La escalada ya va en sprint. Los síntomas que se venían advirtiendo adquieren una aceleración nítida. El Tribunal Constitucional como punta de lanza en este momento sentencia que el estado de alarma y el consiguiente confinamiento en los inicios de la pandemia -aunque no discute su necesidad- fue ilegal. La Covid-19 trajo la primera paralización global de la actividad en la historia para evitar la extensión de los contagios y va a ser la excepción judicial española la única que considere la medida inconstitucional. Dando la nota una vez más. Y a petición de Vox. Ahora. Porque el partido ultraderechista lo pidió y lo votó en su momento. Igual que el PP de Casado.
Son datos esenciales para valorar la preocupante foto de lo que ocurre en España. Y en un momento en el que la pandemia vuelve a intensificarse en nuestro país y en el mundo. Aquí la incidencia sobrepasa otra vez los 500 casos cada 100.000 habitantes, los ingresos hospitalarios se han duplicado en dos semanas y los profesionales de la sanidad están muy preocupados. La relajación de las medidas, las nuevas variantes y el estar aún lejos de la inmunidad de grupo con la vacunación, mantienen este panorama hoy.
El Constitucional opina –por un ajustado margen de 6 contra 5- que debía haberse aplicado el estado de excepción. Es el de alarma el que encajaba entonces, según la ley, porque “sí había una crisis sanitaria” y no una alteración del orden público que afectara “el normal funcionamiento de las instituciones democráticas” como exige el estado de excepción que, éste sí, recorta derechos y libertades a lo grande. Javier Pérez Royo, catedrático de la materia, lo explica perfectamente y, como otros expertos, advierte peligrosas intenciones en esta sentencia.
No hace falta ser muy versado en leyes, sin embargo, para ver que algo raro ocurre en España cuando ningún país ha osado declarar ilegal una medida que salvó, sin duda, miles de vidas. El dato que señalaba la nueva ministra de justicia (450.000 vidas) procede de un estudio realizado en once países europeos y publicado en la revista Nature en junio de 2020. Aseguraba que el confinamiento en concreto había evitado más de 3 millones de muertes por Covid-19 en el mundo; unas 450.000 en España. Coincidía con las cifras de otros estudios aquí. Por supuesto se trata de una estimación, pero es de pura lógica que si la principal vía de contagio son los aerosoles, la proximidad física, el confinamiento, funcionaría. Y así ha seguido siendo y es mientras se mantengan las normas, pese al cansancio de la pandemia.
Las evidencias señalan lo caro que cuesta primar la bolsa sobre la vida. Y apuntan a dirigentes ultraliberales y de extrema derecha adheridos a ese criterio. Donald Trump eludió medidas drásticas en un principio para no dañar la economía. Consideró que 200.000 muertes por coronavirus era un precio asumible que pagar. Lo peor es que han sido más de 600.000. Y menos mal que la llegada de Biden frenó la deriva porque el nuevo presidente estadounidense afrontó muy en serio aplicar medidas efectivas. Bolsonaro, en Brasil, aún ha sido peor porque la Covid-19 se ha llevado por delante a más de medio millón de personas. La Universidad Johns Hopkins –que ha venido aportando los datos más fiables desde el comienzo- atribuye a España 81.000 muertos por Covid-19, pero la cifra general revienta en Madrid y tiene notables peculiaridades en España.
Por coronavirus y por desatención de otras dolencias debido a la saturación y recortes previos en Sanidad, España registró en 2020 la cifra más alta de mortalidad en un siglo y Madrid fue la luctuosa campeona con más del 40% de ese exceso sobre la media de España que fue del 17%. El resto, con la venta política y mediática del ayusismo, ya la conocen. Estas actitudes pasan factura y por ello precisan un más aplicado marketing. Lo que pasa es que en el liberalismo salvaje –y más si viene trufado de corrupción- cuando mueren pobres que gastan o improductivos que además de gastar no generan beneficio tampoco les causa mayor problema.
