Es un caso de impostura

En todo el asunto del proceso independentista, ha predominado el hecho de la relación del proceso con la legalidad derivada de la Constitución española.

Como algunas personas han remarcado algunas veces, esta cuestión es discutible, a partir de una historia anterior. A partir de unos derechos catalanes, derivados de nuestra historia, que son anteriores a la Constitución española (y a todas las constituciones anteriores). Expresados históricamente con las «Constitucions i Altres Drets de Catalunya». Derechos que fueron arrebatados por la fuerza de las armas (dejando ahora aparte el hecho del comienzo de aquella guerra, que, por cierto, fue culpa de unos grupos de catalanes, que también decidieron por su cuenta, pero esto no cambia el hecho que comentamos). Y una eliminación de derechos que nunca ha sido «convalidada» de manera válida, ni tampoco aceptada voluntariamente por parte catalana.

Esto no sólo es opinable y defendible, sino que, en un planteamiento riguroso del Derecho, podría llegar a tener una cierta aceptación jurídica. Una de las dos concreciones prácticas de esto, que hoy quiere mucha gente, sería la ruptura con el resto de España. Otra cosa (muy importante) sería si por este derecho tradicional «valdría la pena» cortar unos vínculos humanos también históricos, de tipo social y muchas veces incluso familiares. O, si toda la movida que nos comportaría este cambio no nos representaría más males de los que queremos evitar. La otra opción sería seguir en una España mucho mejor en todos los sentidos. Posibilidad que muchos catalanes/as no creen posible, ni siquiera esencialmente posible.

Toda esta cuestión no ha sido dialogada de manera leal, relajada y respetuosa. Ha prevalecido la imposición de media Catalunya (más o menos exactamente media) en el sentido de autoconsiderarse la representante y titular de «toda Catalunya». Y, en nombre de «toda Catalunya», han hecho y deshecho, se han peleado, han proclamado lo que han querido (cumpliéndolo o no, esto es otra cosa). Incluso se han valido de una frase del reglamento del Parlamento que era prevista para otros casos. Y dejando a la otra media Catalunya en un limbo político, como si no existiera. Esto se llama, técnicamente, «impostura».

Este aspecto no ha sido debidamente considerado (o sólo lo ha sido, paradójicamente, o no, por la parte más centralista). Pero yo diría que la preterición política de los otros catalanes ha sido mucho más grave que el conflicto con la legalidad de la Constitución. Lo que pasa es que aquella cuestión no comporta ningún castigo. Ni siquiera nadie la ha impugnado.

Ahora que parece que la cosa está más calmada quizás haría falta: 1) Hablar entre nosotros con lealtad. 2) Reconocer que ha habido una impostura. 3) Procurar que no se vuelva a producir una cosa parecida.