eldiario.es

9

Las casas de acogida, bajo sospecha

En época de vacas flacas todo se resiente, también la ayuda social: se recorta personal, material, reparaciones de edificios

Centro de menores de Sansoheta

Centro de menores de Sansoheta

De un tiempo a esta parte están siendo portada de los diarios noticias relacionadas con los centros de acogida. Y no para bien, desgraciadamente. Parece hasta normal relacionar éstas con malas experiencias, dolor o ruindad. Y es que pocas veces leemos, por ejemplo, que la asociación 'X' haya sido premiada por su buen hacer, o que la administración 'Y' ha duplicado la subvención del año anterior para mejorar las condiciones de vida de las personas sin hogar. En este caso, los malpensados que abundan –especialmente en las redes sociales, como apunta certeramente Manu Montero ('Inquisidores virtuales'. Ideal 6-01-2017)- recelarían de tal situación y las sospechas de prevaricación y conchaveo, aparecerían al instante.

Tampoco en esta ocasión ha ocurrido. El pasado jueves conocíamos que habían desaparecido cinco adolescentes de un centro de acogida de Madrid y ninguna administración parecía darse por enterada. No había búsqueda, tan sólo una alerta enviada a las policías del espacio Schengen para que, si había suerte y alguien veía las imágenes enviadas de los huidos, se avisara. Hasta ahí, la actuación policial. La iniciativa de las administraciones está por llegar. Se las espera, pero debe ser que hay otras prioridades que atender y esta huida es, más bien, rutinaria. Los protocolos de alerta quedan para otros momentos, por ejemplo, cuando la persona huida es autóctona –y no marroquíes como en esta ocasión-, o cuando la familia tiene recursos y moviliza a la gente de su entorno –y no  individuos sin familia como ahora- o cuando se trata de personas seniles con deficiencias orientadoras- y no  adolescentes en pleno uso de sus facultades, como los escapados de Madrid.

Hace apenas un par de meses saltaba otra noticia sobre menores y las casas de acogida: el 'caso Sansoheta'. Según se desprende de lo conocido entonces, se destapaba una trama de prostitución encubierta y drogas en la que se encontraban implicados varios jóvenes acogidos en un centro de menores de Vitoria, subvencionado por la Diputación Foral de Álava. El caso se complicaba porque las citas se realizaban desde ordenadores situados en las propias dependencias y entre los presuntos implicados aparecía un psicólogo, trabajador ocasional del Ayuntamiento, puesto desde el que pudo contactar con los jóvenes. En esta ocasión la intervención de las administraciones fue inmediata, aunque para exculparse rápidamente de cualquier responsabilidad, a la vez que para comunicar la apertura inmediata de la oportuna investigación. Sin embargo, la sociedad vitoriana y vasca en general, no quedaba del todo tranquila, especialmente al conocer que se habían producido denuncias previas que avisaban de tales actuaciones delictivas y habían sido desestimadas. Y junto a éstas, otras muchas del propio personal que trabaja con menores que siempre finalizaban igual: siendo archivadas.

Los sucesos de Madrid y Vitoria abren un mar de interrogantes de difícil respuesta ¿No son evitables situaciones como las descritas? ¿Dónde queda la responsabilidad administrativa en la prevención de estas situaciones? ¿Es necesario siempre superar el umbral de peligro para que se tomen en serio informes, denuncias y recomendaciones? ¿Por qué hay que esperar a los tirones de oreja de Fiscalía, Ararteko, Tribunal de Cuentas… para modificar lo que no funciona? ¿Por qué actúan siempre a posteriori las administraciones? La respuesta más inocente llevará a señalar la crisis económica como responsable primera. En época de vacas flacas todo se resiente, también la ayuda social: se recorta personal, material, reparaciones de edificios… Se atiende peor porque el presupuesto no da para más, sentenciarán mentes bienintencionadas.

¿Creemos estar realmente en un Estado de derecho cuando esta sociedad no es capaz de garantizar protección a la población menor de edad, especialmente si es migrante?

Pero caben también otras preguntas, más inoportunas, quizás. ¿Por qué siempre ocurren estos hechos con el denominador común de la integración social? ¿Es acaso la convivencia pacífica una utopía en este sector? ¿Creemos estar realmente en un Estado de derecho cuando esta sociedad no es capaz de garantizar protección a la población menor de edad, especialmente si es migrante? Las respuestas son más esquivas porque tienen que ver con la importancia que como país demos a este problema social. En consecuencia, tiene que ver con cómo deseemos tratar al sector que se ocupa de atender los servicios sociales, a la Intervención Social. Fernando Fantova ('Los servicios sociales de la emergencia social a la estrategia de futuro'. Mayo, 2016) mantiene que una rama de la política social se ocupe específicamente de proteger y promocionar la interacción humana se debe a que todas las personas a lo largo de su ciclo vital tienen un mayor o menor equilibrio entre su autonomía funcional (capacidad de desenvolverse en la vida cotidiana) y relacional (soporte recibido de las redes primarias de convivencia familiar y comunitaria). Cuando una (o las dos) de estas autonomías falla nos encontramos con situaciones tensas como las relatadas en las noticias citadas.

Si convertimos las casas de acogida en cárceles en las que solventar con extremada disciplina las inseguridades adolescentes, nos estaremos haciendo un flaco favor. Si los estímulos que ofrecemos para reconducir conductas inadecuadas son 'manu militari', acabaremos reproduciendo sus rigideces personales. Si retiramos a estos menores de la calle, sólo por sentirnos más seguros, protegeremos las vías urbanas, pero desprotegeremos las casas.

Hay que revisar todo el entramado social que tiene que ver con  la atención a la inmigración y la protección a menores, porque está en juego el sentirnos comunidad de seres humanos. Demostrar solidaridad como sociedad es un valor superior a apoyar puntualmente un causa o el interés de otros. Conjurémonos para que sea la justicia la que gobierne nuestras relaciones de igualdad y no el poder de la subvención pública. Permitamos que quienes se dedican a la Integración Social sean personas reconocidas por su trabajo anónimo, silencioso y tenaz. Y si aún hay quien duda, que se anime a contemplar la interesante película de Daniel Cretton, “Las vidas de Grace” (2013). No quedará indiferente ante la respuesta social que se da en estos centros.

Muy Bien, has hecho Like

¿Qué tipo de error has visto?
¿La sugerencia que quieres realizar no está entre estas opciones? Puedes realizar otro tipo de consultas en eldiario.es responde.
Error ortográfico o gramatical Dato erróneo

¡Muchas gracias por tu ayuda!
El equipo de redacción de eldiario.es revisará el texto teniendo en cuenta tu reporte.
- Publicidad -

Comentar

Enviar comentario

Comentar

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha