No es nada fácil aplicar un rigor “académico al asunto catalán, pero el sentido común resulta suficiente para deducir que el proceso se les ha ido de las manos a los catalanes de todas las condiciones. Se les ha ido a los que mandan en la autonomía y se les ha ido a quienes son mandados. Bien poco se puede decir de estos últimos a los que las consignas, verdaderas o falsas, les han enrollado sin pararse a pensar que las vidas de los ciudadanos de a pie son suficientemente complicadas como para que se distraigan en reivindicaciones anecdóticas.
Pero se puede decir mucho, y muy diverso, de quienes han gobernado Cataluña hasta traerla al laberinto legal, político, económico y social en que está metida. Los catalanes y las catalanas siguen madrugando para acudir a sus trabajos (los que aún le conservan), hacen sus compras en los grandes almacenes que responden a grandes cadenas comerciales o multinacionales, se divierten en los bares y demás lugares de recreo de sus pueblos y ciudades, y pasean por las ramblas y jardines aprovechando las sombras cuando el sol golpea las testuces en exceso. Es decir, hacen lo mismo que cualquier otro español.
Mientras esto acontece, la clase política catalana permanece embarullada en un bucle absurdo. El entramado de partidos de ámbito exclusivamente catalán se ha deshecho para dejar paso a formaciones políticas inexpertas y, sobre todo, desideologizadas, a las que solo les ocupa, -o mejor, les obsesiona-, la constitución de un Estado catalán: la independencia.
Todo en Cataluña es provisional. Todo es poco serio en el debate político porque el objetivo es inasumible, inaceptable e inalcanzable. Al menos lo es mediante métodos o cauces normales y lógicos. Ni la Historia, ni la evolución, ni el comportamiento de los políticos catalanes constituyen una garantía, hasta tal punto que es muy difícil comprender a una ciudadanía que sale a las calles a reivindicar quimeras que solo satisfacen a las élites dirigentes. Cataluña quiere abandonar España, según dicen, a pesar de que ha pertenecido a ella, de una u otra manera pero siempre voluntariamente, casi desde el principio de los tiempos.
No es ningún exceso afirmar que la unidad lingüística, legislativa y económica de Cataluña y España data de hace casi 2000 años. Que esa unidad se convierte en unidad territorial y política allá por 1714, o que cuando en 1812, en Cádiz, fue aprobada la famosa Constitución de Cádiz llamada la “Pepa”, fueron los diputados catalanes los más entusiastas de todos los diputados españoles.
No obstante debemos aceptar que han cambiado los tiempos, y que el Parlamento catalán lo componen ahora mismo formaciones políticas de diferente cariz que no tienen en cuenta el rigor de la Historia y, lo que es peor, la ignoran y la desprestigian porque sus objetivos actuales son más arteros e irresponsables. La vieja Convergencia y Unió (CiU) se ha quedado en nada, disgregada y víctima de la corrupción más endiablada. La famosa CUP es tan poco eficaz a la hora de convencer con sus propuestas que precisa de “armas” resolutivas para hacerse escuchar como, por ejemplo, un zapato arrojadizo que manejó a la perfección su máximo responsable en el Parlamento catalán. Salvo ERC nada queda en el ámbito exclusivamente catalán que mantenga su identidad y siga fiel a su antigua estrategia. En medio de este maremágnum Cataluña y los catalanes están siendo manejados y manipulados por un grupo de irresponsables que se consideran pléyade pero no pasan de caterva.
Desde hace demasiado tiempo Cataluña marcha a la deriva. Probablemente quienes menos se dan cuenta de ello son los propios catalanes, pero quienes les gobiernan hacen de sus capas sayos, convirtiendo las calles catalanas en trayectos atiborrados de descontentos que no saben bien la razón de sus enfados. ¿Acaso no fue un desprecio hacia los catalanes y las catalanas que su actual president, Puigdemont, anunciara que su cargo era provisional y temporal, en tanto se culminara la consulta ilegal? ¿Acaso no ha sido un abuso de autoridad destituir de forma fulminante al consejero Jordi Baget porque advirtiera de que el referéndum del 1 de Octubre “probablemente” no se podría celebrar? ¿Qué es exactamente Puigdemont, un President o un caudillo?
