No nos defraudéis: es la propia convivencia lo que está en juego

Aunque todavía hay fuerzas que, desnortadas por el resultado obtenido confrontado a las expectativas generadas, siguen informándonos de supuestos pactos ocultos del presidente con el nacionalismo y las fuerzas progresistas para conformar un gobierno, como si no se hubieran enterado que la mayoría salida de estas elecciones ha votado refrendando los mismos, parece que los actuales partidos en el gobierno caminan en la dirección de obtener el sí de Junts para, primero, la formación de la mesa del congreso y posteriormente la sesión de investidura junto con el resto de socios habituales en esta última legislatura. Y, en esta ocasión, las fuerzas políticas contrarias a este acuerdo no pueden decirnos que los votantes no lo sabíamos ni que ha habido cambios de opinión: se pasaron cada día de la campaña con toda su capacidad mediática informándonos de estos pactos y contándonos todas y cada una de las acciones llevadas a cabo en ese camino esta última legislatura.

Es cierto que el duelo requiere, en muchos casos, de una primera fase de negación y que uno puede necesitar un tiempo para aceptar su derrota pero, superada esta evolución, quizá estas fuerzas que son incapaces de alcanzar una mayoría de investidura, deberían plantearse su estrategia de confrontación y su visión de la España más plural. Llevan casi una década sin conseguir formar sólidas mayorías tras unas elecciones generales que les permitan gobernar una legislatura entera. Quizá, tras cinco elecciones generales en las que no han encontrado ni mayorías absolutas ni aliados estables para acabar la legislatura, deberían aceptar la derrota y replantearse probar una política responsable para con las instituciones, moderada y sin descalificaciones que quizá les otorgue mejores resultados en el futuro.

En ese sentido, que el gobierno trabaje en su reelección no impide que cualquier partido pueda escuchar al resto de actores políticos, como reclama algún líder de un partido político pareciendo que alguien se lo negase. Lo que no podrá es mediante soflamas genéricas pretender obligarles a sentarse con ellos cuando decida unilateralmente después de haberlos despreciado, en el sentido más literal de la palabra, no sólo durante la campaña sino durante los últimos años ni, en menor medida, obligar a una mayoría (superior al 50% de votantes si finalmente se conforma el acuerdo de las fuerzas políticas necesarias para la investidura de Pedro Sánchez con el concurso de Junts) a apoyar a otros bloques con menor respaldo electoral que, evidentemente, disponiendo de menos votos no podrán ser nunca mayorías -por mucho que lo repitan-. Y, si finalmente concurre el acuerdo necesario del bloque de investidura actual con Junts para mantener las políticas de progreso actuales, no podrán acusar a este gobierno de no gobernar para todos los ciudadanos, incluyendo las minorías que no han integrado ese bloque de partidos de la investidura, pues tanto el amplio reconocimiento de derechos como los soportes y ayudas ofrecidos a la ciudadanía en esta última legislatura durante los momentos más difíciles fueron políticas que pretendieron, a diferencia de lo ocurrido en otras legislaturas y de las políticas defendidas, y aplicadas en épocas pasadas, por otras fuerzas políticas, alcanzar a toda la ciudadanía sin dejar a nadie atrás.

