Hay que actuar sin demora y decretar un confinamiento domiciliario para evitar el colapso de los servicios sanitarios

No se consigue el control de la pandemia

Ante la evolución al alza de nuevos contagios, el incremento acelerado de la mortalidad y el crecimiento continuo de la presión asistencial, no hay la menor duda de que la medida de salud pública necesaria y urgente en España es decretar el confinamiento domiciliario y evitar el colapso de los servicios sanitarios.

El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud tendrá que valorar este miércoles esta decisión con toda objetividad, teniendo en cuenta que, aunque las medidas adoptadas en el decreto de estado de alarma aprobado por el Gobierno el 25 de octubre son más restrictivas que las adoptadas hasta entonces, no se está cumpliendo el objetivo de doblegar la curva y evitar el colapso asistencial. Y si para ello resulta necesario decretar un nuevo estado de alarma habrá que hacerlo.

Las cifras hablan por sí solas. En las últimas dos semanas se han diagnosticado 228.208 nuevos casos, lo que da una altísima tasa media de incidencia acumulada de 14 días (485 por cien mil habitantes) una de las cinco más altas de Europa. La positividad a las pruebas PCR realizadas es del 13,8%, más de 2,6 veces el umbral que la OMS fija para considerar que la transmisión está controlada. Hay más de 18.000 personas hospitalizadas y alrededor de 2.500 camas de UCI ocupadas por pacientes afectados por COVID-19. Esto implica que el 14% de las camas hospitalarias y el 27% de las camas de UCI en España están ocupadas por una sola patología y dejan de acoger a otros pacientes que lo requieren. Y, por si fuera poco, se han producido 857 fallecimientos en la última semana

De hecho, el crecimiento de la incidencia y de la presión hospitalaria que presentan algunos territorios están llevando a que en muchos lugares ya se estén ampliando y equipando para cuidados intensivos zonas dedicadas habitualmente a hospitalización general y cuidados intermedios, reabriendo servicios y plantas cerradas o preparando posibles hospitales de campaña y medicalización de hoteles. Es el caso de Granada, Sevilla, Melilla, Ceuta o Asturias, por citar algunos ejemplos.

Con el actual nivel de crecimiento de nuevos casos, cabe pronosticar que en los próximos días y semanas la presión hospitalaria aumentará y puede llegar a colapsar los servicios de salud en algunos territorios. De continuar así, si no se toman medidas más drásticas como el confinamiento domiciliario, tendremos dentro de un mes una situación verdaderamente catastrófica, no solo en los niveles de incidencia sino sobre todo en sobrecarga asistencial y número de fallecimientos por Covid-19. Además, nuestro exceso de mortalidad por todas las causas, el más alto de la Unión Europea en estos momentos, seguirá creciendo. En este sentido vale la pena hacer algunas proyecciones tentativas que nos pueden ayudar a entender la gravedad del problema.

Las UCI y las plantas hospitalarias seguirán recibiendo casos

En estos momentos alrededor del 5% de los nuevos casos diagnosticados son hospitalizados y el 7% de los hospitalizados son ingresados en UCI. Si se mantuviesen constantes tanto los nuevos casos como la severidad que requiere el ingreso en planta o en UCI, el número de nuevos contagios en un mes sería de 460.000 personas. Esto llevaría a tener 23.000 hospitalizaciones más y alrededor de 1.600 ingresos adicionales en UCI, lo cual supondría una elevación de la presión asistencial media de hasta el 47% de camas hospitalarias y el 44% de las UCI. Una situación realmente alarmante por las enormes consecuencias que acarrearía y que se debe evitar bajo cualquier concepto.

Países como Francia, Alemania, Reino Unido, Austria, Italia o Portugal, con sus líderes máximos al frente, han decretado nuevos confinamientos domiciliarios ante situaciones similares o incluso menos severas que las que vive España. Cabe señalar que estos confinamientos son más atemperados que los vividos en la primavera ya que mantienen la actividad en las aulas escolares, enseñanzas medias y universidades, algo que habrá que evaluar en detalle para generar evidencia sobre los contagios y su capacidad potencial de irradiación a la comunidad en estos ámbitos y, dependiendo de los resultados, habrá que valorar la necesidad de decretar también el cierre escolar parcial o total en el futuro.

Planteamientos similares comienzan a sugerir desde diversas autoridades políticas y sanitarias en lugares como Asturias, el País Vasco, Andalucía, Castilla y León y Melilla, que manifiestan estar considerando la necesidad o la posibilidad de articular las medidas necesarias para un confinamiento domiciliario. Y han solicitado al Gobierno de España que haga lo necesario para que ello tenga el respaldo jurídico que se requiere.

Asturias ha anunciado el lunes 2 de noviembre medidas más restrictivas y ha pedido al gobierno del Estado el paraguas jurídico necesario para poder hacer el confinamiento domiciliario. Ha optado con mucho tino por restringir mientras tanto la actividad a económica y comercial a lo esencial, a virtual izar la educación universitaria, a darle carácter de disposiciones obligatorias a lo que antes eran recomendaciones, y poner en marcha medidas similares a la fase I de la desescalada.

La realidad de la pandemia y la enorme presión asistencial claman a gritos el dar el paso hacia medidas más tajantes como el confinamiento domiciliario y mientras más pronto se haga más sufrimiento y más muertes evitaremos.

El confinamiento domiciliario puede hacerse en determinados territorios

La mejor respuesta es el confinamiento domiciliario con una duración similar a la de los países de nuestro entorno teniendo en cuenta que cabe la posibilidad de aplicarlo exclusivamente en los territorios con alto riesgo de colapso asistencial. Como señalamos en nuestra tribuna anterior, el Consejo Interterritorial debería considerar esta medida en aquellas Comunidades con incidencias superiores a 250 casos por cien mil habitantes en las últimas dos semanas, que es el nivel de alerta máximo establecido en el semáforo del Centro Europeo de Control de Enfermedades, es decir, en estos momentos, todas menos Canarias, Baleares, Valencia y Galicia.

No podemos aceptar que vengan semanas con incidencias de esa magnitud y más de 150 fallecimientos diarios como si eso significase un triunfo o, una cierta “estabilización” de la pandemia. En nuestra opinión la autoridad sanitaria del Estado y el Consejo Interterritorial, en su reunión del miércoles de esta semana, deberían acordar medidas urgentes de confinamiento domiciliario durante 15 días para frenar la pandemia y prevenir el colapso asistencial. Y a ello debería seguir la declaración de un nuevo estado de alarma que lo haga posible. No hacerlo es como querer tapar el sol con un dedo.

Replantear la estrategia, dirigir y coordinar

La situación actual requiere un replanteamiento de la estrategia global, fortaleciendo la co gobernanza desde el propio Consejo Interterritorial y, en su caso, también desde la Conferencia de Presidentes. También reiteramos la necesidad de reforzar la legitimidad de las decisiones con un comité científico asesor.

Además, la necesidad de prepararse adecuadamente para los siguientes meses y evitar una tercera ola, implica también un profundo replanteamiento de la estrategia de fortalecimiento del sistema sanitario con indicadores y recursos concretos para vigilancia epidemiológica y labores de rastreo, así como la dotación de más profesionales en atención primaria. A ello deberá acompañar una acción solvente en el cuidado y la protección de los mayores y discapacitados en las residencias, donde los brotes se han incrementado.

A esta pandemia le quedan capítulos por delante hasta disponer de tratamientos y/o vacunas eficaces. Pero ante la inminencia del colapso asistencial hay que actuar ya, lo que supone activar el confinamiento domiciliario y declarar el estado de alarma que lo haga posible.