Democracia: no son formas, es el fondo

Ya dirán quienes tengan la paciencia de leerme que soy pesada y reiterativa con esta cuestión de la democracia. Pero es que no pasa día sin que me salten las alarmas por la pérdida de valores democráticos, por la falta de respeto a las “formas” democráticas y por la arrogancia de algunos poderes y otros sujetos poderosos.

Ya sé que a estas alturas, con la que está cayendo en muchos terrenos, con las enormes dificultades por las que pasan muchas personas, algunas cuestiones pueden parecer “menores” o demasiado “sofisticadas” o un “lujo”, por decirlo de algún modo. Pero yo no lo veo así. Por eso me preocupa, aunque la preocupación no sea, hoy por hoy, demasiado compartida y ni siquiera prácticamente se comente.

Como es bien sabido, el pasado 21 de julio se hizo pública por fuentes del PSOE la decisión del Secretario General del Partido –y presidente del Gobierno-, Pedro Sánchez, de que el exlehendakari Patxi López sea el nuevo portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, así como otras determinaciones sobre cargos orgánicos internos del partido. El propio López no perdió un minuto en aceptar el cargo en su cuenta de Twitter y agradecer al presidente Sánchez la confianza, pese a que aún no se había completado el itinerario estatutariamente previsto.

Ahí es nada. Un cargo parlamentario tan relevante como el portavoz del grupo, regulado en el Reglamento del Congreso, es designado a dedo y sin anestesia del modo indicado. Nombramiento -o propuesta al grupo- que fue “asumido” sin problemas aparentes y por unanimidad en el Comité Federal del PSOE del 23 de julio.

Un cargo parlamentario designado sin la más mínima intervención del Grupo Socialista en el Congreso, al que aún no se ha escuchado. Pero ya se ha estrenado en el cargo, haciendo declaraciones en tal condición y registrando las proposiciones de ley para la creación de los anunciados por el Gobierno nuevos impuestos a la banca y a las empresas energéticas. Si bien es cierto es que se ha dicho –en letra muy pequeña– que se trata de un cargo aún “en funciones” y que deberá ser ratificado por la dirección del Grupo Parlamentario.

Desnudo queda así el sistema democrático representativo y también el preceptivo funcionamiento interno democrático de los partidos, tal como lo prevén los artículos 6 de la Constitución y 7 de la Ley de Partidos Políticos, exigiendo esta última unos mínimos que ni siquiera son cumplidos en la realidad.

Desde luego, al aire quedan así algunas de las muchas vergüenzas de la ya debilitada democracia representativa y de la tan cacareada “soberanía popular” presente en las instituciones electivas. Porque, en definitiva, ¿es la voluntad de la ciudadanía o la voluntad de los partidos la que va a regir? Según la Constitución, “las Cortes Generales representan al pueblo español”. Es cierto que no existe mandato imperativo, pues ello está expresamente vetado por el propio texto constitucional, como ocurre en prácticamente todos los textos constitucionales, pues los representantes no lo son solo de sus votantes sino de todo el pueblo y porque no sería viable un sistema rígido de instrucciones ciudadanas vinculantes. 

Además, no se puede negar la relación entre los grupos parlamentarios y los partidos, pues hay un vínculo previo, electoral, ya conocido.

Pero de ahí a lo que está sucediendo –y no solo aquí– va un gran trecho, un trecho que nos lleva a la representación, no de la ciudadanía votante, sino de los partidos y, en su caso, grupos de presión, en lo que se ha venido en llamar la “democracia de partidos”. Aunque ni tan siquiera eso ya, como se ve, sino que estaríamos en otra fase más avanzada de la degradación del sistema, en la “democracia de la última cúpula de los partidos, de sus líderes”. O sea, en la “casi no democracia”.

Ya de inicio, los grupos parlamentarios se constituyen con las personas elegidas en listas cerradas y bloqueadas, decididas en todos sus extremos por los partidos, con más o menos grado de democracia interna, no teniendo la ciudadanía más opción de voto que el “refrendo” de las mismas. Hemos llegado, al mismo tiempo, a un punto en que los partidos políticos condicionan y dirigen directamente la actuación de los grupos parlamentarios, su composición y su organización interna, pese a que formalmente ambos son organizaciones perfectamente diferenciadas y, teóricamente, independientes, sin que ninguna norma prevea en España que los grupos parlamentarios sean la voz o la voluntad de los partidos, aunque hay que reconocer que alguna relación se presume, pues el Reglamento del Congreso prevé, por ejemplo, que los diputados del mismo partido no podrán formar grupos parlamentarios separados.

Y ello, teniendo en cuenta, además, que los grupos parlamentarios están integrados, en ocasiones, por representantes “independientes” o sin adscripción al partido en cuyas listas electorales concurrieron. Independientes que difícilmente podrán tener presencia de ningún tipo en las decisiones relevantes relativas a su grupo, salvo la de la “ratificación” de lo ya decidido por el partido, y que estarán sometidos a su disciplina de voto.

Sin dejar de recordar, una vez más, el ridículo papel reservado en la realidad práctica a las cámaras representativas en la designación de órganos constitucionales como el CGPJ, por más que se haga reiterada apelación a la “soberanía popular”, pues todas las negociaciones –o lo que sea que se haga– se llevan a cabo entre líderes de los partidos, reservándose al Parlamento un papel de mero títere de las decisiones ya tomadas por las cúpulas de aquellos.

Se podrían “guardar las formas”, siquiera aparentemente, para evitar la enorme confusión que se genera y la continua deslegitimación del Parlamento. Porque, fíjense si estas prácticas indeseables van calando, que incluso mi asociación, Juezas y Jueces para la Democracia, ha pedido hace tres días al PP la renovación del CGPJ – buena petición -, dirigiéndose, no al Grupo Parlamentario Popular, sino al presidente de dicho partido, Núñez Feijóo, asumiendo también de este modo la realidad del poder partidista por encima del Parlamento y dirigiéndose, claro está, a quien tiene mando en plaza.

Y, por si acaso hay dudas, el caso del PSOE solo ha servido de ejemplo por haber ocurrido estos días, pero se repite sistemáticamente en la mayoría de los partidos políticos –por no decir todos y arriesgarme a que alguna loable excepción pudiera avergonzarme–. Así, en similares términos a los ahora descritos, el portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos –dicho resumidamente-, Pablo Echenique, fue designado por el Consejo de Coordinación de Podemos, en tanto que el nacionalista vasco, Aitor Esteban, lo fue por el EBB del PNV –todo ello salvo error mío–. Lo que no solo no consuela ni alivia el desastre, sino que lo agrava por parecer imposible sustraerse a estas tentaciones de dominación partidista de los órganos de representación ciudadana. Y esto es solo un “mero detalle”, en un mar de desmanes continuos. Habrá que continuar rascando y sacando a la luz otras vergüenzas democráticas.