Tiene el gobierno a su favor para lograrlo no solo el haber de su acercamiento a las fuerzas nacionalistas durante la anterior legislatura para integrar a la España más plural y solventar con cierto éxito una situación insostenible en Cataluña, que heredó del anterior gobierno, sino también que sus políticas y su talante han sido completamente distintos con el nacionalismo y Cataluña a los del otro bloque durante este tiempo. Tanto que Junts ha coincidido con esta última mayoría de gobierno en muchas votaciones de leyes sociales hasta tal punto que hoy esa fuerza política tendría difícil justificar ante su electorado y ante la sociedad catalana un fracaso a la investidura causado por su negativa. Primero porque, si uno mira los datos brutos (sin cocina) del CIS preelectoral, es fácil observar que el electorado de este partido catalán se autopercibe mayoritariamente en el centro-izquierda (en una escala de izquierda a derecha que va de 1 a 10 y que, por tanto, tiene el centro aritmético en el 5,5 casi 7 de cada 10 de sus votantes se ubican en la izquierda y centro-izquierda por debajo de dicha cifra y hasta casi 8,5 de cada 10 votantes si consideramos los incluidos en el 6 que sería el centro moderado, pues en la derecha por encima del 6, entre el 7 y hasta el 10, solo está aproximadamente 1,5 de cada 10 votantes de esta formación). Segundo porque, cuando se preguntaba a los votantes de Junts qué partido preferían que ganase, acorde a esa ideología los mismos votantes de este partido preferían que ganase el PSOE (31,3%) a que lo hiciese su propia fuerza política elegida (31,3%) pero en ambos casos es casi diez veces más a que lo hiciese el Partido Popular (3,5%). En tercer lugar porque, cuando se preguntaba por la valoración del presidenciable Pedro Sánchez, 6 de cada 10 votantes de Junts aprobaban su gestión en esos datos brutos del CIS Preelectoral por encima del 5. Y cuarto, en relación con estos datos, porque casi 6 de cada 10 votantes de Junts manifestaban preferir un gobierno encabezado por PSOE o Sumar (de cada 10 votantes de Junts que se manifestaban con preferencias de algún gobierno encabezado por alguna de las 4 fuerzas nacionales, 9 de ellos optaban por PSOE o Sumar frente a solo 1 que lo hacía por PP o Vox) y ello frente a solo un 1,4 de cada 10 votantes de esta fuerza que optaba por inclinarse por no preferir el gobierno de ninguno (lo que podría interpretarse como la opción más cercana al bloqueo, aunque evidentemente esta opción incluye muchas más preferencias por lo que el número de votantes a favor del bloqueo probablemente todavía pueda ser menor). Y, finalmente, porque si uno ve la pugna de voto de esta formación política nacionalista la mayoría de voto lo disputa con PSC-PSOE, Sumar o ERC, todas ellas formaciones que apoyan el bloque de la investidura y perdería cualquier posibilidad de acercamiento a esos votantes si bloquea un gobierno de progreso que, como es claro, es la solución que desean.

Evidentemente ante ese electorado el relato adquirirá especial importancia pero no puede Junts obviar que con estos datos facilitar un gobierno de PP y Vox bien por su abstención en esta legislatura o por ser causa de una repetición electoral derivada de su negativa a facilitar un gobierno, le ubicaría también muy lejos de sus votantes pudiendo quedar como causante de una situación no deseada por los mismos, lo que también ha manifestado en cierta forma algún dirigente y expresidente catalán del espacio que ocupa esa formación, acorde a lo que se percibe entre sus electores, pudiendo suponerle un más que importante coste electoral a un año de las elecciones europeas -en cuyos últimos comicios concurrió Puigdemont- o año y medio de las catalanas, porque salirse del voto a favor lo ubicaría no solo lejos de las preferencias de sus electores sino al margen de todo el resto del nacionalismo gallego, valenciano (dentro de sumar), vasco y catalán. Por ello el consejo de este dirigente y expresidente catalán es de especial importancia toda vez que insistir hoy en las posiciones de intransigencia, manifestadas en cuanto a amnistía o autodeterminación, solo pueden complicar el relato que tendrá que ofrecer a sus votantes el día de mañana al apoyar el gobierno de coalición progresista si no quiere separarse de las preferencias mayoritarias de los mismos cuando, además, apoyando las políticas de este gobierno puede obtener de ahí un relato de éxitos salidos de la negociación a lo largo de toda la legislatura (algunas peticiones como la modificación de la ley mordaza, la subida del salario mínimo o inquietudes en torno a la justicia son directamente comunes con este gobierno y otras, como la financiación y algunas cuestiones de reparto de competencias perfectamente negociables).

