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Cambio de rumbo: adiós a la cultura de usar y tirar

Una de las novedades recogidas en el proyecto de ley es el plan para indemnizar a los municipios que dispongan o vayan a contar con infraestructuras o instalaciones de gestión de residuos a modo de "compensación por la carga ambiental y social adicional" respecto a otras entidades locales

Planta de reciclaje

Planta de reciclaje

Si el consumo continúa aumentando como en los últimos años, en 2050 la población del planeta necesitaría tres veces más cantidad de materiales y un 70 % más de alimentos. Sólo en los próximos veinte años la necesidad de agua y energía será un 40 % mayor. Esta carrera impactará de lleno sobre una industria europea en la que el 40 % de sus costes totales se deben a las materias primas -frente a un 20 % de los laborales- y en un mercado de "commodities" en el que se ha producido un incremento anual en los precios del 6 %, desde el año 2000. Pero no son solamente el petróleo o el gas los recursos considerados críticos, sino también otros, que son suministrados a la industria europea, como el Antimonio, Galio, Germanio, Talio o Platino, y que presentan graves riesgos.

La UE ha puesto en marcha distintas iniciativas para afrontar de forma integrada algunos de los grandes retos derivados de los problemas ambientales y de competitividad de la industria europea. La 'Hoja de Ruta hacia una Europa Eficiente en el Uso de Recursos', enmarcada en la Estrategia Europa 2020 de la Comisión Europea, establece acciones para la estimulación del mercado de materiales secundarios y la demanda de materiales reciclados ofreciendo incentivos económicos y desarrollando criterios para determinar cuándo un residuo deja de serlo.

La otra gran iniciativa europea 'Una política industrial integrada para la era de la globalización' establece seis líneas prioritarias de actuación entre las que destaca una 'Política industrial sostenible, construcción y materias primas' que impulsa, entre otros, el "desarrollo de mercados del reciclaje estables y regímenes en materia de responsabilidad ampliada de los productores, como medio para avanzar hacia una economía circular".

Todo esto tiene que ver con el Plan de Residuos 2017-2027 de Navarra, que fue aprobado en diciembre de 2016, y con el proyecto de Ley Foral de Residuos y su Fiscalidad, que fue aprobado en noviembre de 2017, y que desde entonces ha sido sometido a la participación pública y posteriormente enviado al Parlamento de Navarra para su tramitación y debate, y cuyos principales objetivos son prevenir la generación de residuos, mejorar su gestión, avanzar en la economía circular y en la lucha contra el cambio climático en el marco de las competencias de la Comunidad Foral.

Pues bien, la nueva Ley de Residuos de Navarra 2017-2027 superó el pasado martes día 29 de mayo el trámite de enmiendas e irá a Pleno del Parlamento el próximo 7 de junio para lanzar, con las prioridades introducidas por el cuatripartito, un proyecto centrado en la preservación del medio ambiente y la salud humana, y que prima “la prevención, la reutilización y el reciclado sobre la incineración y la eliminación en vertedero”. Entre las principales novedades del nuevo texto destaca la progresividad en la aplicación de la nueva tasa verde para "flexibilizar el impacto del tributo". El impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración pretende fomentar la prevención, la reutilización y el reciclado, y cumplir las metas establecidas en la normativa europea. De este modo, se penalizará a las mancomunidades que más generan pagando 5 euros cada tonelada que vaya a vertido o a quemar a partir del 2018, 10€ en 2019 y 20€ en 2020. Se establece también un tipo “intermedio” (era 1 euro por tonelada) para aquellos “restos industriales no peligrosos de matriz mineral que estén en parámetros de baja lixiviación”. Los ingresos de este impuesto pasarán a formar parte de un Fondo de Residuos que se destinará exclusivamente a fines previstos en el proyecto de ley: acciones de sensibilización y de investigación en prevención; mejora de los sistemas de recogida selectiva y transporte; recuperación de zonas degradadas y suelos contaminados; y acciones de preparación para la reutilización, entre otros.

El impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración pretende fomentar la prevención, la reutilización y el reciclado

Se trata de un impuesto llamado a desaparecer, puesto que se paga por la eliminación en vertedero, de modo que cuanto menos destine al vertedero una Mancomunidad, menos pagará su ciudadanía.

