Una vez más, Bruselas ha hablado sobre España y, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, el informe no ha sido de los que generan tranquilidad: estamos en la cola de los países europeos en desigualdad de rentas (junto con Rumanía, Bulgaria y Grecia) y en abandono escolar y de la formación (tan solo por delante de Malta). Es cierto, sin embargo, que el informe no es crítico en su totalidad: permite al Gobierno de Rajoy “ventanas de esperanza”, especialmente en temas de mejora de empleo y riesgo de pobreza. Este “apretar, pero no ahogar” comunitario viene siendo habitual en los últimos años, especialmente desde que el gobierno del PP hizo sus deberes europeos en materia laboral al gusto de la Troika y comenzó a generar empleo –otra cuestión es de qué calidad- a mayor ritmo que la media europea.
El informe de la Comisión europea refleja, por tanto, el deficiente trato que el partido en el gobierno de España está realizando en Políticas Sociales, verdadero indicador de la mejora económica que diariamente se nos vende en declaraciones mediáticas. Mientras no haya una franca mejoría, sostenida en el tiempo, en disminución del riesgo de pobreza, en mejora sustancial de calidad del trabajo, en reducción de la brecha salarial femenina o en mejores y mayores prestaciones sociales para las personas más necesitadas, entre otros cambios necesarios, seguiremos en el vagón de cola de la igualdad europea.
Me centraré en los datos de sonrojo, especialmente en los que tienen que ver con la educación. A simple vista, se constata, una vez más, el estrepitoso naufragio de aplicación de la LOMCE, una ley despreciada por la comunidad educativa y por todo el arco parlamentario, salvo por el partido que la impuso y que la ofreció a la sociedad española como solución a los altos índices de fracaso y abandono escolar. Muchos ya advertimos entonces (año 2012 y siguientes) que ese no era la respuesta que se necesita(ba) y que la falta de debate -en el interno educativo y en la propia sociedad- excluía cualquier posible éxito, aunque fuese coyuntural.
Que el tiempo y Europa con este informe nos dé la razón no mejora el malestar que el profesorado -especialmente- siente ante noticias como la comentada. Por eso es necesario volver a la interesante idea expresada por Luis García Montero y su contrato pedagógico, en su obra “Un velero bergantín”: Tomarse en serio el aprendizaje, querer enseñar, querer aprender, supone una forma precisa de valorar los vínculos en una sociedad, de respetar el patrimonio y los cuidados que conforman la comunidad. El contrato social siempre ha buscado su raíz en un contrato pedagógico. Por eso es tan importante el aula como teatro de la vinculación. Por eso, añadiría, es más importante construir sistema educativo sobre bases sólidas y no sobre cambios coyunturales y posiblemente perecederos.
La sociedad sigue confiando en que la política española esté a la altura adecuada para conseguir un pacto educativo consolidado, de mínimos educativos y sociales, pero estables en el tiempo. Confiemos, también, en que las conclusiones de la Subcomisión parlamentaria, que está próxima a finalizar su encargo, vayan por esta vía y silencien los malos augurios de quienes no la consideran más que la forma de ocultar la incapacidad política manifiesta de acordar nada.
Recientemente, el sociólogo de la Educación de la Universidad de Barcelona, Xavier Martínez Celorrio aportaba una interesante idea en la búsqueda de soluciones al enorme reto de la educación para convertirse en elemento transformador: que recaiga principalmente en el colectivo docente tal responsabilidad, pero no en ese que vive ajeno a la realidad cotidiana, que no le afecta el inmovilismo que desde el poder se inocula, ni el que se deja seducir por el idealismo trasnochado de predicadores. El autor se plantea dirigirse al profesorado comprometido que actúa como innovador social y como intelectual transformador de la sociedad del conocimiento (El Diario de la Educación, 23-11-2017). Para ello, sugiere el establecimiento de un código deontológico propio –similar al Juramento Hipocrático en Medicina- que estaría basado en tres principios: racionalismo (contra los vendedores de humos, de modas y tendencias pedagógicas escasamente contratadas), rigor profesional (“colegialidad contra la dispersión y la individualización docente”, según sus propias palabras) y competencia experta (ante la autosuficiencia intelectual).
Hablar de innovación educativa significa extenderla a todas las etapas educativas –especialmente allá donde está menos aceptada, como en la Secundaria- y no constreñirla a lo que el sociólogo catalán denomina los “márgenes periféricos”: Educación Especial, EPAs, Escuela Rural, o la que se imparte en centros socialmente desfavorecidos (¡vaya con el palabro!), márgenes favorecidos por las propias políticas educativas de los gobiernos, pero de difícil acceso para las etapas obligatorias tradicionales.
Innovar en la escuela significa modificar roles tradicionales ya superados –docente, poseedor, discente, receptor del conocimiento- por otros en los que formación individual y social caminen en paralelo. Afirma Ángel Pérez Gómez que en la escuela será necesario desarrollar el deseo y el compromiso de contribuir a la elaboración democrática de las reglas de juego que rigen nuestra convivencia. Sólo de este modo, podremos hacer frente a iniciativas personalistas de nuestros gobernantes; sólo así, seremos críticos con los aparentemente imparables embates globalizadores que convulsionan nuestra vida cotidiana.
Y concluye con cierto pesimismo Pérez Gómez diciendo que “la corrupción extendida y el deterioro de la democracia como filosofía de visa, el desprecio por lo público, y el ensalzamiento del beneficio privado requieren un esfuerzo mayor en la escuela por dignificar las interacciones humanas y formar la mente ética y política de los ciudadanos”.
Mientras las políticas educativas de los gobiernos sigan auspiciando recursos humanos y económicos que aumenten la segregación escolar, guetificando al alumnado, mientras que una proporción del profesorado prefiera huir de escuelas y centros “problemáticos” o se desentienda de todo aquello que no sean mejores salariales, la innovación educativa y la equidad social estarán lejos de estrechar brechas cada vez más preocupantes. El reto de la desigualdad es el reto al mismo tiempo de la innovación, insiste Martínez Celorrio y a ella debemos darle la prioridad que nuestra endeble política educativa reclama.
Recientemente, en una entrevista, la activista social Naomi Klein en la presentación de su último libro 'Decir No no basta' urgía en la necesidad de una mayor conciencia social que rompa tanto la complacencia de las élites poderosas como la resignación del resto. En este necesario reposicionamiento, creo que la educación debe ser la vanguardia crítica que colabore en el despertar de nuestra conciencia social para hacer un futuro más radical, acorde con las exigencias actuales.
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