Según el calendario previsto, este nuevo curso escolar comienza con la aplicación de la ley Wert. La “inevitable” contestación a la aplicación de la LOMCE en Euskadi ha tenido su reflejo en los malabarismos del Gobierno vasco que, sin renunciar al recurso de inconstitucionalidad, ha procurado minimizar su incidencia. Un hecho loable que ha contado con la comprensión de la oposición que, en el fondo y en la forma y a pesar de las apelaciones a la insumisión -incluso a la independencia y soberanía educativas- están de acuerdo en que ésta es una ley innecesaria, retrógrada, recentralizadora, clasista, sexista, segregadora, discriminadora…etc. En definitiva, que esta ley en el conjunto de España y en Euskadi, es un incordio y en cuanto el PP pierda el gobierno será derogada.
La consejera actual, que a su llegada al cargo dio a entender que un contacto bilateral con el ministro podría desactivar la aplicación de la LOMCE en Euskadi, habrá podido concluir que la contundente oposición de la consejera socialista Isabel Celaá estaba más que justificada. No solo por invadir las competencias curriculares y reducirlas tal y como estaba acordado con las CCAA desde la LOE sino y, sobre todo, por lo que tenía de retrógrada (reválidas, religión impuesta, eliminación de educación para la ciudadanía, evaluaciones añadidas a las de diagnóstico, FP básica…etc…) y recentralizadora, al quedarse con el diseño curricular de las asignaturas troncales y de los estándares de evaluación de las reválidas el gobierno del Estado y el ministerio.
Esto no es óbice para constatar que algunos están alimentando debates falsos e “interesados”. Porque si el PP, por un lado, nos pretende hurtar parte de nuestras competencias curriculares y condicionar lo que estudia nuestro alumnado quedándose la configuración de las reválidas como competencia exclusiva, por otro, hay quien pretende imponer su currículo vasco a los navarros y a algunos franceses que se escolarizan en euskera. Si lo nuestro es invasión de competencias no sé cómo se debería catalogar esto.
La no consideración del euskera como asignatura troncal sino como asignatura “de libre configuración autonómica” no se puede utilizar como el banderín de enganche para la inumisión a esta ley formulando una suerte de victimismo ya casi ancestral de que el PP, Madrid, maltrata nuestra lengua. Son sectores para los que Madrid encarna el mal y es enemigo del euskera. La Ley deja a Euskadi decidir todo sobre esta asignatura; todo, cien por cien del currículo, horas y criterios de evaluación reválida incluída. Por muy crítico que uno sea con esta ley, uno no puede endosarle lo que no dice: esta ley respeta los modelos lingüísticos en vigor (a superar de manera consensuada), no cierra la puerta a los centros para que, si quieren implantar un trilingüismo en los términos experimentados y evaluados en esta comunidad autónoma, lo hagan. A quienes se mueven en la senda del secesionismo les puede venir bien que el PP sea aún peor de lo que ya es en materia educativa, pero mienten con el ánimo de colocar mejor su discurso. Ese discurso con el que de manera interesada se equipara en materia educativa al PP y al PSOE – ¡que ya es equiparar! - y que se sintetiza en “Guk Geure Hezkuntza”. Son quienes quieren una educación para el conjunto de los siete herrialdes de Euskal Herría, imponiendo a Navarra y a parte de Francia un currículo identitario, sin respeto a la legalidad vigente y a la diversidad y pluralidad de nuestra comunidad autónoma. Son los que llaman a la insumisión.
Ni el proyecto retrógrado del PP, ni la vuelta al currículo de Ibarretxe de 2007; entre ambos, hay todo un espacio para el acuerdo que debe ser explorado por el Gobierno vasco alejándose de quienes defienden un discurso excluyente que parte de una base errónea y es la de considerar que el sistema educativo vasco actual no es “nuestro”. A estos sectores hay que recordarles que el sistema educativo vasco está basado en un acuerdo de fondo, histórico, de bases lingüísticas y educativas acordadas por la mayoría la ciudadanía vasca con un fundamento legal estatutario que arranca en la Ley de normalización de 1982 y el decreto de modelos del 83, y la Ley de Escuela Pública vasca y la Ley de Cuerpos docentes propios de 1993. Este ordenamiento jurídico y legal se ha amoldado a las leyes orgánicas que en la Educación del conjunto de Estado hemos tenido y ha sido respetado, a pesar de algunos periodos, por los diferentes gobiernos que en Euskadi han sido.
Este acuerdo de fondo no se debe poner en riego como se hizo en la época de Ibarretxe [Iztueta y Campos] y debe ser obligación de quien nos gobierna reeditarlo, actualizarlo, reforzarlo e, incluso, ampliarlo.
La propuesta del Gobierno vasco de caminar hacia una nueva Educación vasca –HEZIBERRI 2020- no debe desdeñar el acuerdo de base que le permite gobernar y presentar ante la opinión pública unos indicadores en abandono y fracaso escolares, en educación temprana, en educación a lo largo de la vida, en titulación de grado superior…etc, que son todo un referente en el conjunto del Estado como también lo es nuestra Formación Profesional.
La consejera socialista siempre afirmó que tenemos un buen sistema educativo, mejorable; tenemos unos indicadores que en el conjunto del Estado producen envidia. En este sentido, bien harían los responsables educativos del PP en trasladar a Wert que los buenos resultados de Secundaria en Euskadi tienen mucho que ver con la escolarización temprana, algo que nos distancia de otras CCAA. En Euskadi, los niños de dos años están escolarizados en un 95% y los de tres años al 100%. Frente a la media en España en dos años que está en el 50%. En el caso de alumnado de 1 año Euskadi escolariza al 45%, mientras la media de España está en el 27%. Ahí tiene el PP un factor de mejora sustancial del sistema para extender en todas las CCAA comprometiéndose con su financiación sin modificación legal alguna.
Resulta significativo, por tanto, que en Euskadi la parte más novedosa de este nuevo curso de aplicación de la LOMCE, la Formación Profesional Básica, que sustituye a los Programas de Cualificación profesional Inicial en vigor, haya pasado a denominarse Formación Profesional “Transitoria integrada” y que el decreto vasco sobre el que se sustenta haya pasado todos los trámites de legalidad. No se va a aplicar la FP básica del PP. Por lo tanto, las nimias novedades se reducen a que que los maestr@s tendrán que hacer actas de evaluación en 1º, 3º y 5º, de Primaria, desdoblando “Inguru” en sociales y naturales, metiendo Religión y su alternativa- Valores Cívicos y Sociales- con calzador en algunos centros. Sin currículo nuevo, sin libros nuevos, sin directrices nuevas, la novedad es prácticamente inexistente. Lo cual tranquiliza por un lado, pero preocupa por otro, pues genera incertidumbres e inseguridades perfectamente evitables.
Podemos por tanto decir que el incordio de la LOMCE en Euskadi se ha convertido para unos en un pretexto más para airear su voluntad de secesión y para otros en una oportunidad para darle una respuesta más práctica e inteligente. Esa inteligencia política que debe animar a buscar la complicidad necesaria para, desde la legalidad, avanzar en la actualización, extensión y ampliación de los grandes acuerdos educativos que precisa la educación vasca del siglo XXI para atender a la ciudadanía vasca de la globalización del conocimiento con las herramientas de la Eskola 2.0 y el trilingüismo, superando ya el decimonónico sarampión identitario nacionalista y el discurso excluyente que llama a la insumisión.
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