R.I.P. Selectividad

Hace un par de semanas, cerca de diez mil familias vascas convivieron durante unos días con la angustia, el temor, las guerras de nervios adolescentes y la alegría que supone cada año la prueba de selectividad. Nadie queda inmune tras este trance: el alumnado, porque, salvo excepciones, vive inquieto la inexperiencia de someterse de bruces con su futuro educativo; las familias, que en apenas 72 horas, deambulan entre la ignorancia y el optimismo; el profesorado de los centros que pese a los consejos y experiencias acumuladas no dejan de sentir los nervios propios de los protagonistas secundarios.

Esta selectividad, gestada aún en los estertores del franquismo, tiene el dudoso honor de haber sido probablemente el elemento más estable del sistema educativo español en los últimos 42 años. La ley 30/1974, de 24 de julio, más conocida como “Ley Esteruelas”, por su ministro de Educación, daba carta de naturaleza a la prueba y eliminaba de facto las Reválidas Elemental y Superior, suprimidas con la Ley General de Educación de 1970, de Villar Palasí (otro ministro franquista de Educación). Esta primera Selectividad afectó a los/as estudiantes que iniciaron estudios universitarios en aquel lejano curso 75-76.

Desde entonces, el objetivo de la prueba no ha variado: servir de filtro a la Universidad de un alumnado que finaliza sus estudios secundarios (bachillerato en sus distintas versiones, según las leyes que lo han nombrado). Su implantación fue relativamente contestada por un alumnado que temía no conseguir su ansiada meta educativa (el acceso a las facultades de prestigio académico), por un profesorado (ya concienciado de su fuerza como estilete progresista ante un régimen político que daba muestras de agotamiento) e incluso por unas familias, que sufrían ante la posibilidad de que sus desvelos económicos privasen a sus hijas/hijos del premio nunca antes conocido en multitud de viviendas obreras.

Aquella primigenia selectividad constaba de dos ejercicios, cada uno de los cuales se dividía en dos partes. En el primero, el alumnado debía resumir una conferencia y analizar el contenido y estructura de un texto, con un límite de extensión de 100 líneas. La segunda parte había que responder con éxito a cuestiones de Lengua Española y Matemáticas. En el segundo ejercicio se incluían preguntas sobre dos materias optativas de aquel Curso de Orientación Universitaria (C.O.U.)

Después, afortunadamente, la democracia trajo sus propias leyes educativas y la selectividad tuvo que ir adaptándose a ellas. La ley de Reforma Universitaria en 1983, LRU, recién instalado el PSOE en el gobierno, cortó de raíz las esperanzas de la comunidad educativa en la desaparición de la prueba. Más bien, al contrario. Se fortaleció la selectividad como requisito indispensable para el acceso a los conocimientos universitarios, pese a las protestas de estudiantes, profesorado y sindicatos de enseñanza.

Nuevas leyes educativas, LOGSE primero y LOE después, motivaron nuevos cambios en la realización de la selectividad que obligó, a su vez, a modificaciones curriculares y adaptaciones pedagógicas. Tras esa última ley, la Selectividad actualiza su nombre, al gusto de los acrónimos del momento: PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) desde 2008, para adaptarse a los cambios que el proceso de Bolonia había producido en la universidad española, sustituyendo las anteriores licenciaturas y diplomaturas por los actuales grados).

Es entonces cuando se produce un cambio sustancial en la estructura de la prueba: se establecen dos fases, la general –obligatoria para todos/as los/as presentes- y la específica –voluntaria para quienes deseen incrementar el resultado de sus conocimientos, ante unas facultades universitarias, cada vez más acuciadas por los “números clausus”. Así se asiste, no sin extrañeza, a la inauguración de las primeras notas finales con 11, 12, 13 puntos, que destruyen nuestro mito en torno al excelente 10, enseñándonos que, a partir de ahora, podrá haber un “alumnado de 14”.

Sin embargo, seguramente por su mayor connotación crítica, la comunidad educativa, la de la calle, no ha absorbido este PAU y sigue hablando de Selectividad, del mismo modo que sigue criticando la prueba. Es complicado asumir que el resultado de la selctividad certifique la preparación óptima que un/a estudiante ha conseguido durante su formación secundaria, abriéndole o cerrándole la puerta a estudios superiores. La tan aplaudida evaluación continua queda anulada por el resultado final de 5-9 pruebas que darán la aptitud universitaria a cada uno/a.

Sea como fuere, a lo largo de los últimos 28 años (las estadísticas oficiales solo aportan datos cuantitativos desagregados desde 1986), la selectividad ha permitido el acceso a los estudios superiores en España a más de millón de estudiantes, siendo una cantidad creciente cada curso hasta 1996, año en el que se consiguió la extraordinaria cifra de casi 320.000 presentados/as. Los últimos años parece haberse estabilizado en torno a unos 270.000 alumnos/as al año. El número de aprobados, así mismo ha, ido en ascenso constante, mejorándose el primer dato desde el 74% (en 1.986) hasta el casi 87% actual.

Los datos en Euskadi, aunque ceñidos a un espacio temporal menor (desde 2010 los publica con informes exhaustivos la EHU-UPV), son sensiblemente mejores en cuanto a aprobados (sin descender ningún curso del 96,3%) y en crecimiento constante en el número de presentados/as (desde los más de 8.000 en el año 2010, hasta los casi 9.500 este curso, con el 97,99 de aptos/as)

De todos modos, ha llegado el momento de entonar el responso para la Selectividad. Llegó su requiéscat in pace, tal y como lo dibujó José Igancio Wert, tal y como cantan su epitafio Iñigo Méndez de Vigo y el propio CRUE (Consejo Rector de Universidades Españolas). Es el momento de la LOMCE, la ley educativa que ha provocado más rechazo social y político de este país, pero que consagra una nueva prueba selectiva, aún más disruptiva, con menos consenso, pero, espero –y deseo- aún más contestada que la anterior. RIP, Selectividad