El “Protocolo Bancario” y la necesidad de movilizarnos contra la exclusión financiera

“Tengo casi 80 años y me entristece mucho ver que los bancos se han olvidado de las personas mayores como yo…”

Así comienza la carta de Carlos San Juan que, con más de 600.000 firmas de apoyo, denuncia los problemas que provoca la nefasta gestión de la banca privada de este Reino de unos servicios que, no lo olvidemos, son imprescindibles en la sociedad actual.

Y, ¡¡victoria!!, los bancos, a bombo y platillo mediático, se comprometen casi de inmediato a pasar a la acción. Diez medidas para ser exactos. ¡¡Diez!! Y con el pomposo nombre de “Protocolo Bancario para la inclusión financiera de las personas mayores”. Y quedó bien firmado, nada menos que por el Ministerio de Economía, el Banco de España y las tres patronales bancarias (AEB, CECA y Unacc). (1)

Pero claro, si nos vamos al “articulado” del protocolo (lo podemos ver en este enlace) pues, en fin, vemos que básicamente se trata de una vuelta al horario presencial de 9 a 14 horas. y ofrecer una atención telefónica “preferente” y personal a las personas mayores. El resto, incluido el supuesto órgano de control, ese “Observatorio de Inclusión Financiera” (creado por las propias entidades bancarias privadas a controlar), parecen “un canto al sol” y que se pusieron porque es bonito decir que no hay una ni dos , sino diez, Diez!! medidas.

Recordemos que las organizaciones que representan a los pensionistas, como Modepen (Movemento pola Defensa das Pensións e os Servizos Públicos) en Galicia, llevan tiempo luchando por estas y otras reivindicaciones contra la banca. Por ejemplo este escrito presentado al concello da Coruña por Modepen el 8 de abril de 2021 o con esta concentración de Modepen Ferrol el 14 de mayo de ese mismo año.

Porque ya desde hace tiempo se aprecia un continuo deterioro de los servicios que presta la banca privada, prácticamente desde que consiguieron esa gran victoria contra todos nosotros en la anterior crisis económica (¿ya se acabó?), cuando terminaron con la competición de los Cajas de Ahorros y se les dejó fusionarse hasta que fueran tan grandes que no pudieran caer, porque de caen tendremos que rescatarlas entre todos para que no nos arrastren, a todos, en su ruina, mientras están ganando dinero “por encima de sus posibilidades”, como es bien sabido, gracias a unos mayores depósitos sin olvidar su creciente oligopolización.

Hay que tener en cuenta que la banca presta servicios públicos que deben ser definidos y defendidos como tales. Porque, aunque constantemente nos dicen que los servicios financieros son servicios privados, la realidad es que muchos de estos servicios son obligatorios. Por ejemplo, y en especial, los siguientes: Depósito de dinero, Retirada de efectivo y Domiciliación de recibos y Pago de impuestos, que por tanto deben ser considerados como servicios públicos.

Servicios públicos que hay que prestar desde una banca pública, pero hasta que no se restablezca una en este Estado (como de hecho hay en Estados de nuestro entorno) creo que deberían prestarse personalmente y a precio justo o gratuito, porque si en la práctica es un servicio de recepción obligatorio no es razonable que paguemos más los que menos tenemos, como está pasando.

Y, como mínimo, es necesario facilitar la tramitación de la Cuenta Básica para que conseguirla no sea una carrera de obstáculos burocráticos. Algo a lo que los bancos se resisten como demuestra, po la vía de los hechos la necesidad de crear oficinas para ayudar a tramitarlas como, por ejemplo, esta de A Coruña.

Por eso siguen y seguirán las movilizaciones a las que están convocadas las personas mayores y también las no mayores. Porque aún es necesario alcanzar objetivos como los siguientes:

- Atención personal presencial, sin cita previa, sin colas (y en su caso habilitar “sala de espera” en los días de mayor afluencia) y con ayuda eficaz con medios digitales a quien lo necesite.

- La recuperación de las prestaciones obligatorias ya mencionadas en todos los ayuntamientos que se han quedado sin ellas en los últimos años, lo que se puede hacer habilitando por la Administración medios alternativos que les permitan realizarlas (a través de convenios con Correos, por ejemplo).

- Regular por ley las comisiones bancarias para evitar que sean abusivas o que tenga que pagar más quien menos tiene, al menos hasta que no se cree la mencionada banca pública.

- Actuación de las administraciones públicas, incluidos los ayuntamientos, en defensa de los afectados por la progresiva exclusión financiera (Oficinas de Consumo, Apoyo a trámites como el de la Cuenta Básica del que hablaba antes, Regulación de las Comisiones para que no sean abusivas. Exigencia a los bancos de criterios éticos y de responsabilidad social para contratar con la administración…)

-Y, obviamente, la creación de una banca pública (reivindicación para la que ya existe una plataforma) que preste, repito, esos servicios que deben ser públicos por ser obligatorios. No pretendo determinar aquí cómo puede crearse esta banca pública, pero hay formas (el ICO como más probable, Correos a través de convenios con el estado...)

Tampoco hablo de un problema exclusivo de los mayores aunque ellos lo visibilizasen, pensemos en los autónomos, los jóvenes, la población rural o cualquier persona empobrecida o que simplemente tenga poca capacidad de ahorro, o carezca de medios o conocimientos digitales… Por eso creo que se debe formar un movimiento unitario a favor de la reivindicación común de una banca pública.

Como decía al principio de este escrito, la banca está haciendo un mínimo lavado de cara (el “protocolo”) y espero (es un decir) que la obligación introducida por la enmienda transaccional en el Senado dando un plazo de tres meses al Gobierno para que legisle contra la exclusión financiera de las personas mayores no se quede en mera propaganda.

Lo que sí sabemos con certeza es que las medidas dependerán de nuestra movilización.