Esta misma semana el consorcio de Residuos de Gipuzkoa aprobaba recurrir la sentencia exculpatoria a quienes siguiendo el mandato del pueblo paralizaron la construcción de una innecesaria y sobredimensionada incineradora; acordaba con votos bañados en esencia de venganza del PNV y PSE. Otra más de toneladas de cemento cuyo contrato firmó en nombre de la empresa constructora un exalto cargo de Agricultura del Gobierno vasco por el PNV, el Sr. D. Martín Ascacíbar.
Un Martín Ascacíbar que junto con el exalcalde y otro concejal de Carranza, ambos del PNV, ha sido recientemente declarado culpable de la quiebra del proyecto de Purines de Carranza, y deberán afrontar la devolución de 2.258.003 euros además de quedar inhabilitados para administrar empresas durante los próximos dos años.
Dos años de inhabilitación son también a los que les ha condenado la Audiencia Provincial de Álava al exconcejal del PNV en Vitoria-Gasteiz Iñigo Antía y el exconsejero en Kutxabank por el PNV Jesús Echave por el caso ´Hiriko´, además de del abono de una indemnización de 535.000 euros.
En ambos casos se está a la espera del juicio por lo penal donde se les acusa de delitos como malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsificación de documentos públicos y fraude fiscal.
Y esto mientras en los Juzgados de la Avenida Gasteiz se afronta la fase decisiva del juicio sobre el conocido como Caso De Miguel, un caso que investiga una trama organizada para el cobro comisiones ilícitas donde un exdiputado Foral y ahora entonces miembros del Araba Buru Batzar están procesados.
¿Cómo no va a existir la percepción de que por ser cercano o parte de algún partido se tienen ventajas en la concesión de subvenciones, contratos o acceso a determinados puestos de trabajo? Y eso no es normal y no podemos aceptarlo como si lo fuese; se puede gestionar lo público y se debe garantizar el uso correcto del dinero público en beneficio de todos y todas, y no solo de unos pocos, es una cuestión de higiene democrática.
Es evidente que los medios de los que disponemos a día de hoy no son suficientes para evitar prácticas fraudulentas. Se empiezan a acumular los casos que salen a la luz, y no sabemos este oscuro agujero qué dimensiones tiene. Pero es que además no sabemos su dimensión, porque tal y como vienen denunciando diferentes instancias hay una evidente carencia de recursos tanto humanos como materiales para detectar prácticas irregulares que en algunas ocasiones serán constitutivas de delito y en otras no. Pero lo más preocupante es la falta de voluntad política para acabar de manera tajante con ellas, incluidas las corruptelas, el enchufismo, las redes clientelares, tratos de favor y puertas giratorias, porque hay prácticas que no son constitutivas de delito y que por lo tanto no tienen recorrido judicial, pero que no son admisibles en un país digno, en una democracia sana.
Pero el tiempo corre en su contra, porque la sociedad exige cada vez más medidas, más determinación, transparencia absoluta y una gestión impoluta del dinero y recursos de todos y todas. Y en EH Bildu hemos tomado la determinación de proponer medidas para acabar con esa corrupción que salpica a instituciones y administración de aquí, y además lo hacemos sin mirar quien está detrás de dichos casos. Y es que en el País digno que queremos construir y en el que aspiramos a vivir, este tipo de actuaciones no tienen cabida. Por ello trabajamos y por eso consideramos que aquí y ahora es necesaria una regeneración democrática.
No aceptemos lo habitual como algo natural.
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