Es incluso posible que tras haber asumido ya en la anterior legislatura los indultos y la derogación de la sedición, esas acertadas  decisiones le permitan al gobierno ofrecer ahora efectos vendibles para estas otras partes en su relato parcialmente como una “amnistía” si el Tribunal Constitucional acaba sentenciando que la malversación cometida por la organización de la votación fuese incardinable en el inciso final del renovado artículo 433 del Código Penal, como parece que así han planteado en su recurso de amparo los ya condenados, pues aquellos que quedasen ya solo procesados por esa modalidad de malversación no agravada y desobediencia podrían tener un juicio que les permita no quedar ante la sociedad catalana en mucho peor lugar que otros dirigentes nacionalistas que sí fueron juzgados y condenados, pero incluso quizá sin necesidad del paso por prisión y pudiendo ser posteriormente indultados. Y aunque quizá no sea posible ofrecer una autodeterminación sí podría ser posible, como solicita el PNV, una legislatura que suponga un marco de trabajo para definir la España territorial de los próximos 20 años incluyendo temas como la financiación autonómica (con algunos aspectos de interés para Cataluña que ya han sido planteados estos días) que incluya éxitos a sumar en su relato.

Y, si valientes han de ser sus socios para permitir una investidura, también lo deberá ser el gobierno en esta legislatura especialmente si durante la misma frente al ejecutivo legítimo investido por los representantes de más de la mitad de la población se opone el bloqueo en algunas instituciones. Una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para agilizar los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (incluso reconsiderar la viabilidad de la reforma propuesta por Unidas Podemos en la anterior legislatura para renovar parte de sus miembros, aunque luego la interpretación del Tribunal Constitucional pueda ser distinta y ser declarada inconstitucional a futuro, pero pudiendo haber permitido salvar el actual bloqueo) o de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General dentro del marco constitucional que, por ejemplo, modifique el número de diputados (entre 300 y 400) en el Congreso para evitar que en la próxima legislatura exista una desproporción tan grande entre los escaños obtenidos entre distintas formaciones con parecido número de votantes e incluso que permita solo uno o dos votos por elector en el senado, en lugar de tres por cada ciudadano (pues la constitución solo impone que se elegirán 4 senadores por provincia), pudiendo permitir diferentes mayorías que acerquen mucho más la proporcionalidad de los representantes a los resultados e impidan ningún bloqueo institucional toda vez que, seguido a la modificación de la LOREG, también sería posible al presidente del gobierno disolver solo el Senado, incluso aprovechando la convocatoria de otras elecciones como las próximas europeas, para aplicar el nuevo sistema electoral con los nuevos senadores sin necesidad de disolver el congreso. Además, esto podría llegar a impedir que, llegado el momento de realizar nombramientos en otros órganos por esa cámara, pueda llegar a existir tras las designaciones de senadores por las comunidades autónomas una mayoría cualificada suficiente para aprobarlos sin concurso de los partidos que integran el gobierno y, con ello, sin el concurso de una importante parte de la sociedad española consecuencia de la falta de proporcionalidad del sistema electoral actual.

En definitiva es tiempo de sensatez y valentía por parte de todos los partidos que se enmarcan en posturas ajenas al retroceso en derechos para, abandonando posturas rígidas –de todos-, permitir una continuidad del actual Gobierno de coalición que con una legislatura por delante y conociendo lo que ya ha pasado, solucione con realismo, pragmatismo y decisión firme y valiente, los problemas de nuestro Estado, incluido el encaje de Cataluña, respondiendo al interés general de las personas que vivimos en el mismo, y sin temor a esa casta centralista a la que se refería ya hace algún tiempo un político vasco, en un lucido artículo, diferenciándola con pleno acierto de ese Madrid que instrumentalizan. Por ello, nuestra petición es clara y simple: No nos defraudéis, es la propia convivencia lo que está en juego.

Carlos L. Alfonso es catedrático de universidad jubilado y ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia.

Carlos M. Alfonso es licenciado en Derecho y en Ciencia Política y de la Administración, politólogo y funcionario en la Administración General del Estado.