La trampa de la reducción del IVA del gas

El presidente Pedro Sánchez ha anunciado una rebaja del IVA del gas del 21% al 5% a partir de octubre. Seguramente el Gobierno asume que el conjunto de los consumidores agradecerá la medida en un momento en que la factura del combustible se ha disparado hasta la estratosfera como consecuencia de la guerra en Ucrania. ¿Es que alguien en su sano juicio puede quejarse en estas circunstancias tan difíciles de que le bajen 16 puntos el principal impuesto al consumo del gas, máxime cuando se avecina un invierno turbulento?

Sí: es muy probable que el grueso de los usuarios, sobre todo los de menos ingresos, experimente una sensación de alivio con el anuncio de Sánchez. En momentos de zozobra, con una inflación por las nubes y sin perspectivas claras de mejora, los esfuerzos de la mayoría de los ciudadanos están centrados en el objetivo cortoplacista de ir tirando, y cualquier recorte de los gastos les viene de perlas. Sin embargo, el balón de oxígeno tributario que ofrece el Gobierno tiene trampa: una reducción generalizada del IVA del gas no solo es injusta en sí misma, al beneficiar por igual a ricos y pobres, sino que, a la postre, puede terminar castigando a los segundos.

Veamos.

El IVA es lo que se conoce como un impuesto no progresivo. A diferencia del IRPF, que establece una escala de tramos de ingresos para gravar más a quienes más tienen, el IVA se aplica con carácter general sin tener en cuenta las diferencias de riqueza de los contribuyentes. En España hay tres tipos de IVA: el general, del 21%; el reducido, del 10%, y el superreducido, del 4%. El primero se aplica por defecto a todos los productos y servicios. El segundo, a productos considerados de primera necesidad, pero no básicos (alimentos, viviendas, elementos utilizados en actividades agrícolas, etc.). El tercero, a artículos catalogados de primerísima necesidad: pan, huevos, leche, alquiler de viviendas de protección oficial, prótesis para personas con discapacidad, libros y periódicos, etc.). Nunca he entendido que un producto tan fundamental para los hogares como el gas se encuentre en la categoría del IVA general junto a los artículos de lujo, pero eso es otro debate: el hecho es que todos los usuarios pagan el 21% por el servicio de gas, indistintamente de su capacidad económica o su nivel de consumo.

Desde algunos centros de pensamiento –incluyendo la OCDE- se ha intentado presentar el IVA como un impuesto progresivo, con el argumento de que, aunque ricos y pobres paguen los mismos tipos, los primeros terminan aportando más dinero al fisco por la sencilla razón de que consumen mucho más que los segundos. Además, alegan, las familias de rentas bajas destinan la mayor parte de sus ingresos a los artículos de primera necesidad, que tienen tipos impositivos más bajos, por lo que el tipo elevado del 21% los afecta en su vida cotidiana mucho menos que a los ricos. Este argumento de la progresividad del IVA es cínico: su finalidad es legitimar a los gobiernos para que extiendan la aplicación de este impuesto, que es de más fácil recaudación. Que un rico pague el mismo impuesto que el pobre por una barra de pan, un par de zapatos o el suministro de gas nada tiene de progresivo: no hay punto de comparación entre el esfuerzo presupuestario de uno y otro para afrontar el gasto.  

El Gobierno aprobó recientemente un tope al precio del gas con el fin de contener la escalada del precio de la luz, que se fija en una compleja subasta en la que la que el gas tiene un peso importante. Antes había anunciado con bombos y platillos un impuesto especial a los beneficios extraordinarias de las eléctricas, pero ese gravamen quedó aplazado para 2023. De momento, no se han visto en la actual crisis medidas decididas para que arrimen más el hombro quienes más tienen. Bajar el IVA del gas beneficiará en el corto plazo a las familias de menos recursos, pero, mucho más, a las más ricas, que suelen consumir el producto en mayores cantidades y ahora tendrán un aliciente tributario para seguir haciéndolo. Si el objetivo del Gobierno, además de evitar estallidos de descontento de cara al invierno, es contener el consumo del combustible, ha tomado un camino equivocado. Otra cosa habría sido establecer distintos tipos de IVA al gas según la cantidad de consumo que reflejen los contadores. Que fuera un tipo reducido para consumos bajos –habituales en hogares de menos ingresos- y ascendiera a medida que aumentase el consumo.

Pero hay algo más. Reducir impuestos significa menos ingresos a Hacienda, más aun si esa reducción se realiza de manera generalizada como el caso que nos ocupa. Y es con el dinero que entra en Hacienda como se sufragan, entre otras cosas, los programas sociales destinados a reducir las brechas entre los españoles. En otras palabras, rebajar a todos por igual el IVA del gas no solo es injusto, sino que, si la crisis se agudiza, puede terminar castigando en el medio plazo al grupo más numeroso de los supuestos beneficiarios de la medida. Veremos.