Las palabras del conceller destituido no dejan espacio a las dudas: “Una parte del Gobierno no estamos en el núcleo duro de las decisiones…A mí y a otros, ¿se nos consulta la estrategia de lo que tenemos que hacer? No… Quienes no estamos tendremos que tomarlas (las decisiones) con muy poco tiempo sobre cosas que no habremos podido madurar”. Da la impresión de que el Señor Baget no fue informado de que el Gobierno al que pertenecía solo debía ocuparse en poner en marcha y desarrollar el referendunm es decir, cumplir la única voluntad de Puigdemont y del “escondido” Artur Mas.
El desarrollo, -o no-, del referéndum catalán se ha convertido en el asunto de debate más importante de la política española. Se ha convertido en un desafío en el que una de las partes actúa sin ninguna legalidad que cumplir, y la otra se muestra remisa a la hora de aplicar la legalidad que le asiste. Puigdemont aspira a la heroicidad de los desobedientes. ¿Actúa del mismo modo él que como pretende que actúe el Estado, cuando algún catalán o grupo de catalanes infringe alguna ley catalana? Puigdemont va de bravo, como el toro que arremete contra los toreros o los trajes de luces pero, una y otra vez, se estrella contra las tablas del burladero.
Frente al Artículo 155 de la Constitución Puigdemont no para de provocar, su insistencia comienza a ser enfermiza. De nada le sirve que el Tribunal Constitucional haya anulado las partidas destinadas a cubrir el presupuesto catalán necesario para llevar a buen término el referéndum. Como Felipito Tacatún él, erre que erre, sigue. Peor aún, ha planteado proclamar la secesión en dos días si ganara el “sí”. Su prepotencia, unida a la cobardía de tantos catalanes (principalmente de las élites) que no responden a sus bravuconadas, va a ser un proyectil nefasto para Cataluña y para España. Ha dicho, erigiéndose en portavoz de todos los catalanes: “Nos tienen miedo, y más miedo que les daremos”. No ha dicho a quién meterán aún más miedo, pero puede que tenga razón a tenor de la escasa respuesta que viene recibiendo por parte de las cuatro fuerzas mayoritarias en el ámbito estatal: PP. PSOE, Podemos y Ciudadanos.
Cabría una estrategia alternativa que intentara mediar con el Gobierno catalán para encontrar alguna alternativa al desastre protagonizado por Puigdemont, Mas y Cia., pero de ahí a olvidar que el Artículo 155, junto al resto de la Constitución Española, fue aprobado por el 91% de los votantes catalanes, cinco puntos por encima del 86% de los votantes que la aprobaron en Madrid (¿centralistas españoles?), va un abismo.
La Constitución no es una amenaza, sino una garantía. Las cifran que ofrecen los independentistas constituyen un tocomocho propio de trileros, porque aunque es verdad que 787 ayuntamientos (de los 948 que hay) se ofrecen a colaborar con el Gobierno catalán en el referéndum, ellos solo agrupan al 43% de la población. Al menos dos de las cuatro capitales de provincia no apoyan ni colaborarán con el referéndum. Sólo Gerona está por la labor, porque Ada Colau dice sí pero no y no pero sí, es decir que casi seguro que no.
Por eso, va siendo hora de que la Constitución ampare a los españoles y a los catalanes, que también lo son. El Artículo 155 no es un látigo que espera a chasquear con tra quien se insubordine en exceso, sino un instrumento útil para fortalecer el Estado y convertirle en defensor de los ciudadanos. Cualquier negociación o acuerdo entre el Estado y la Comunidad Autónoma catalana debe tener en cuenta que la Constitución existe, que fue aprobada por una mayoría aplastante de españoles, y que consta de 169 Artículos, todos ellos fundamentales para sustentar un Estado que garantice la libertad y el bienestar de todos los españoles y de todos los catalanes. ¿Por qué habríamos de dejar fuera de esa garantía a los catalanes?... Ni siquiera al Presidente Puigdemont…
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