Otra de las novedades recogidas en el proyecto de ley es el plan para indemnizar a los municipios que dispongan o vayan a contar con infraestructuras o instalaciones de gestión de residuos a modo de “compensación por la carga ambiental y social adicional” respecto a otras entidades locales.

Por último, se anuncia un nuevo instrumento fiscal para, a partir del 1 de enero de 2023, gravar el transporte de residuos domésticos con destino a infraestructuras de eliminación o incineración. El propósito es “evitar desplazamientos indeseados dentro y fuera del territorio navarro”.

En relación a las bolsas de plástico y, a imagen de países como Francia, se opta por una prohibición generalizada a partir del 1 de enero de 2020, dado que la inclusión de material reciclado en las bolsas “no evita el perjuicio ambiental y de gestión”, cosa que no sucede con otros productos resistentes biodegradables o compostables (bolsa de papel). La restricción alcanza también a la venta de productos envasados en monodosis o cápsulas de un solo uso, cuya venta, muy extendida, genera residuos que “actualmente no tienen tratamiento”. Y a los platos, vasos, tazas y bandejas alimentarias desechables de plástico, excepto aquellas de material biodegradable, conforme a la directiva europea.

Al margen de ese período transitorio, se establece que, a partir de 1 de julio de 2018, quedará prohibida la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico, también en la modalidad de venta on line, a excepción de las catalogadas como muy ligeras (espesor inferior a 15 micras). Los comerciantes deberán informar anualmente del destino medioambiental asignado.

Por otro lado, el borrador final proyecta que en los locales de hostelería y restauración “se ofrezca siempre a los clientes la posibilidad de tomar agua del grifo, de forma gratuita y complementaria a la oferta del propio establecimiento”.

Sin duda, nos encontramos con una ley que es pionera en el tema de residuos a nivel del conjunto del Estado español, y que sitúa a la Comunidad Foral de Navarra en una situación histórica de seguir avanzando y ser una palanca de un cambio de rumbo en la gestión de los residuos. Aprobar una ley de este tipo que promueva la economía circular y desincentive la eliminación, supone extender el ciclo de vida de los productos mediante reparaciones, reutilización y rediseño de artículos. Pero, también, se fija un objetivo muy ambicioso, como es el reto de conseguir que la recogida selectiva alcance el 79% del total de los residuos generados, que está por encima de lo que marca la Unión Europea.   

De esta manera, es posible pasar de la actual Economía lineal de “tomar, hacer, desechar”, reflejo de una época en que los recursos y la energía se creían ilimitados y eran fáciles de obtener y no había conciencia de las graves consecuencias medioambientales, a una Economía circular que pretende conseguir que los productos, componentes y recursos en general mantengan su utilidad y valor en todo momento, o lo que es lo mismo se cambie la mentalidad pensando en los residuos como recursos, aprovechándose una y otra vez en un proceso cíclico.

En este sentido, la fiscalidad es un aspecto fundamental, ya que el pago por generación que se establece en la nueva Ley Foral de Residuos de Navarra supone que el ciudadano o la ciudadana pueda ver realmente como afecta a su economía el tener un hábito de menor generación de residuos y reciclado, u otro. Al igual que la Ley establece el impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración, con el fin de fomentar la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclado, y desincentivar la eliminación en vertedero y la incineración.

La economía circular exige replantearse básicamente dos cuestiones: la sociedad de consumo actual, es decir, si nuestras compras obedecen a una necesidad real - ¿para qué comprar más de lo necesario? -, y si incorporan valores medioambientales, como que se pueden reutilizar o reciclar.

El hecho de generar un residuo no es algo que no tenga un coste, ni económica ni ambientalmente, ya que ese residuo contiene toda una serie de recursos como vidrio, metales, materia orgánica, plásticos, papel y cartón, etc., que son necesarios para el futuro.

Las cifras de determinados países europeos más avanzados en la implementación de la economía circular reflejan que han reducido de forma importante su consumo de recursos contribuyendo a la generación de riqueza y a la creación de empleo verde, y a un futuro en que las nuevas generaciones puedan gozar de los mismos recursos que hoy tenemos nosotros.  Navarra va camino de ello, aunque ello supone, entre otras cosas, una muy importante y capital: cambiar la mentalidad de la ciudadanía, empresas e instituciones, pensando en los residuos como recursos, aprovechándolos una y otra vez en un proceso cíclico.                

*Julen Rekondo es experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente

 

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