¿Qué hacer con los Ayuntamientos?

En esta semana enfilamos el tramo final de la campaña electoral en el tiempo que se celebra el cuarenta aniversario de las primeras elecciones municipales y, hoy como en aquellas fechas, el debate político está monopolizado por el encaje territorial de Cataluña. El ruido generado es tan grande que no permite oír nada de lo que se dice en otros ámbitos de la vida política.

En estos cuarenta años los Ayuntamientos han sido un soporte fundamental para nuestra vida diaria. Empezaron resolviendo necesidades básicas como el suministro de agua potable, la red de saneamiento, el asfaltado de las calles, etc. Siguieron con la construcción de centros culturales, polideportivos, casas de juventud o centros de mayores. Y han avanzado en la alfabetización digital, el desarrollo del compromiso cívico por el bien común, la garantía de acceso a internet o reformas del espacio público en favor del peatón frente al vehículo privado.

En 2019, la vida de muchas familias es impensable sin los servicios públicos municipales. Las jornadas laborales incompatibles con los horarios escolares, cada vez más cortos fruto de la presión del profesorado, se han visto suplidos por servicios puestos en marcha por las entidades locales. Las carencias del sistema educativo en materia de formación musical, actividad deportiva o expresión artística son compensadas por una amplia oferta de actividades municipales. El subdesarrollado sistema de dependencia, los retrasos en la adjudicación de rentas mínimas o las nuevas realidades de pobreza familiar llegan a las puertas de las Alcaldías con toda su crudeza.

Este día a día de nuestros pueblos y ciudades está muy lejos de los debates esencialistas y oportunistas que protagonizan los principales líderes políticos que confrontan posiciones sobre nuestra arquitectura institucional. La Constitución de 1978 articula nuestro sistema político, del que deriva todo un conjunto legal que sigue tratando a los Ayuntamientos como una administración de tercera. Sin embargo, esos debates nada tienen que ver con la cotidianidad ciudadana.

Los Ayuntamientos tienen reconocida su autonomía por la Constitución, sin embargo sigue pendiente un marco legal que reconozca que son un nivel de gobierno y, por lo tanto, cuentan con la capacidad para elegir entre diferentes opciones. A pesar de las innumerables sentencias del Tribunal Constitucional reconociendo la autonomía local, los Ayuntamientos siguen sometidos a la tutela e injerencia de la Administración General del Estado y a su utilización por parte de las Comunidades Autónomas que han acumulado competencias demostrando una incapacidad manifiesta de ejercerlas, por lo que han ido cargándolas a los Ayuntamientos mediante un sistema inestable y arbitrario de concesión de subvenciones.

La undécima legislatura municipal es un momento propicio para hacer virar el debate político sobre el encaje territorial hacia las ciudades y su capacidad para articular el Estado español. La Constitución y los Estatutos de Autonomía forman el bloque de constitucionalidad. Es el momento de reconocer en los Ayuntamientos un nivel de gobierno con todas las capacidades de decisión, mediante una ley de mayoría reforzada que estabilice la legislación municipal. Más allá de la necesaria coherencia que toda arquitectura política tiene que tener, se debería romper con toda la legislación que se ha desarrollado para el control y el tutelaje municipal. El mecanismo de elección de un Alcalde es exactamente el mismo que se utiliza para elegir a un Presidente autonómico o al Presidente del Gobierno. Lo que se necesita es desarrollar el mandato constitucional de la autonomía local con una legislación que defina un marco competencial claro y una financiación incondicionada.