Parábola de la patada en la puerta
Ningún trabajo honesto es fácil
Ha hecho falta llegar a la Audiencia Provincial de Madrid y emplear unos siete jueces y varios fiscales –algunos con posturas inexplicables–, desenmascarar a un ministro, magistrado en servicios especiales, y arrastrar al Gobierno progresista de España para llegar a la conclusión obvia desde el principio: romper puertas con un ariete para atajar infracciones administrativas es un delito y negarte a franquear el paso de la Policía a tu morada sin orden judicial es defender tus derechos.
Cualquiera con una mínima sensibilidad democrática lo sabía desde el primer momento pero, en este mundo en el que nos intentan hacer comulgar con ruedas de molino, los titiriteros pueden ser peligrosos yihadistas y los pisos turísticos dejar de ser morada, abriendo el cauce a que policías insidiosos descerrajen las puertas de toda habitación de hotel, piso alquilado o caravana cuando les venga en gana y sin mandamiento judicial. Les recuerdo que el alarde de ''polisprudencia'' –dícese de la jurisprudencia creada por la inventiva policial– pasaba por establecer un aserto que repugna a cualquier mente lógica: si yo, pasma, te digo que me abras tu casa y tú te niegas, estás desobedeciendo a la autoridad, ergo estás cometiendo un delito flagrante que me permite entrar por las bravas. La polisprudencia de los policías, que serán imputados por esta acción dado que se ha ordenado una deducción de testimonio, acababa de un plumazo con el derecho fundamental recogido en el artículo 18.2 de la Constitución al devenir imposible. Todos nuestros domicilios quedaban a su alcance, sin orden judicial, puesto que basta ordenar abrir para producir la desobediencia que te hace incurrir en el delito flagrante que les permite entrar. Adiós, jueces. Hola, Estado policial.
Esta vergonzosa excusa, esta inaceptable estupidez democrática, no quedó solo en una actuación en la que ''se ha producido por parte de los agentes un exceso en el ejercicio de la autoridad con infracción del derecho a la inviolabilidad del domicilio'', como dice la Sección 23 de la Audiencia de Madrid, sino que fue expresamente respaldada por un ministro del Interior, juez, que negó taxativamente que se hubieran vulnerado derechos fundamentales. Marlaska y su respeto a los derechos fundamentales. Marlaska y su profundidad jurídica. Marlaska, el juez por el que España ha recibido más condenas por no investigar torturas de Estrasburgo. No contento con su hazaña jurídica, arrastró a todo el Consejo de Ministros y obligó a que la portavoz del Gobierno más progresista de la historia nos contara que aquella puerta reventada ''no era de una morada sino de un piso turístico''. Hay que atizarles y les atizo. Como comprenderán, si yo soy capaz de detectar el acre olor de la vulneración de derechos y de consultar con expertos en tres, dos, uno… que estas personas que encarnan tan altas magistraturas se lancen como pardillos a abrazar la bochornosa interpretación policial es inconcebible. Marlaska, ese hombre que tanto ha hecho lucirse a este Ejecutivo. Pediría que lo pongan en la libreta del ajuste de otoño pero aún sería peor que volviera a un tribunal de Justicia. No quiero imaginarlo.
Mas sigamos, porque en este asunto hay cera para muchos. Tenemos a la juez de guardia de Plaza de Castilla, Antonia de Torres, a la que llegó la petición de habeas corpus de una de las detenidas. Se trata de un derecho al que puede acudir la persona privada de libertad si cree que lo está ilegalmente como de facto lo estaba. El auto por el que se desestimó un habeas corpus de manual produce un sonrojo que es difícil esconder. Una juez que olvida que los únicos motivos constitucionalmente legítimos para no admitirlo residen en que no se dé el supuesto de una privación de libertad sin intervención judicial o se incumplan los requisitos formales del artículo 4 de la Ley de Habeas Corpus. Ninguna de las dos circunstancias se daban en esta petición pero ella se la despachó con un vergonzoso ''La privación de libertad es razonable a la actitud adoptada por Isabel''. Los que vieron el vídeo en redes ya saben que la actitud de la solicitante consistió básicamente en decirles a los policías que ella conocía sus derechos. Ahora la Audiencia Provincial la pone colorada porque no protegió a quien debía proteger.
Otro tirón de orejas merece el juez de Plaza de Castilla al que le llegó la denuncia policial imputando a los moradores del piso los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad que ahora le obliga a sobreseer la Audiencia. El juez Marcelino Sexmero tiene el suficiente recorrido para saber perfectamente lo que ahora le recuerda la instancia superior, eso y que se pueden archivar las denuncias de una tacada cuando son locas.
Así que aquí tenemos de nuevo el problema de los policías sin formación y sensibilidad en derechos humanos y hasta el desconocimiento jurídico básico, que para poner unas multas consideran apropiado primero intentar abrir el resbalón, luego quitar el bombín de la cerradura y, por último, utilizar un ariete de mano que destroza una puerta y parte de una pared de un piso, para acabar cometiendo un delito ellos.
Así que aquí tenemos de nuevo a los jueces de instrucción que en lugar de jueces se consideran los jefes de los policías o sus valedores y que se revuelven cuando se habla de establecer reformas que nos doten de un verdadero juez de garantías, ahora que tantos parecen haber olvidado que ese es uno de sus papeles fundamentales.
Así que ahí tenemos la deriva antidemocrática que hace a parte de la sociedad no comprender que poner orden no puede implicar llevarse por delante todos los derechos más básicos –¡y cuál más básico que la inviolabilidad de nuestro espacio íntimo!– y que la Policía no solo no siempre lleva razón sino que hay que mantener sobre ella un control permanente de legalidad.
Así que nos luce también un ministro-juez que nos pasea no solo sus deficiencias técnico-jurídicas sino su falta de cualquier sensibilidad ante aquello a lo que debió consagrar su vida: la defensa y respeto de los derechos constitucionales.
Así nos va.
Tuvimos suerte, entiendan el sarcasmo, y esta vez los atropellados eran unos ciudadanos extranjeros pero de muy buena posición y una española hija de un registrador de la propiedad. Lo digo porque estas cosas les deben estar pasando todos los días a cientos de extranjeros y españoles pobres y ni nos enteramos ni por supuesto ningún juez les dará un habeas corpus tampoco.
Hemos tenido suerte, y esto sea dicho con toda seriedad, porque en el deterioro progresivo y constante del ejercicio de la función judicial aún quedan profesionales que ponen las cosas en su sitio a tiempo –como Rosario Esteban, José Sierra y Jesús Bergés–, aunque cada vez mengua más su número. Y abogados que están dispuestos a dar la batalla, como Ospina, que con la presentación de la querella contra los policías evitó que tuvieran que declarar como imputados los moradores.
Aplaudo a unos y abomino de otros y lo escribo porque solo con transparencia descubriremos el verdadero alcance del desastre de nuestra Justicia.
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