La oposición togada

Los últimos años han estado marcados por una creciente judicialización de la política española. Las investigaciones dirigidas contra familiares, colaboradores y personas próximas al presidente del Gobierno han alimentado la percepción de que determinados procesos judiciales trascienden la búsqueda de responsabilidades penales para convertirse en un escenario alternativo de disputa política. Cuando las acusaciones se sostienen tanto tiempo sin que afloren pruebas concluyentes capaces de respaldar los relatos iniciales, la sospecha de una estrategia de desgaste institucional se extiende inevitablemente sobre la opinión pública, la frase de “el que pueda hacer, que haga” cobra sentido. En una democracia madura, los tribunales deben ser un espacio de garantía jurídica, no un sustituto de las urnas. Cuando la confrontación política se desplaza de los parlamentos a los juzgados, el riesgo no es solo para quienes son investigados, sino para la confianza de la ciudadanía en las propias instituciones del Estado. Y quizá lo más inquietante no sea el sino de los acusados, sino el desánimo de una sociedad que contempla cómo la sospecha permanente sustituye al debate democrático y cómo el ruido de los procesos acaba ahogando la voz de la Democracia.