El balance de los casi cuatro años transcurridos es manifiestamente mejorable desde el punto de vista educativo. El mantenimiento de la cartera en manos del mismo partido –pese a encontrarse en un gobierno de coalición PNV-PSE-EE- aseguró la continuidad de Cristina Uriarte y, por ende, del mismo equipo humano dentro de la Consejería de Educación.
Aparentemente el mensaje que el Lehendakari transmitió a la ciudadanía vasca con tal decisión –que no gustó a ninguno de los sindicatos de la enseñanza vasca- era la de ofrecer confianza, incluso de aplaudir las ideas que el gabinete nacionalista había ya esbozado en ese periodo: Proyecto Heziberri, multiplicación de programas educativos sin excesiva experimentación, potenciación de la Formación Profesional y una cierta ambigüedad en el tratamiento de las dos redes educativas, pública y concertada.
Todo ello, hay que recordarlo, en un clima de alejamiento de la comunidad educativa, especialmente de la representada por los agentes educativos de la Enseñanza Pública, y de una cierta sensación de inacción y de falta de iniciativa propia. (Conviene recordar que varios de los programas educativos iniciados por el Departamento nacionalista venían del periodo anterior, del Gobierno socialista, rebautizados ahora en clave euskaldun).
El periodo 2016-2020, pretendía, por tanto, finalizar aquellos procesos que habían quedado inconclusos y garantizar una convivencia pacífica en la comunidad educativa, objetivos ambos, que no se han resuelto de la misma manera.
En cuanto al desarrollo normativo, en este periodo se aprobó la nueva Ley de la Formación Profesional que ha permitido la configuración de nuevos centros integrados -en las dos redes educativas-. Probablemente habrán ganado en competitividad laboral, pero alejándose a grandes pasos, sin duda, del ambiente democrático que había caracterizado hasta entonces este tipo de enseñanza profesional. La creación de los Consejos Sociales de estos centros y la elección de los equipos directivos, sin apenas participación interna del profesorado, han generado la construcción de unos centros más piramidales que horizontales en los que las principales decisiones se toman fuera de la vida cotidiana del profesorado y, por supuesto, del alumnado de la FP.
Además, una de las iniciativas más interesantes que propiciaba la ley, la creación de una superestructura de coordinación de toda la Formación Profesional (reglada, no reglada y ocupacional), pretendiendo diluir la eterna y encarnizada disputa de las consejerías dependientes (Educación, Trabajo, Empleo) está aún sin definición. Cuatro años después de la aprobación de la ley, siguen persistiendo las dudas.
No podemos olvidar la apuesta de la Consejería de Educación por convertir la FP Dual en la innovación –casi mundial- del sistema. Objetivo que ha quedado lejos de aquella propuesta de investidura que pretendía derivar hacia esta fórmula innovadora a la mitad del alumnado, previamente euskaldunizado. Una apuesta fallida en ambos objetivos y con serias dificultades para poder conseguirse incluso durante la próxima legislatura.
El resto de la normativa educativa ha quedado pendiente también de la decisión definitiva de encaminar o no a la sociedad vasca hacia una nueva ley de enseñanza vasca. Todo hacía presagiar que la continuidad de la Consejera así lo indicaba, pero este periodo nuevamente se cierra sin que Educación haya deshojado la margarita de la conveniencia o inconveniencia de lo que parecía ser el proyecto estrella del Departamento.
Un tercer elemento de legislatura fallida lo indica el tratamiento que el Departamento de Educación ha tenido con un tema no menor, como es la segregación educativa. Ha ignorado los informes que indican el claro descontrol de matriculación en zonas concretas de la geografía vasca, donde se concentran centros educativos con porcentajes de población muy desfavorecida. En estos casos, lejos de buscar soluciones que propugnaran oportunidades de mejora para este alumnado y sus familias, se ha optado por mantener la opción de la concentración, intentando así que la mayor dotación de recursos materiales y humanos solucionase el problema. El resultado ha sido el esperado: lejos de mejorar la situación, han aumentado los centros-guetos y la indignación de la comunidad educativa de la red pública, sufridora final de esta problemática. Lo ocurrido este curso con las matriculaciones en Ordizia o Bergara es muestra evidente de lo señalado.
En el capítulo de la negociación colectiva el panorama de este periodo presenta claroscuros. El malestar inicial mostrado por los agentes educativos de la red pública, con continuas movilizaciones, tuvo consecuencia con el inicio de unas negociaciones bilaterales que supusieron las firmas de cuatro acuerdos con la mayoría sindical, de los que quedó autoexcluido un único sindicato. Se firmaron acuerdos parciales en Haurreskolas, Personal laboral de Apoyo Educativo, de Servicios y Docentes no universitarios.
En los firmantes sindicales, era más lo que se esperaba para el futuro –voluntad de que el Departamento apostase por conseguir nuevos convenios laborales finales- que la importancia de lo firmado. Ni una cosa, ni la otra. El año y medio largo transcurrido desde entonces, ha generado decepción y hastío en la parte sindical, a la vez que una aparente tranquilidad institucional, convencida de haber logrado sus propósitos finales. El cierre de la legislatura deja a unos sindicatos quejosos del escaso avance en algunos de los asuntos comprometidos y muy lejos aún de vislumbrar una apuesta del Departamento por negociar un futuro sin conflictos.
En la Enseñanza Concertada la legislatura nacionalista finaliza con mejor sabor de boca. Es cierto, sin embargo, que las expectativas aparecidas a la firma del fin del conflicto que tuvo a más de 10.000 trabajadoras y trabajadores de esa red en pie de guerra durante dos largos años, se encuentran ahora en hibernación. Las dudas de las patronales educativas privadas en ejecutar su responsabilidad tras la firma empieza a generar intranquilidad entre los sindicatos firmantes, que amagan ya con tensar nuevamente la cuerda de las movilizaciones.
Le costó al Departamento encarar este asunto que intentaba desviar tratándolo exclusivamente de un asunto bilateral, cuando todas las partes entendían el grado de compromiso que le correspondía. El cambio de actitud –al que también ayudó la presión ciudadana- con su personación en el conflicto, provocó el acercamiento necesario de todas las partes en la busca de una solución, que ahora se antoja lejana. Veremos si en el futuro sigue asumiendo el papel de engarce que en esta red le corresponde.
Escaso bagaje positivo, pues, para una Consejería que gestiona el segundo presupuesto del Gobierno y que sigue sin encontrar las claves para satisfacer a una ciudadanía preocupada por un sistema educativo sin soluciones definitivas.
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