Una ILP aún viva

Han sido varias las ocasiones en las que desde este mismo espacio se ha tratado la segregación escolar en Euskadi; si la memoria no falla, las dos últimas, durante el pasado curso escolar. No me tengo por ingenuo y tras poner el punto final en cada uno de los artículos, sabía que el tema no quedaba cerrado y que más pronto que tarde debería volver sobre él. Lo que desconocía era la inmediatez con la que me encontraría de nuevo pensando sobre la falta de oportunidades, el poder adquisitivo de las familias y de los argumentos que utiliza la administración educativa para justificar su falta de solución en el asunto.

Pues bien, la decisión adoptada por el Gobierno Vasco con su valoración negativa a que la Iniciativa Legislativa Popular Eskola Inklusiboa, que había llegado a la Cámara vasca, pueda ser tramitada como ley es la nueva oportunidad para seguir denunciando la situación de desequilibrio entre redes educativas. Les refresco la memoria por si han perdido algún dato durante el periodo vacacional.

El pasado 31 de mayo, el Colectivo Zubiak Eraikiz presentaba con honda satisfacción en la propia sede parlamentaria de Vitoria -y ante los medios de comunicación- la superación del requisito exigido por el Parlamento vasco para poder tramitar una propuesta de ley por una vía distinta a la de los partidos políticos o el Gobierno Vasco: conseguir 10.000 firmas que avalasen tal propuesta en el plazo de tres meses. Dicho de forma más prosaica: saber si la ciudadanía vasca, con su firma, avalaba esta inciativa popular. El reto se superó con creces: se entregaron 17.030 firmas, 7.030 más de las exigidas por la normativa.

Era para sentirse animada/o porque tal respuesta ciudadana no admitía dudas: una parte considerable de la sociedad vasca entendía y secundaba la argumentación planteada en la iniciativa popular (repito, 'popular') y los artículos incluidos en la propuesta para su tramitación como aportación legislativa. Una parte considerable de la sociedad vasca pedía al Parlamento que debatiesen sobre un problema educativo al que no estaba sabiendo enfretarse sus actuales dirigentes políticos.

La normativa sobre ILPs no pedía más, porque se entendía que –conseguido el trámite- serían los partidos con representación parlamentaria los que discutirían el alcance, términos concretos y articulado definitivo de lo que debería ser la nueva norma. Zubiak Eraikiz y 17.030 personas dejaban en manos de las y los representantes políticos su concreción. Su trabajo ya estaba hecho.

No se contaba, sin embargo, con un elemento técnico de la disposición: la emisión de un informe previo del Gobierno Vasco, antes de su exposición y debate en Pleno en la Cámara. Y ahí llegó el hachazo, perpetrado a partes iguales por los dos socios que conforman el actual Ejecutivo vasco, PNV y PSE-EE.

Es cierto que la competencia concreta de la acción educativa está en manos nacionalistas, pero no lo es menos que la asunción por parte socialista de las razones esgrimidas por la consejera Uriarte, después de haber apoyado el proceso de elaboración de la recogida de firmas, le coloca en el mismo lado de responsabilidad política.

Y es que resultaría hasta cómico -si la realidad no fuese tan insoportable- intentar comprender las razones que nacionalistas y socialistas han dado para explicar su voto negativo al informe. Aquellos –tras explicaciones del portavoz del Gobierno, aludiendo a dos argumentos de la Consejera de Educación, cada cual más sonrojante:

1. Que uno de los puntos acordados en mayo con los sindicatos firmantes del acuerdo de mejora de condiciones laborales (en concreto, el que se refiere al tratamiento y asignación de recursos humanos a través del nuevo Índice de Necesidades Educativas) ya establecía medidas para acabar con la segregación escolar. ¿Pretende la Administración acabar con ella trabajando sólo con la red pública? ¿Y la Concertada, dónde queda? ¿Asignar más personal a aquellos centros que señalan los indicadores como peor situados (“más desfavorecidos”, sería políticamente más correcto indicar) soluciona el problema o simplemente lo maquilla?

2. Que no hay necesidad de iniciar ninguna normativa específica para tratar sobre la segregación escolar en Euskadi porque se prevé elaborar una nueva ley educativa, más amplia, (por lo tanto, más costosa de tramitar en un proceso democrático con el actual equilibrio de fuerzas parlamentarias). Dicho de otra manera, ¿para qué molestar a sus señorías con cuestiones menores cuando está en la mente y en el discurso de la Sra. Uriarte –nadie sabe a ciencia cierta si en algún otro lugar también- algo mucho más grandioso? El problema es que a las alturas de legislatura en que estamos y sin ningún borrador de anteproyecto de la futura Ley Educativa Pública Vasca en manos de los partidos parlamentarios, sus palabras carecen de credibilidad. Y por si no fuese suficiente con ello, volviendo los ojos hacia la joya del Departamento que siguen considerando al Proyecto Heziberri, su proceso de elaboración ha sido precisamente el que ahora se pone en cuestión: partir de lo pequeño, del acuerdo básico de quienes saben de lo que se está hablando para llegar después a lo general, a la ley. ¿Acaso 17.030 opiniones favorables a la tramitación de la ILP no se entienden como partir de lo más elemental y popular? ¿Quizás aquí esté el problema, en que son opiniones populares?

El grupo parlamentario socialista no sale mejor parado de esta sinrazón. De momento calla. No ha salido ni una sola opinión pública que justifique su radical cambio de opinión, girando desde el apoyo expreso a la tramitación de la ILP hasta la sintonía plena con el PNV en el informe desfavorable señalado. Ante tal silencio todo hace pensar que la responsabilidad de ser socio gobernante habrá pesado lo suyo. Allá ella –consejera de Trabajo- y ellos – consejeros de Transportes y de Turismo- con su decisión. Si consideran que de esta forma su proyecto político queda a salvo, que sigan con ese discurso contradictorio. Será interesante conocer su programa político futuro en el tema educativo, especialmente el que apele a la búsqueda de soluciones para los problemas de solidaridad, equidad y segregación educativa que vive esta comunidad autónoma. Quizás hayan dado con la clave y la cuestión sea que haciendo lo contrario al proyecto programático propuesto consiguen más apoyo popular y mejores resultados electorales.

No creo ser original si menciono el paulatino desapego de la sociedad civil respecto del mundo político. Me resisto a ser uno más de los que claman indignados por las decisiones incomprensibles que a veces se toman desde los pasillo políticos. Espero no tener nunca que aceptar las fuertes palabras del por otras prazones admirado historiador J.K. Galbraith, cuando afirmaba con esa rotundidad tan suya (y supongo que con indisimulado enfado) aquello de que la política es el hábitat de estafadores, fulleros y sinvergüenzas. No, me niego a secundarlo, aunque no dudo de que 17.030 personas se sienten en estos momentos defraudadas, estafadas y hasta avergonzadas.

Sea como fuere, lo que está en el horizonte inmediato es el próximo jueves, 4 de octubre, Pleno de la Cámara vasca, día en el que los y las parlamentarias deberán exponer sus argumentos para votar después si se admite a trámite la ILP para trabajar normativamente sobre ella. Es suficiente con conseguir mayoría simple para que el texto se discuta, se examine a fondo y se adecue a los intereses de la comunidad escolar, representada en el propio parlamento vasco.

Hay, por tanto, tiempo para la rectificación; no lo hay para seguir desoyendo la voz de 17.030 personas que siguen atónitas este circo inesperado.