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Colombia: El que disienta, la paga

La criminalización y judicialización de activistas es una estrategia de desarticulación del pensamiento crítico y la oposición política que se da en muchos contextos

Cárcel de mujeres 'El Buen Pastor'

Cárcel de mujeres 'El Buen Pastor'

'El que disienta, la paga' es el título de un informe que aborda la situación carcelaria y la persecución judicial a los movimientos sociales y populares en Colombia, elaborado por el Equipo Jurídico Pueblos de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (REDHER). La criminalización y judicialización de activistas es una estrategia de desarticulación del pensamiento crítico y la oposición política que se da en muchos contextos. Las organizaciones firmantes de este artículo lo hemos constatado a lo largo de nuestra experiencia en el acompañamiento a personas defensoras de derechos humanos que llegan a Euskadi en el marco del Programa Vasco de Protección. El caso de las mujeres imputadas por el atentado contra el Centro Comercial Andino de Bogotá es un caso paradigmático de esta estrategia.

El pasado viernes 19 de julio visitamos el Pabellón 6 de la cárcel de mujeres 'Buen Pastor' en Bogotá. En ese momento, un total de 2.178 mujeres permanecían recluidas en su interior: 1.394 condenadas y 784 encausadas.

En el pabellón 6, pabellón de máxima seguridad reservado para las presas políticas, hay un total de 20 mujeres y 23 menores. La población de presos y presas políticas en Colombia comprende a personas que han formado parte de grupos insurgentes, así como a personas procedentes de movimientos sociales y populares, comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que son judicializadas por su trabajo en defensa de los derechos humanos, en el marco de una estrategia global para terminar con las disidencias políticas.

Nos reunimos con 10 mujeres. Las más veteranas, encarceladas por pertenecer a diferentes grupos insurgentes (ELN, EPL, FARC-EP), llevan entre 10 y 20 años cumpliendo condena. Entre las más jóvenes se encuentran las lideresas estudiantiles, defensoras de la Universidad pública, Lina Vanesa Jiménez Numpaque, Lizeth Johana Rodríguez Zárate y Alejandra Méndez Molano, encausadas por el atentado en el Centro Comercial Andino de Bogotá, ocurrido el 17 de junio de 2017, en el que murieron tres personas y otras ocho fueron gravemente heridas. Desde entonces, están cumpliendo prisión preventiva a la espera de un juicio donde poder demostrar su inocencia.

La rabia, la indignación y el miedo encienden sus rostros, sus ojos se humedecen mientras nos relatan el sinfín de irregularidades procesales y violencias vividas. Nos hablan de utilización de pruebas y testigos falsos, de señalamientos misóginos y machistas por parte de funcionarios públicos y medios de comunicación de masas, del allanamiento de viviendas de familiares y amigos, de seguimientos… Sus palabras se convierten en un llamado colectivo que denuncia la política penitenciaria en Colombia, la situación de las presas políticas y, de manera general, una política de Estado represiva contra el pensamiento crítico. El propio Ministerio Público realizó afirmaciones tales como que las personas acusadas eran “personas con ideologías de izquierda” y, por tanto, “con ideas contrarias al pensamiento que rige”.

Las personas son condenadas en juicios paralelos propiciados por medios de comunicación al servicio de estas políticas de criminalización

Lo primero que vemos al llegar al pabellón 6, mientras esperamos en el último de los varios controles policiales, es la ropa tendida. Sábanas y ropas cuelgan de las ventanas de las celdas. En el interior del patio, niños jugando y mujeres conversando. Y el ruido. Ensordecedor en algunos momentos de la visita. Las obras de remodelación del patio comienzan a las 07:00h. y finalizan a las 16:00h. Todos los días. Además del ruido y del polvo, está el amianto, escondido entre las tejas. La solicitud de mascarillas les ha sido denegada y las obras continúan con ellas y sus hijos e hijas en el interior. Tras las obras, el patio estará destinado a madres, niños y niñas, y mujeres gestantes. Las demás presas políticas aún no saben a dónde ni cuándo las trasladarán. Y temen un mayor aislamiento del que ahora viven.

En 2013, la Corte Constitucional, en sentencia T-388, declaró el Estado de Cosas Inconstitucional debido a la crisis estructural de las cárceles del país. En años posteriores, se ha reiterado esta declaratoria ante la violación “masiva y generalizada” de los derechos de las personas privadas de libertad. Estas se enfrentan a hacinamiento, inseguridad y criminalidad, tratos crueles, inhumanos e indignos, así como a un precario sistema de salud. El acceso a atención médica, medicamentos, exámenes o asistencia especializada es prácticamente nulo.

Ellas inciden, especialmente, en los casos de salud mental y salud reproductiva. No hay especialistas en psicología, psiquiatría o ginecología. Muchas recurren a las tutelas para acceder a reconocimientos médicos o los pagan con su propio dinero. Una alimentación de baja calidad y la dotación de kits de aseo deficientes, terminan por agravar la salud de las reclusas.

Como denuncian muchas organizaciones y movimientos sociales en Colombia, y como hemos venido comprobando en Euskadi gracias a la experiencia de las defensoras de derechos humanos que han participado en el Programa Vasco de Protección, en el actual contexto de conflictividad socio-política en Colombia se viene desarrollando una política de Estado que utiliza la detención masiva y arbitraria y la apertura de procesos judiciales contra las personas que defienden los derechos humanos como estrategia para desarticular los procesos de resistencia. La defensa de la vida digna en los territorios frente al accionar de las empresas multinacionales y su modelo capitalista de despojo, de la Universidad pública o la oposición política, se convierten en actividades sospechosas, contrarias al sistema.

Estas personas, por lo general, son acusadas de pertenecer a grupos insurgentes en procesos que se caracterizan por la vulneración reiterada de garantías procesales, como el principio de presunción de inocencia. La prisión preventiva como medida ordinaria por constituir un “peligro para la sociedad” y la presentación de las detenciones ante la opinión pública como éxitos en la lucha contrainsurgente, son un claro ejemplo de ello. Las personas son condenadas en juicios paralelos propiciados por medios de comunicación al servicio de estas políticas de criminalización. Y se les somete a un doble castigo: aislamiento, peores condiciones de habitabilidad, mayores obstáculos para acceder al sistema de salud o imposibilidad de participar en los talleres que son el acceso a beneficios penitenciarios.

Al estigma de 'guerrilleras' al que se enfrentan Lizeth, Lina y Alejandra por su activismo político y estudiantil en defensa de la Universidad pública, se suman los insultos machistas y misóginos propios de un sistema patriarcal. Son 'guerrilleras' y son 'putas'. Y en función de ese estigma, se deriva el (mal)trato que reciben de los funcionarios.

Ellas resisten. La convicción política y sus ideales libertarios son su tabla de salvación. También las mantiene a flote el apoyo de familiares y amigos: no sentirse solas, saberse acompañadas, queridas, presentes. Se reafirman en su condición de sujetas políticas activas, en su defensa de la vida digna y de la Universidad pública. Todo esto, las mantiene vivas.

*Artículode opiniónde Emigrad@s sin fronteras, Mugarik Gabe, CEAR-Euskadi

*La visita a la cárcel del Buen Pastor en Bogotá se enmarcó fuera de la agenda oficial, en el marco de la visita realizada en julio a Colombia con motivo del seguimiento a las defensoras de DDHH que han participado en el Programa Vasco de Protección Temporal.  

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