Los datos los fui recogiendo y enlazando en el libro “La Bolsa o la Vida” (Roca Editorial 2021) y también los de la pandemia política. Pablo Casado se ha atrevido a acusar al Gobierno por no respetar la sentencia del Tribunal Constitucional, tras llevar casi tres años atrincherado sin renovar el Poder Judicial que, evidentemente, le favorece. Pero además ha dicho, al hilo de esa sentencia ad hoc, “Pedro Sánchez usó la pandemia para extender su poder”, que fue “un abuso de poder” cuando lo que el TC dice es que se quedó corto, que debería haber aplicado el de excepción, que es absolutamente restrictivo. Y lo dice Casado cuando no ha habido en el mundo una oposición más miserable que la española. Aprovecharon la pandemia para dañar a toda la sociedad al no pararse ante nada para tumbar al Gobierno. Y ahora vuelven a pescar en el río que ha revuelto la sentencia del Tribunal Constitucional.
Votaron las sucesivas prórrogas del estado de alarma (hasta que Pablo Casado prefirió dejar de hacerlo) a un costo insufrible. Lo que se oyeron Pedro Sánchez o Pablo Iglesias para sacar adelante la votación nos estremeció de asco a millones de personas que no dábamos crédito a ese uso del Congreso. Mentaron ETA y Paracuellos, dijeron que “la izquierda desprecia secularmente a los homosexuales” y similares, nada que ver con la salud. El 31 de mayo –en sesión de control al Gobierno- la entonces portavoz Cayetana Álvarez de Toledo llamó al vicepresidente Iglesias casi sin respirar: “hipócrita radical, discípulo de los ayatolás y prohijado de Chávez y Maduro, racista visceral, espantajo de los inversores, fatuo, mentiroso, caudillito carismático, caspa e hijo de un terrorista”. Esto último motivó una demanda judicial. El PP acusó a Sánchez de haber establecido “una dictadura constitucional” ya –tras avalar la que sí se estaba produciendo en Hungría-. Y ya ven, ahora han sido Vox y el TC caducado los que se apuntan.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que admite el cartel electoral de Vox con las mentiras sobre los que llaman “menas” ya daba pistas. Es una cadena aterradora en realidad. Y ya se está anunciado como inevitable que “el fallo del Constitucional sobre el confinamiento anticipa una guerra total de la derecha contra el Gobierno”. Es así, pero esta frase viene cargada de metralla. Estamos aceptando, al parecer, que los medios y la justicia hagan política y de extrema derecha. Y todo esto mientras las cloacas revientan al mismo tiempo en los juzgados.
Donald Trump se organizó el plantel jurídico casi como el PP en España. Desde que llegó al cargo logró hacer más nombramientos que sus antecesores en muchos años y consiguió tener en la Corte Suprema 6 jueces conservadores frente a 3 progresistas en el mayor desnivel de la historia estadounidense desde los convulsos años 30. Y han ocurrido dos cosas: que algunos de ellos han hecho prevalecer su dignidad de magistrados sobre su orientación política y que Biden trata de ampliar la Corte Suprema, el tribunal de mayor rango, el poder judicial de allí, para conjugar la treta de Trump.
Hagan algo, se puede. Y, en último extremo, siempre queda contemplar la visión más real y pragmática del problema. Lo explicaba el periodista Javier Valenzuela: “Ellos juegan un partido de fútbol americano, nosotros un partido de tenis en campo inglés. Cuando nos dan una patada en la espinilla, llamamos al árbitro, él se encoge de hombros”, decía Valenzuela si recuerdan. Ahora ya no, ahora el árbitro les da la razón.
O aprendemos a jugar con las mismas armas, marcando las reglas y en nuestro campo, o nos vamos a comer la pelota en algún lugar a la sombra. Porque si esto parece un asalto al poder por vías diferentes a las urnas en un suelo sembrado de minas y con pantallas de Gran Hermano (el de Orwell por supuesto) igual es que no estamos en un momento del mayor primor democrático.