Los deberes de la Consejera

Es esperable que, para paliar el desencanto que suele traer septiembre, confiemos en una vuelta al trabajo pausada, sin apenas estridencias, que permita ir cogiendo el tono adecuado a un curso que siempre suele resultar imaginariamente más largo de lo que es en realidad.

No es el caso de la  educación vasca. Septiembre se presenta para este negociado con varias urgencias que es preciso abordar con prontitud. De ahí que pese a que pueda parecer inoportuno hablar de deberes a una semana escasa del comienzo del curso escolar, es pertinente recordar que la Consejería de Educación dejó asuntos pendientes antes de irse de vacaciones que urge tratar cuanto antes.

Asuntos que la ciudadanía vasca y el conjunto de trabajadores y trabajadores del sector educativo, especialmente- desean conocer sin dilación. Se trata de medidas políticas y de intervenciones administrativas que con distinta agenda y tratamiento han estado otros cursos –en concreto, el pasado- sobre la mesa de discusión educativa y siguen esperando una oportunidad de negociación.

Por empezar por el que más ríos de tinta ha hecho correr durante el curso pasado, está el conflicto enquistado de la Enseñanza Concertada en los centros de Iniciativa Social de Euskadi. No es este el espacio para hablar de las argumentaciones empleadas por todos los miembros de la comunidad educativa afectada, suficientemente conocidas. Sí lo es, sin embargo, para pedir a la Consejería una intervención más activa en la búsqueda de soluciones que desatasquen el nudo gordiano en que han quedado atrapados los diversos agentes.

Gestionar la cartera de Educación significa involucrarse en los problemas que puedan afectar puntualmente a cualquier sector educativo bajo su responsabilidad; y la Concertación de parte del sistema educativo vasco es uno de los compromisos que el Gobierno ha asumido con empresas privadas, trabajadoras/es y ciudadanía en general. No es de recibo, por tanto, que la Sra. Consejera espante el  molesto moscardón con el latiguillo de no intervención por ser un asunto exclusivamente laboral que concierne únicamente a las partes implicadas en la negociación colectiva del convenio.

Reiniciar el trabajo, planteando un nuevo acuerdo de recolocación del personal excedente que satisfaga las necesidades apuntas desde la bancada sindical, sería un buen comienzo para medir de forma positiva la intermediación gubernativa. Y no vale la disculpa de que ya se intentó, aunque con escaso éxito. Tal idea debería servir para plantear la cuestión desde otro punto de vista, poniendo el énfasis en lugares que se han pedido reiteradamente, pero no han sido atendidos; por ejemplo, con una mayor exigencia de compromiso a las organizaciones patronales, que quisiesen firmar el nuevo acuerdo o con la incorporación del personal no docente, imprescindible en la educación actual en la negociación de los Conciertos. Son sólo dos muestras del camino que el Departamento de Educación vasco puede y debe iniciar, dentro de la responsabilidad que como gestor educativo último le corresponde.

Otra tarea pendiente de la Consejería en este inicio de curso afecta a la red pública educativa no universitaria.  Alguien del Departamento  se equivocó si entendió que la rúbrica de los distintos acuerdos realizados en mayo de 2018 en los colectivos que conforman este sector (personal laboral y funcionario docente) eran el punto y final de la negociación de sus condiciones laborales. Los sindicatos firmantes dejaron claramente expuesto que lo allí acordado requería de negociaciones posteriores que desarrollasen la letra pactada. Más aún, aquellos acuerdos tendrían marcar el pistoletazo de salida para negociaciones más complejas que encauzaran los trabajos hacia la consecución de nuevos convenios  globales (En estos momentos, el más reciente es del año 2010). Revisar las ratios actuales, recuperar la aportación empresarial de Itzarri y las primas de jubilación, reducir a límites ya pactados la interinidad, estabilizar las plantillas en los centros, mejorar la orientación pedagógica, confeccionar un plan integral para la Enseñanza de Adultos,… son alguna de las cuestiones que habría que clarificar sin más dilación, si hay voluntad política para ello en el Departamento.

También la Universidad Pública Vasca confía en que los deberes de la Consejería le tengan en cuenta. En la reciente apertura del curso universitario en el campus de Vitoria, la  rectora Balluerka fue contundente: más autonomía y mejor financiación. No está siendo fácil a la UPV  buscar espacios propios que le permitan seguir mejorando su posición en el ranking de Shangai que señala las 500 mejores universidades del mundo. Mientras se empeña en ello, encuentra demasiados obstáculos para dotar de fondos adecuados, por ejemplo a los colectivos de investigadores más precarios y peor retribuidos, como son los pre y postdoctorales, para que tengan salarios dignos mientras desarrollan su actividad universitaria.

Dejo en último lugar la cuestión pendiente de la nueva ley educativa vasca. Básicamente, porque cada vez se parece más al cuento de Pedro y el lobo. A día de hoy son numerosas las ocasiones en las que Cristina Uriarte ha anunciado en los medios cuestiones referidas a este asunto, pero como en el cuento, la ley sigue sin aparecer. Lo último declarado es que algún  Consejo de Gobierno en fecha indeterminada aprobará el documento que remitirá al Parlamento Vasco, que, por cierto, entra en su último año de legislatura. Suena un poco hilarante si el asunto no fuese tan serio.

El único documento público conocido hasta ahora es el presentado a discusión en el Consejo Escolar de Euskadi, que resultó aprobado, pese a la frontal oposición de los agentes educativos representantes de la red pública educativa. Desconozco si tales precedentes son para la Consejería argumento suficiente para continuar con el anteproyecto, dando así por finalizada la negociación con la comunidad educativa. Si estos son los mimbres con los que tejer después un acuerdo político en el Parlamento que dé como resultado una nueva ley, le auguro una vigencia infinitamente más corta que la que pretende relegar. Y lo que es peor, se entendería que se ha obviado el elemento más valioso de la actual Ley de la Escuela Pública Vasca: el consenso educativo para hacer de la nueva norma un documento sustancial, duradero y a salvo de vaivenes políticos futuros.

Varios son los deberes pendientes de esta Consejería, por tanto. Conviene que se asuman sin más tardanza. A estas alturas del partido y sabiendo que no es posible una prórroga se  pide a sus miembros más intensidad en la resolución de las dudas apuntadas. Es necesario rebajar – y si es posible eliminar- tanta incertidumbre como la que recorre ahora los pasillos escolares y las reuniones familiares. Porque es necesario no olvidarlo: estamos ya en septiembre.