarios y navíos era suficiente colocar una mano sobre una botella de ron y la otra sobre la Biblia, crucifijo o hacha de abordaje para señalar consensos. Y después trazar una cruz. ¿Estaremos acercándonos, otra vez, a esta opción?

Sea cual sea el planteamiento que se haya hecho, el Departamento de Educación debería tener presente que lo que los sindicatos firmantes pusieron encima de la mesa para el Acuerdo no fue solo una firma; fue especialmente la responsabilidad de hacer un seguimiento controlado para que se fueran cumpliendo todos y cada uno de los compromisos adquiridos. Se equivoca quien piensa que Comisión de Seguimiento es sinónimo de Consentimiento.