El lenguaje importa

El lenguaje importa. Mucho. Y el rigor, mucho más. Pero en la política, lo uno y lo otro se han convertido en algo dudoso. Por la inflamación. Por las mentiras. Por las hipérboles. Por las trincheras. Por la falta de matices. Y porque se ha perdido la capacidad real de explicar, persuadir o conectar con el ciudadano si no es con palabras gruesas. Los medios, en ocasiones, tampoco ayudan. Y qué decir del universo tuitero en relación con esta espiral de desmesura. Todo es entropía. No hay argumentos. Ni contrastes serios. Y ahí es donde siempre gana el populismo.

Ayuso se mueve como pez en el agua en ese terreno. Domina la corrosión como nadie. Lo de la derrota de las formas ya es algo que hasta se pasa por alto dada la anchura de sus palabras. Cuando el exceso sustituye al discurso, solo queda la estulticia. Y ella vuelve por sus fueros. Ahora para decir que este diciembre “estamos en el mes negro de la democracia española”, que “no hemos vivido nada así desde la dictadura” y que el presidente del Gobierno “quiere al adversario fuera y si es en la cárcel, mejor”. Y nadie la frena. Por eso cree que se ha “ganado el privilegio de hablar de lo que significa el sanchismo” y de “decir a la sociedad española qué hacer a partir de ahora”.  Feijóo debe ser un convidado de piedra.

Pedir que las elecciones sean un plebiscito sobre Sánchez es algo que entra dentro de la legítima confrontación política, pero insinuar ante un micrófono que España es poco menos que una dictadura y que su presidente quiere meter en la cárcel a la oposición es una falacia repetida ya varias veces y muy propia de alguien que demuestra que le importa poco la democracia y sabe mucho menos de ella y de sus contrapesos. Nada que sorprenda a estas alturas sobre la presidenta madrileña.

Más grave es aún que Feijóo, además de ser incapaz de frenar el incontinente y ofensivo verbo de la lideresa, se haya abonado a algunas de sus tesis, como la falta de legitimidad del presidente del Gobierno para reformar el Código Penal, como ha hecho este fin de semana en una entrevista en El Mundo. ¡Con lo fácil que era denunciar, porque lo es, que se trata de una revisión -en lo que se refiere a la sedición y la malversación-  hecha a medida del independentismo catalán, que no era una necesidad  social y que no está justificada la urgencia de su tramitación! 

Pero, no, en el PP tenían que recurrir a la misma inflamación a la que acostumbra Vox porque saben que parte de sus votantes se han visto abducidos por el discurso hiperbólico de Abascal, porque el populismo está de moda y porque no se atreven a sumarse a la moción de censura que ha anunciado la ultraderecha, que más que contra Sánchez se ha presentado contra Feijóo.

Hoy, para las tertulias y determinados titulares de portada, vende más llamar “aprendiz de dictador” a Sánchez y hablar de “autogolpe de Estado”, como ha hecho Arrimadas, que explicar que no hay quien se trague que hay una corrupción mala y otra menos mala, ni siquiera en las filas socialistas. Y esto a pesar de que todos ellos vayan a votar la reforma con la nariz tapada. 

El PP, que habla de golpe a la democracia y a la Constitución, ha olvidado que la regulación del Código Penal que está en vigor se aprobó en 2015 sin consenso alguno; que una mayoría de grupos parlamentarios votó en contra de ella y que el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial emitieron informes oponiéndose al cambio. Nadie habló entonces de falta de legitimidad ni de golpe. Se llama democracia. Se vota en el Parlamento y se aprueba con la pertinente mayoría de votos. Y así fue entonces con la mayoría del PP, pese a que el objetivo de aquel cambio llevase el nombre y el apellido de Artur Mas y tuviera como aliciente impedir el referéndum del 9N de 2014. Aquella reforma se tramitó en paralelo al anuncio del ex president de la Generalitat de convocar una consulta. Y como fue imposible acusarle por malversación (la querella del Ministerio Fiscal en 2014 incluía este delito, pero el escrito de acusación lo acabó descartando en 2016), el PP siguió adelante con la reforma, pese a la oposición de los grupos y de los organismos consultivos. Entonces, como ahora, se intentó resolver mediante el Código Penal un problema político y también generando inseguridad jurídica. Tan democrático y constitucional, pero igual de cuestionable, como la reforma de ahora.

Es la doble vara de medir de una derecha que, además, utiliza esta revisión del marco penal para desviar la atención de lo que sí es profundamente antidemocrático, como es incumplir durante cuatro años la Constitución para bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial y durante tres meses, una ley orgánica para secuestrar el Tribunal Constitucional. 

El lenguaje es una treta más con la que ocultar la realidad de los hechos.