Las posibilidades para ubicar el fondo de compensación para el amianto

Estamos asistiendo al debate que se está produciendo en el Parlamento vasco en torno a la articulación de un fondo de compensación para las personas víctimas de la exposición al amianto. Un reciente informe de esta institución, que se deriva de la ponencia parlamentaria que se constituyó para tratar la problemática del amianto en Euskadi en la que CC OO participó desde el principio, y al cual se ha adherido el propio Gobierno Vasco, insta al gobierno central a que articule este fondo de compensación. CC OO de Euskadi entiende que es una buena línea de trabajo, fundamentalmente porque está destinada a mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras enfermas por exposición al amianto. Y decimos más: es técnicamente viable, como ya nos demuestra la experiencia de países que tienen este fondo de compensación, como Francia o Bélgica.

Pese a parecernos positivo que se inste a ello al Gobierno central, sobre todo teniendo en cuenta que Euskadi es la única comunidad autónoma en la que se lleva a cabo este tipo de solicitud, quizás convenga hacer una matización que consideramos crucial: ante la posibilidad de que el Gobierno central no tuviese en cuenta esta solicitud, estaríamos ante la necesidad de que se articulase un fondo de compensación para las víctimas del amianto en Euskadi. CC OO entiende que esto sería posible y recientemente hemos hecho una propuesta al Ejecutivo vasco que entendemos debería ser, como poco, estudiada y tenida en cuenta. Según una estimación de posibles casos que podrán surgir en los próximos años, entendemos que sería necesario habilitar una partida económica de 40 millones de euros para atender las indemnizaciones económicas que de ello se deriven. Puede parecer una cantidad abultada, y ciertamente lo es, pero tenemos que tener en cuenta que representaría un 0,4% del presupuesto del Gobierno vasco.

Si observamos la forma de financiación de los fondos de compensación de los países a los que antes aludíamos, es cierto que una parte de la financiación de esos fondos proviene del sistema de Seguridad Social de esos países, lo que nos puede hacer pensar que ésta habría de ser una competencia exclusivamente estatal. Pese a ello, y sabiendo que los fondos de Seguridad Social son de titularidad estatal, entendemos que es también una cuestión de voluntad política, puesto que no es requisito indispensable que se financie únicamente con esos fondos pudiendo existir otras aportaciones como por ejemplo las de las empresas que utilizaron amianto en el pasado.

Y también es necesario tener en cuenta que, siguiendo el ejemplo de Francia y de Bélgica, el fondo de compensación adelantaría el dinero a las personas afectadas, pudiendo luego ejercer acciones judiciales subrogatorias que permitan al propio fondo resarcirse económicamente del dinero que adelanta, en los casos en los que las empresas existan.

Sea como fuere, necesitamos un fondo de compensación. Lo necesitamos porque el amianto se prohíbe aquí en el año 2002 y debido también a los periodos de latencia para la aparición de la enfermedad que pueden llegar a durar incluso 40 años, el goteo de muerte, dolor y sufrimiento va a prolongarse como mínimo hasta 2042. Con el fondo de compensación conseguiríamos que las personas enfermas cobren las indemnizaciones a las que tienen derecho en el caso de que las empresas responsables no existan, pero se conseguiría también que las indemnizaciones se cobren, como en el caso francés, en alrededor de seis meses aún en los casos en los que las empresas existan.

Esto ahorraría a las personas enfermas y a sus familias el sufrimiento que implica verse inmerso en procesos judiciales que duran incluso diez años, debido a los constantes recursos que interponen las mutuas y las empresas. Y es que la pelea de las personas víctimas del amianto, además de ser una pelea contra el tiempo, durante la que muchas personas afectadas fallecen sin ver una sentencia judicial favorable a sus intereses, implica una doble tortura: la del sufrimiento que causa la enfermedad y la de afrontar esos largos procesos judiciales en esa situación de grave pérdida de salud.